MURCIA (EFE). La sexta sesión del juicio por el 'Caso Auditorio' se reanudó este lunes en la sala de la Audiencia Provincial con la declaración de tres testigos, quienes están obligados a decir la verdad. El proceso tiene en el banquillo al expresidente Pedro Antonio Sánchez (PAS) -y otros tres acusados- por dos presuntos delitos de fraude y prevaricación continuada, cuyas penas ascienden a dos años y medio de prisión, además de 19 años de inhabilitación para empleo y cargo público.
El aparejador que intervino como director técnico en las obras de construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras, Francisco de Asís Pérez, arquitecto técnico que redactó el plan de seguridad y salud, defendió que no hubo sobrecostes y que todo el presupuesto se invirtió en el mismo. Fuentes de la Agencia Efe informan de que el testigo ha explicado que los metros finalmente construidos a partir del proyecto modificado fueron un poco superiores a los contenidos en el original, para añadir que se tuvo que recurrir a aquel para recoger lo realmente ejecutado.
También ha indicado que ese proyecto modificado fue preciso redactarlo al haber sobrevenido causas imprevistas, como la necesidad de retranqueo del edificio al existir un vial no previsto inicialmente y para realizar un estudio geotécnico, ya que aquel con el que se contaba -llevado a cabo sobre otro proyecto- no servía, debido a la heterogeneidad del terreno.
El testigo ha recalcado en varias ocasiones que el presupuesto se invirtió en su totalidad en las obras del Auditorio y que lo certificado fue fiel reflejo de lo realmente construido. A preguntas del fiscal, ha negado, como sostiene éste en su escrito de acusación, que aquel modificado fuera un "subterfugio" para enmendar los excesos de certificación realizados y poder documentar como obra recepcionada y terminada una obra que estaba aún en construcción.
Cabe tener en cuenta que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, presidida por el juez Juan del Olmo, juzga presuntas irregularidades en la adjudicación y la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras durante la etapa en la que PAS fue alcalde (fue primer edil entre 2003 y 2013, antes de su salto a la Comunidad, que presidió entre 2015 y 2017). Aquella fue una de las causas que acabarían precipitando su salida de la política.
El expresidente se enfrenta a dos años y medio de prisión por presunto fraude y prevaricación continuada, después que, en la primera sesión del juicio, la Fiscalía retirara el delito de fraude de subvenciones (que acarreaba dos años de cárcel y una multa de seis millones de euros). Cabe recordar que, además del exalcalde, hay otros tres procesados: el arquitecto del proyecto, Martín Lejarraga; la secretaria municipal, Caridad García Vidal, y el responsable de la empresa constructora Ecisa, Vicente Gimeno.
Además del aparejador, esta vista oral ha contado con la presencia, como testigo, de una arquitecta que, junto con su hermano (son socios), concurrieron al concurso de ideas promovido por el ayuntamiento para adjudicar el proyecto constructivo. La testigo, Consuelo Díaz, ha dicho que el plazo de quince días con el que se contaba para participar en la convocatoria podía ser considerado escaso, pero que el mismo no era inusual en concursos promovidos por las administraciones públicas.
En este caso concreto su participación en la convocatoria no supuso un problema de falta de tiempo, ya que partieron del trabajo fin de carrera de su hermano, que precisamente trataba sobre el proyecto de construcción de un auditorio.
Otro de los intervinientes en esta nueva sesión ha sido el exdecano del Colegio de Arquitectos de Murcia Francisco Camino, quien ha explicado que esta organización presentó un recurso contencioso contra la convocatoria del concurso de proyectos al considerar que el plazo de quince días para la presentación era escaso, máxime si se tiene en cuenta que se hizo en fechas navideñas. Además, aseguró que durante la instrucción judicial de este caso estuvo en el Auditorio, aunque no llegó a entrar en su interior, para añadir que el mismo no estaba acabado.
A preguntas del letrado del arquitecto autor del proyecto, Martín Lejarraga, ha comentado que la relación con el anterior fiscal superior, Manuel López Bernal, impulsor del ejercicio de la acción penal contra los acusados, fue siempre institucional, como lo había sido en otros casos en los que la Fiscalía había pedido asesoramiento al citado Colegio profesional.
La vista oral continuará el 14 de noviembre con la declaración de nuevos testigos. El proceso judicial está previsto que concluya el 29 de noviembre, con un total de 15 sesiones. Participarán unos 40 testigos y una decena de peritos.