Economía, derecho y política

MURCIA. Hace solo unos días hemos conocido los nombres de los 22 nuevos ministros del segundo macro-Gobierno de coalición de nuestra democracia.

En enero de 2020, pocos días antes de que se constituyera el primero de estos Gobiernos de coalición, escribí en esta misma cabecera un artículo titulado 'Guarda tus gallinas, que viene el PCE' en el que, valiéndome del recuerdo de una pintada que leí en un pueblo castellano, expresaba mis serias dudas sobre el futuro económico que se nos presentaba si el árbitro de las decisiones económicas de este país iba a ser un partido o coalición de partidos herederos del PCE.

Quizá para algunos lectores más jóvenes debo aclarar que el PCE es el Partido Comunista de España, partido emblemático de la extrema izquierda española durante la transición, y hoy integrado en la coalición Sumar.

Y quizá conviene traer aquí -desde luego viene como anillo al dedo- ese refrán español que dice que "aunque la mona se vista de seda, mona se queda…"

He hecho esta introducción porque voy a hablar de economía, pero como cualquier otro aspecto de nuestra vida o de nuestra sociedad, la economía no es algo aislado sobre lo que se pueda actuar sin que cada decisión tenga sus consecuencias, y no sólo económicas.

"¿se está reconociendo la libertad de empresa o hace años que se ataca una y otra vez a las empresas?"

Y si he titulado 'Economía, Derecho y Política' es porque éste suele ser el orden en el que nos afecta la realidad económica. Lo primero que "notamos" es qué letra de la hipoteca nos sube -digamos- 150 euros al mes, qué aumenta lo que pagamos por IRPF o que los precios de muchos alimentos se multiplican. Y en ese momento, ¿qué más me da a mí el Derecho? ¿en qué me afecta? Y de la política, ni hablamos: me podrá enervar más o menos que alguien huído en el maletero de un coche quizá vuelva a España con escolta y convertido en el personaje que determina toda la política nacional, pero eso ni reduce el importe de mi hipoteca, ni hace que pague menos impuestos, ni determina el precio de los alimentos.

La economía -las consecuencias económicas- es por tanto lo primero que nos "llega". Pero a poco que uno estudie, o simplemente aplique el sentido común, ese problema nos afecta por unas causas que son anteriores. Y es precisamente en esas causas donde -en la medida de lo posible- hay que actuar para intentar resolver cada problema económico.

Por poner algún ejemplo: sabemos cómo la guerra entre Rusia y Ucrania (ambos países son grandes productores de cereal) influyó y puede seguir influyendo en el precio del trigo, o en el precio del gas del que tanto dependen nuestras economías. O lo que supuso que uno de los mayores buques portacontenedores bloqueara el Canal de Suez durante una semana en 2021, poniendo en jaque el 10% del comercio marítimo mundial durante casi una semana. Son causas sobrevenidas que al final nos afectan.

Pero la economía tiene sus normas de funcionamiento conocidas y, junto con esas causas absolutamente fuera de nuestro control, las decisiones de los distintos agentes económicos sí determinan unas consecuencias u otras. Y hoy en día (a veces desgraciadamente) el principal agente económico en muchos países es el Gobierno.

En este sentido, el orden en que se "gestan" muchas de las consecuencias económicas que nos "llegan" es el inverso. Antes de que a las personas nos afecte algún aspecto económico, ha habido una decisión política y -en muchos casos- también una Ley u otro instrumento jurídico (Decreto Ley, Reglamento, etc.) que ha sido su cauce de implantación.

Y las decisiones políticas no son económicamente neutras. Es más, diría que casi cualquier decisión política va a tener consecuencias económicas para los ciudadanos, consecuencias que podrán ser favorables o desfavorables.

Hago un inciso para citar dos artículos de nuestra Carta Magna que se refieren a aspectos de la economía, y que me parece vienen al caso. Son los siguientes:

• Artículo 38: Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
• Artículo 40: Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica.

"el comunismo NUNCA ha creído en la libertad, aunque se vista de seda"

Sólo considerando estos dos artículos podríamos plantearnos muchas reflexiones: ¿en las decisiones políticas, se está reconociendo la libertad de empresa o hace años que se ataca una y otra vez a las empresas, que -por otro lado- son las verdaderas generadoras de empleo y riqueza en una sociedad? ¿Se promueve la distribución de la renta regional equitativa o se está dando y se va a dar más precisamente a los que más tienen y más gastan? ¿Y la renta personal se está distribuyendo equitativamente o con la política económica de los últimos años se está reduciendo la clase media y sin embargo los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos?

Pero me quiero centrar en cómo cualquier agente económico, y por eso también el Gobierno, debe respetar la economía de mercado. De lo contrario, sus decisiones serán de estricta ideología política -no económicas-, y siempre contrarias al interés de los ciudadanos.

Y con esto no quiero decir que el mercado sea algo perfecto. Siempre habrá aspectos de necesaria regulación para corregir sus defectos, que los tiene. Pero invariablemente hay que hacerlo en el marco de la libertad de empresa. Y cuando se olvida esto (el comunismo NUNCA ha creído en la libertad, aunque se vista de seda…) las consecuencias son SIEMPRE negativas.

Podría poner muchos ejemplos de decisiones estrictamente ideológicas tomadas durante la anterior legislatura, y que demuestran cómo las decisiones que no respetan la economía de mercado son siempre nocivas para los ciudadanos, pero por no alargarme. Sólo voy a citar la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Esta ley fue fruto de un acuerdo político que trataba de poner solución o al menos mejorar el problema de la vivienda en España; y más en concreto al problema del alquiler. Pero con una profunda carga ideológica marcada entonces por Podemos.

Como novedades, los principales objetivos de esta ley eran:

• Poner límite al precio del alquiler.
• Una nueva definición de la figura de los grandes propietarios.
• Elevar la protección en torno a los desahucios de personas en situaciones de vulnerabilidad.

Pues bien, solo cinco meses después de su entrada en vigor, los resultados son:

• La oferta de alquiler habitual en España ha descendido un 30,57%
• La demanda de inmuebles de alquiler de larga estancia en cinco meses ha aumentado un 11,01%
• Los precios del alquiler han subido un 9,2% de media en los últimos 12 meses

No hacía falta ser un genio de la economía para esperar estos resultados, cuando:

• Esa pretensión de limitar el precio del alquiler se hace justo en un momento en que los tipos de interés están al alza (¡en números redondos 5 puntos en un año!) y muchos propietarios de inmuebles pueden estar pagando esas inversiones.
• A nadie le gusta que le digan cómo tiene que hacer las cosas o a qué precio. Es algo contra lo que tanto individual como colectivamente solemos rebelarnos, porque estamos acostumbrados a ser libres.
• En la sociedad, cada vez es mayor el sentimiento de que el delincuente (en este caso al okupa) tiene más protección que el ciudadano honrado. ¿Y quién se la "juega" en estas condiciones a alquilar?

La demagogia puede funcionar -y tristemente parece que funciona- en política, pero desde luego JAMÁS funciona en economía. Porque la economía tiene sus reglas, y hay que conocerlas para que las medidas alcancen sus objetivos.

Por eso, cuando en el pacto entre el PSOE y Sumar para esta legislatura se apuesta por ejemplo por:

• Reducir la ya baja tasa de productividad española en un 6,25% (eso es reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales)
• "Aumentar el parque público de vivienda para alquiler asequible a través de una decidida y ambiciosa política de inversión pública a medio y largo plazo, para elevar su peso hasta el 20% del parque total de vivienda", cuando actualmente es del 2,5% y en la UE solo en Países Bajos, Austria y  Dinamarca está por encima del 20%

Cualquier economista sabe que son brindis al sol. Y que no lo pagarán las grandes fortunas, sino los que siempre a lo largo de la historia han pagado las ocurrencias de la economía comunista…

Y eso que los economistas somos más de dar explicaciones a posteriori (cuando ya ha ocurrido la catástrofe) que de hacer vaticinios. Pero esto, por desgracia, no es un vaticinio sino la constatación de lo que ha ocurrido en tantísimas ocasiones.

Javier Giner Almendral 

Economista