¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está

La Justicia tiene su propia representación alegórica. Esta se ha inmortalizado a través de una mujer con los ojos vendados (la imparcialidad). No permanece inmóvil. Su mano izquierda alza una balanza a la altura de sus ojos (sopesa razones y hechos). La derecha aferra una espada (el cumplimiento de lo juzgado). Es la imagen que todo jurista tiene desde la Antigüedad. Pero esa imagen incandescente que sopesa alegaciones y pruebas, que es ejemplo de equidad y no de arbitrariedad, que es garante de lo juzgado y del bien público hace tiempo que solo es un recuerdo amable de lo que en su día fue la Justicia. La política más aviesa y más arribista se ha encargado de forjarla de nuevo para que esta se acomode a los dictados del nuevo Robespierre, de un presidente que, en un alarde de sinceridad, se atrevió a decir lo que piensa: "¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está". Para un vez que es sincero degrada la vida institucional hasta límites insospechados. No solo la degrada, la vacía de contenido. 

"como diría saramago, La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva"

No exageramos. Basta recordar el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que sigue en vigor, aunque este Gobierno no se dé por aludido: "Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, carece de Constitución". A estas alturas de la vida nos enteramos de que el reino de España carece de Constitución, o mejor dicho, que la Constitución es Pedro Sánchez y su fiscal general, García Ortiz, "un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo". El Poder lo exige. El Poder es Sánchez. La Ley es Sánchez. La Justicia es Sánchez. La división de poderes es Sánchez. La política es Sánchez. España es Sánchez. Él es la verdad, el progreso y la concordia. ¡Alabado sea por siempre!, gritan los corifeos. No nos hallarán entre ellos. Pero como no ansiamos cargos ni poder alguno, no tenemos temor a la represalia, seguramente porque conocemos, con Saramago, que: "La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva". Ni siquiera para el hombre que jamás miente. Solo cambia de opinión. Lo hace mañana, tarde y noche. Todo un ejercicio de funambulismo que es digno de admiración, porque no es nada sencillo convivir con Mr. Hyde y salir airoso.

Que España era una democracia menguante, lo sabíamos desde hace tiempo. Que la división de poderes estaba herida, también. Que el fiscal general no está para perseguir a golpistas y fugados, no nos cabe duda. Pero nos quedaba la esperanza de que habían líneas rojas que ningún gobierno se atrevería a traspasar. La línea más importante: la unidad de España. No solo la territorial, sino la política y jurídica. La que permite la solidaridad y la igualdad entre todos los españoles. Una bandera que la izquierda ha enarbolado desde hace décadas con la absurda y pusilánime aquiescencia de una derecha siempre deseosa de congratularse con quienes les deprecian. Pero esa bandera hace tiempo, demasiado, que se les ha caído de las manos. Ya no les importa ni la igualdad ni la solidaridad. Solo el poder. El poder al precio que sea. Ese precio no es otro que España y la desintegración de sus instituciones más sagradas. Un prófugo de la justicia lo exige, y el presidente de la nación más antigua de Europa lo acata sumisamente. 

Seguramente algún lector pensará que exagero. Entiendo que no. Vayamos a los hechos. Afortunadamente, estos no son como nuestro efebo presidente: no mienten, señalan. Si releemos el Pacto firmado por el partido de Sánchez (creo que se le llamaba PSOE) y Junts (otrora 3%) encontramos joyas como: "La Ley de Amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato […] se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas". Por sangrante que nos parezca, lo escrito permanece, y lo escrito se cumple. ¿Qué nos dice? Primero: que sin la Amnistía no hay ni normalidad política, ni institucional ni social. Segundo: que sin ella no puede haber futuro. Tercero: que para que haya normalidad y futuro los jueces y sus sentencias están bajo sospecha. ¡Con un par!

Tomo aliento. Dejo que mi resentido corazón lata más despacio. Y vuelvo a la hoja en blanco para preguntarle al efebo: ¿el pueblo español, en el que está incluido el catalán, no pinta nada? ¿El Código penal, que tiene carácter de Ley Orgánica, es papel en mojado? ¿El poder judicial ha dejado de ser un poder para convertirse en un títere de su Majestad? ¿Pueden unos condenados de la Justicia marcar el destino de un país? ¿Tiene sentido que unos prófugos puedan, impunemente, señalar y denigrar a los jueces? ¿En qué lugar queda el amparo al poder judicial? ¿En qué lugar queda la dignidad de los españoles y de todo un país cuando el gobierno recurre a mediadores internacionales, como si esto fuera un conflicto bélico? ¿Por qué tenemos que aceptar que el País Vasco, Navarra o Cataluña sea una "singularidad" cuando lo que reclaman es solo un privilegio, como lo es el concierto vasco? ¿No les basta con haber sido las regiones favorecidas durante el franquismo? ¿No les avergüenza a los chicos de Sánchez que en ese pacto Junts proclame, sin rubor alguno: "Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017"? ¿Le parece lícito tener como socios preferentes a quienes consideran legítimo el referéndum del 1 de octubre? Se lo parece porque ha asumido las palabras de Nicolás Maquiavelo: "No intentes ganar por la fuerza lo que puedes ganar con la mentira". Y la mentira es su mejor arma. La que más y mejor usa. Lo trágico es que el precio a pagar es muy alto: es España.

Ahora comprenderá el lector la afirmación de Alfonso Guerra: "No tiene precedentes que quienes redacten la amnistía sean los propios delincuentes", motivo por el que "La democracia española ha descendido varios peldaños". (27/1/24) ¡Si solo fueran varios! También entenderá las palabras de Page, cuando sostiene que el PSOE está en "el extrarradio de la Constitución" (24/1/24). Lo está porque el gobierno en lugar de perseguir a estos prófugos de la justicia, los ampara. Lo está porque los socios de Sánchez atacan a jueces con nombres y apellidos, y no solo desde los medios de comunicación, sino desde la tribuna del Congreso, donde cuenta con el beneplácito de la simpar Armengol. Baste un ejemplo. Cabe recordar cómo fueron señalados los magistrados García-Castellón y Joaquín Aguirre por la causa abierta por el Tsunami Democràtic y por la trama rusa del 1-0 del caso Volho. ¿Qué hizo la presidenta cuando Noguera les recordó: “Hoy van a por nosotros, pero mañana pueden ser ustedes”? Callar ¿Qué hizo cuando Gerardo Pisarello (Sumar) dijo de García-Castellón: “Merece ser acusado de prevaricación o directamente recusado […] Con jueces de partido dispuestos a todo no hay seguridad jurídica posible”? Sonreír plácidamente. Sus palabras no fueron suprimidas del Acta de Sesiones (si las hubieran dicho otros…).

Cabe recordar que estos jueces, a los que respeto y admiro por su integridad y su valentía, solo han cumplido con un deber sagrado: velar por la seguridad nacional e investigar unos hechos que son o pueden ser constitutivos de delito, incluido el de terrorismo. Pero como al héroe invicto de Waterloo, Puigdemont, no le basta con pedir una "amnistía sin fisuras", ni con que se acuse a "los golpista de la toga" de querer subvertir la legalidad constitucional ("manda h…..", que diría Trillo), exige al Gobierno que no tipifique como terrorismo los actos criminales de los CDR, que no son precisamente uno chicos que bailan, amigablemente, sardanas delante de la catedral de Barcelona, todo lo contrario. No en vano, la Fiscalía les pedía 27 años de prisión por los delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables o de sus componentes, de carácter terrorista; así como estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. Intentaron volar un tren en marcha. Para los medios del régimen: chiquilladas. Lógicamente, estos hermanos franciscanos no pueden ser tenidos por terroristas, o al menos han de ser considerados dentro de la categoría de los terroristas buenos, porque estos solo intentan volar un tren en marcha o abrir la cabeza a un policía. Poca cosa. ¿Qué es el terrorismo bueno? El que fijen los terroristas, los delincuentes o los fugados. Lo inverosímil hecho realidad.

Visto el panorama patrio, me viene a la mente las palabras que Max Weber escribiera en sus Ensayos: "En una democracia el pueblo elige un líder en quien confía. Entonces el líder elegido dice: ‘Ahora cállate y obedéceme’. Entonces el pueblo y el partido ya no serán libres de interferir en sus asuntos". No hace falta añadir ni explicar nada más, ¿verdad? 

Todos sabemos que lo sencillo que es no mirar, no decir. Relativizarlo todo. Callar siempre. Pero cuando dejamos que las persianas sigan bajadas, debemos saber, con Borges, que "se cierne sobre el mundo una época implacable. Nosotros la forjamos, nosotros que ya somos su víctima". Víctimas de nuestra propia cobardía. Y la cobardía, tarde o temprano, se paga. Solo una esperanza nos queda. La hallamos en aquella sentencia que nos dejara Bertolt Brecht: "La victoria de la Razón sólo puede ser la victoria de los que razonan". Por soñar que no quede.

Juan Alfredo Obarrio Moreno es catedrático de Derecho Romano