MURCIA. El último informe sobre la demanda de vivienda en la Región de Murcia revela que el alquiler es, para la gran mayoría, un plan 'B' cuando no es posible comprar una vivienda. Así lo revela el estudio, que registra que un 46,7% de los que declaran vivir de alquiler tienen como principal razón no poder hacer frente al pago de una vivienda en propiedad. Es decir, la vivienda en propiedad se sitúa como la primera preferencia, siendo el alquiler un régimen de tenencia supletorio por no tener los ingresos suficientes como para afrontar un pago. Este dato se da en todos los grupos de población, aunque es más evidente para las clases sociales bajas y medio-bajas. Como segunda razón, más de la cuarta parte de la población (27%) considera que el alquiler se trata de una situación provisional o transitoria hasta que puedan comprar una vivienda. La provisionalidad en el régimen de alquiler es más fuerte entre los jóvenes de 18 a 29 años (32,7%), así como entre los que se ubican en las clases medias (31,3%), medias-altas (44,4%) y las clases altas (66,7%).
Entre los jóvenes prima como motivo el no poder hacer frente al pago de la vivienda (44,9%), mientras que en las clases medias y medias-altas, el motivo dominante es la transitoriedad. Es decir, en el primer caso, el alquiler es la única opción viable, en el segundo, el alquiler dará paso, en algún momento, a la compra en propiedad.
Históricamente, España ha sido un país en el que la propiedad de una vivienda siempre ha tenido aparejado un sentimiento de estabilidad. La Región no es ajena a este aspecto tan tradicional de la cultura social española. Aunque el modo de vida de los años noventa poco tiene que ver con el actual, la propiedad inmobiliaria sigue siendo considerada como un gran activo económico. No solo ya como inversión sino, especialmente, como activo de seguridad económica.
Un 73,4% de los ciudadanos de la Región vive en una vivienda en propiedad, mientras que el 18,3% lo hace en una vivienda alquilada. La estructura de tenencia de la Región de Murcia se muestra similar a la del conjunto del país, que cuenta con un 69,5% de ciudadanos con viviendas en propiedad y un 19% con viviendas alquiladas, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. La propiedad de una vivienda requiere de estabilidad económica, como muestra que el perfil de aquellos que viven en una vivienda de su propiedad es, principalmente, el de personas mayores de 30 años, siendo los mayores de 65 años la que cuenta con un mayor número de propietarios (85,6%). Por el contrario, aquellos que afirman residir en una vivienda alquilada son principalmente jóvenes, que suelen tener un menor nivel de renta y una mayor inestabilidad laboral.
Los efectos de la renta no solo se notan entre los menores de 30 años. Esta relación se da también en toda la población. El porcentaje de ciudadanos que viven en alquiler disminuye conforme va aumentando el salario, siendo son las clases medias, medias-altas y altas las que poseen una mayor tasa de propiedad (81% viven como propietarios), frente a las clases medias-bajas y bajas que apenas llegan al 65%, ocupando los encuestados que así se ubican hasta seis puntos más en la tasa de vivienda alquilada (24,6%).
Edad y nivel de ingresos se desvelan como claros condicionantes del régimen de propiedad de vivienda. Por último, respecto al estado civil, el número de propietarios es especialmente significativo en el caso de aquellos que se encuentran casados ya que, en comparación con el resto, únicamente el 12,3% reside en una vivienda en alquiler, mientras que entre aquellos que se encuentran en una situación diferente a la de estar casado, el 24,9% tiene su residencia habitual en una vivienda alquilada. Observamos, por tanto, una asociación entre el matrimonio y la estabilidad residencial, mientras que aquellas personas solteras o separadas tienden a experimentar en mayor medida situaciones residenciales provisionales, haciéndoles inclinarse hacia el alquiler.
