Inundaciones en Los Alcázares. Foto: ABEL F. ROSMURCIA. Las lluvias torrenciales son cada vez más frecuentes. Se ha visto en los últimos años, tanto en el plano local como de forma generalizada en la Región. Cuando se habla de inundaciones, la imagen inmediata que invade cualquier recuerdo es la Dana de septiembre de 2019. Por su agresividad, por los litros que cayeron y por los daños que dejó. Pero no es necesario remitirse a episodios tan graves en los últimos años para contar con inundaciones en distintos lugares de la Región y que también dejaron daños. La más reciente fue a principios de septiembre en Águilas donde cayeron 25 litros por metro cuadrado en media hora anegando calles y cortando distintos viales. También está las inundaciones de diciembre de 2016 en Los Alcázares con 142 litros por metro cuadrado, o en 2012 con 91 litros, y en el 2000 (112 litros). En las últimas décadas la Región también ha resistido a las inundaciones de 1989 en Cieza, 1987 en San Javier y 1982 en el norte. Ninguna de ellas como la de septiembre de hace dos años, en donde se dio la franja más extensa de territorio en la que caían entre 200 y 300 litros.
Con estos antecedentes, y con la mente puesta en septiembre de 2019, ha marcado la revisión y actualización del Plan Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI), de 2º Ciclo de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). La pasada semana finalizó el plazo de información pública en el que administraciones y colectivos podían presentar alegaciones, comentarios o aportaciones. En ese documento, una herramienta clave a modo de hoja de ruta para minimizar los daños y las consecuencias de episodios de lluvia muy adversos, la CHS ha fijado unas medidas específicas dirigidas para el Campo de Cartagena y la zona del Mar Menor.
Las medidas, de diversa naturaleza y envergadura, las protagonizan la creación de corredores verdes y espacios de almacenamiento controlado. La CHS las ha catalogado como medidas estructurales, que implican la intervención física en cauces. Se contempla entre ellas el estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental, y dado el caso, la ejecución del corredor verde para la canalización de escorrentías en la zona oeste del término municipal de Torre Pacheco y la adecuación en su tramo inferior de la rambla La Señora. El presupuesto previsto es de cinco millones de euros, siendo la administración responsable la Dirección General del Agua.
San Javier en un temporal de enero de 2020. Foto: MPEn la misma línea recoge la viabilidad económica de la ejecución del corredor verde para la canalización de escorrentías y sistemas urbanos de drenaje sostenible para la protección de la zona norte del casco urbano de Los Alcázares. La partida destinada sería de 750.000 euros. Estas mismas medidas se llevarían a cabo para las zonas centro y sur del casco urbano. En este, el presupuesto ascendería a 25 millones de euros. Otra de las medidas y cuya responsabilidad recae en el Ayuntamiento es la canalización de escorrentías de la avenida Fernando Muñoz Zambudio y aledaños, presupuestado en 6,25 millones.
La rambla de La Peraleja prevé la ejecución, si el estudio económico lo considera favorable, de tres actuaciones clave como es el corredor verde para la canalización de escorrentías, la creación de zonas de almacenamiento controlado y los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Todo esto por 300.000 euros.
En cuanto a la laminación de avenidas mediante zonas de almacenamiento controlado se contempla actuaciones en la rambla La Maraña (360.000 euros, incluyendo a los sistemas urbanos de drenaje), rambla de Cobatillas (con 9 millones que además incluiría la corrección hidrológica). Para la rambla de El Albujón o Fuente Álamo y su entorno se proyectan diversas actuaciones para la protección frente inundaciones y su restauración ambiental (600.000 euros).
Otra de las líneas son los planes de restauración hidrológico-forestal centrados en la sierra Minera de Cartagena. Se centra en cuatro ramblas: la Carrasquilla, Matildes, Beal y Ponce. En todas ellas se contempla la restauración hidrológico-forestal con el fin de reducir el riesgo de inundación. En la actualidad, a consecuencia de la actividad minera hay grandes superficies de depósitos de materiales muy erosionables, contaminados en parte, con metales pesados, concentrados también de forma elevada en los lechos de los cauces. Este escenario, entre otras consecuencias, provoca según explica la CHS, la contaminación con metales pesado al Mar Menor y aportación excesiva de material sólido.
Además del propósito de dificultar la movilización de estos materiales, las actuaciones se centran en generar e incrementar zonas inundables controladas y la restauración morfológica del cauce. En esa línea se contempla la consolidación de taludes para retener sólidos y rastrillos de gaviones para favorecer la estabilización de cauces, frenar la erosión y favorecer la implantación de vegetación. Y en materia forestal, las actuaciones recogen la eliminación de especies invasoras y exóticas, y la restauración vegetal y diversificación con especies.
Todas estas medidas que recoge el borrador de la actualización del Plan Gestión de Riesgo de Inundación se realizarán a lo largo de cinco años, a partir de 2022, una vez quede cerrado el documento definitivo tras atender las alegaciones.
