ORIHUELA. Los colectivos Amigos de Sierra Escalona, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, Asociación de Vecinos San Miguel de Salinas, Ecologistas en Acción del País Valenciano Sindicato Trabajadores de la Enseñanza (STEPV), Segura Transparente y Vega Baja Limpia ha hecho público un comunicado en el que denuncian la toma de decisiones del Consorcio de Residuos sin tener en cuenta al Consejo de Participación Ciudadana.
Lo hacen tras recibir la invitación después de cuatro meses desde la constitución de la nueva Junta de Gobierno del Consorcio, el 10 de noviembre de 2023, tras las elecciones locales del 28 de mayo de 2023. Y que se les invita después de conocer, a través de BOP de la provincia de Alicante, que el Consorcio elevó el 5 de julio de 2023 una propuesta de Convenio a la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (EMTRE) para trasladar hasta 35.000 toneladas de residuos a las dos plantas de tratamiento en Manises y Quart de Poblet en Valencia gestionadas por esa entidad, convenio que, según dicen, "se firmó por el presidente del Consorcio el pasado 13 de febrero de 2024 y que entró en vigor de forma retrospectiva, curiosamente el 1 de enero de 2024".
"Ese convenio es muy lesivo para los 27 ayuntamientos y ciudadanía de la Vega Baja, ya que no contempla una tasa diferenciada para los residuos orgánicos recogidos de forma separada, que tendrán que abonar los casi 150 euros por tonelada establecidos para la fracción resto, y que de esa forma no se incentivará a la ciudadanía para que colabore en esa imprescindible recogida separada. De nuevo nos encontramos con decisiones importantes que no han contado con la consulta y el asesoramiento del Consejo de Participación Ciudadana", denuncian.
Las entidades firmantes manifiestan su voluntad de participar y de formar parte del Consejo de Participación Ciudadana en esta legislatura para que "de verdad la gestión de los residuos generados en la Vega Baja sea sostenible y los mismos puedan recibir un tratamiento adecuado y con los menores impactos ambientales, siempre que se adopten las medidas necesarias para reducir su generación con potentes políticas de prevención en origen caminando hacia el Residuo Cero y el pago por generación".
A su juicio, el consorcio debería urgir y ayudar a los ayuntamientos en el cumplimiento de la normativa vigente. La recogida separada de la materia orgánica todavía no se ha implantado en la Vega Baja de forma generalizada a pesar de que era obligatoria desde antes del 30 de junio de 2022 para poblaciones de más de 5.000 habitantes y del 31 de diciembre de 2023 para el resto, y en donde sí se realiza, se reduce a la colocación de un contenedor más de color marrón en la vía pública, que o bien permanece vacío o se llena de impropios, como si fuera un contenedor más semejante al contenedor gris de la fracción resto, explican en su escrito.
"Los ayuntamientos tienen la obligación de aprobar Ordenanzas fiscales antes de abril de 2025 que establezcan tasas diferenciadas para los buenos comportamientos, como es la recogida separada de los residuos, y que hagan pagar el coste real de la gestión del residuo a la ciudadanía que no realiza esa recogida separada, tendiendo al pago por generación", recuerdan.
"Sin contar con la ciudadanía, la situación actual de improvisación de abuso del vertido y dejación de funciones, confiando en que las empresas privadas se hagan cargo con una gestión ineficaz e insostenible, será un camino que nos llevará al desastre más absoluto con graves afecciones a la salud y el medio ambiente", denuncian.
