CARTAGENA. Diferentes colectivos vecinales, de defensa del patrimonio, ecologistas y políticas como Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, Plataforma Pacto por el Mar Menor, Fundación Sierra Minera, Ecologistas en Acción, Anse, Greenpeace, Asociación de Vecinos Cobatillas y Unidas Podemos IU Equo han registrado alegaciones al Plan Parcial El Vivero, para que el Ayuntamiento de Cartagena proceda a suspenderlo cautelarmente y paralice el procedimiento iniciado por el Gobierno Local, "un trámite que paradójicamente se aprobó el 30 de octubre pasado, el mismo día en que decenas de miles de cartageneros se manifestaban clamando por un cambio de modelo y de gestión para salvar al Mar Menor", argumentan estas asociaciones.
En el escrito se aportan numerosos argumentos, comenzando por las consideraciones medioambientales, entre los que destacan el estado del Mar Menor, los suelos contaminados provenientes de la minería en los que se pretende edificar, las afecciones a vías pecuarias y a la recuperación del fartet, así como el impacto sobre zonas catalogadas como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y de Protección para las AVES (ZEPA).
El escrito alega una consideración de índole jurídica, que el Plan Parcial El Vivero no está vigente, ya que debe adaptarse a la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM), y que el Programa de Actuación debe someterse a una obligatoria Evaluación Ambiental. En este sentido, las alegaciones rechazan los fundamentos pretendidamente legales en los que se apoya la aprobación inicial celebrada por la Junta de Gobierno Local, y consideran el acto nulo de pleno al estar derogadas las disposiciones legales en las que se basa (el art. 104 de la Ley 04/2009 de Protección Ambiental Integrada).
Por otro lado, entienden que suspender el trámite no supone en modo alguno prevaricar, y que la alcaldesa de Cartagena se contradice al negarse a paralizar el Plan Parcial mientras suspende otros proyectos como Novo Carthago. Pilar Marcos, portavoz del grupo municipal Unidas Podemos IU Equo, ha indicado que: "Aquí se trata lisa y llanamente de voluntad política, de querer proteger el Mar Menor. La alcaldesa tiene muchas herramientas legales a su alcance para paralizar o modificar el proyecto. Podía modificarlo, no aprobarlo o suspenderlo motus propio; podía esperarse a que el Gobierno Regional definiera la moratoria urbanística aprobada en la Asamblea, e incluso puede instar a la CARM a que lo suspenda ya que el Consejo de Gobierno de la Región a propuesta del Consejero competente tiene competencias para ello y razones hay muchas, y de sobra conocidas... Sin embargo, hacen todo lo contrario: eligen darle vía a los promotores y grandes terratenientes, que lo único que buscan es consolidar derechos para obtener mayores indemnizaciones en el futuro, porque está claro que construir allí ni siquiera es su objetivo".
Respecto de lo anterior, la edil recordaba que, además de presentar las alegaciones al Ayuntamiento, los diversos colectivos y su coalición pedirán al Consejo de Gobierno de la CARM que, en base al artículo 145 de la LOTURM, suspenda el Plan Parcial, ya que dicho artículo establece que: "En casos excepcionales, el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo y a propuesta del consejero competente en materia de urbanismo, podrá suspender de manera total o parcial la vigencia de los instrumentos de planeamiento urbanístico para garantizar su adecuación a los instrumentos de ordenación del territorio, para defender otros intereses supramunicipales, o para instar la revisión de su planeamiento".
Marcos ha finalizado explicando que tanto el Mar Menor como el entorno de la albufera están viviendo una auténtica situación de excepcionalidad, lo que justifica claramente que tanto el Gobierno Local como la Comunidad Autónoma paralicen cuantos planes urbanizadores pretendan reactivarse: "Es la misma LOTURM la que habla de aplicar el principio de precaución, de pensar en las generaciones futuras, de respetar la capacidad de carga de los ecosistemas, de garantizar la gestión eficaz de nuestros recursos naturales, nuestro medio ambiente y nuestro paisaje. En este caso nadie duda de que las leyes, el sentido común y el conjunto de la ciudadanía van en la misma línea: la presión urbanística sobre el Mar Menor es insostenible, y no es posible poner ni un sólo ladrillo más".
