Miras no retira el pin parental y el ultimátum de Celaá termina: la ministra recurrirá al TSJ

MURCIA (EFE). El tiempo que dio el Gobierno de España a la Comunidad para que retire el 'pin parental' concluía este lunes, 17 de febrero, pero el Ejecutivo nacional ha concedido un día extra a la Región. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha indicado que el Gabinete murciano tiene 24 horas para "reponer la legalidad" y retirar el "pin parental" o el Gobierno pedirá al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad que lo suspenda.

El Gobierno regional ya ha dejado claro que no eliminará las autorizaciones familiares para que los alumnos acudan a actividades complementarias en los centros educativos. Esta medida se puso en marcha en septiembre -Murcia fue la primera comunidad española en implantar el 'pin'- y el Gobierno regional está elaborando un decreto para consolidar la norma.

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, asegura que tiene la "tranquilidad" de contar con avales jurídicos y de inspección para esa medida. "El Gobierno murciano tiene la tranquilidad de que las cosas se han hecho bien y con ese respaldo". En su opinión, el proceso es "es una “cortina de humo” para evitar resolver el problema catalán.

En un entrevista en La Sexta, Celaá ha calificado de "inaceptable" la respuesta del Gobierno murciano que ha anunciado que no va retirar la instrucción que ha dado a los centros educativos para que soliciten a los padres ese permiso para que los niños asistan a actividades escolares. "Esa comunidad aún tiene esas 24 horas para poder reponer la legalidad, si no mañana mismo recurrimos" ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia esa decisión, que "vulnera los derechos de los niños a ser educados" en libertad, afirmó la ministra de Educación.

El presidente murciano, Fernando López Miras, ya avanzó la pasada semana que sólo suprimirá el 'pin parental' si la Justicia le obliga. La consejera de Educación, Esperanza Moreno, también comunicó días antes que su Gobierno no dará un paso atrás.

Celaá, sin embargo, insiste en que no se pide permiso a los padres para "actividades voluntarias, sino actividades complementarias que son materia curricular obligatoria y evaluable". Para la responsable de Educación, una decisión así "no se ha visto nunca" porque en 25 años de Gobierno de Murcia no se ha declarado "un solo adoctrinamiento". 

"¿Por qué inventarse un problema que menoscaba la competencia del centro escolar, de la comunidad educativa y además va contra la libertad de cátedra de los docentes", ha preguntado Celaá. "Sería tanto como retirar internet o los móviles; es algo que es verdaderamente incorporar una pretensión política fundamentalista en un sistema educativo que jamás ha tenido ningún problema", ha aseverado.

Por ello, si el Gobierno murciano no ha modificado esa norma antes del plazo que le dio Educación en su requerimiento para retirarlo "Educación irá a la Justicia y pedirá una suspensión cautelar" de esa medida, ha concluido Celaá. 

El decreto suaviza el pin pero lo consolida

Educación quiere blindar el 'pin' en forma de decreto, aunque la Consejería propone cambios en dos puntos: la nueva norma, que busca reducir la burocracia a los centros, recoge que las actividades complementarias que impartan profesionales funcionarios no deberán ser autorizadas por los padres. El objetivo es que no se vean afectados "programas de la propia consejería de Educación, de Salud u otras áreas, así como las que ofrezcan policías, bomberos, guardias civiles, médicos y similares".

La segunda novedad del decreto es el denominado 'silencio positivo'. Esto es, aquellos padres que no quieran que sus hijos asistan a una determinada actividad tendrán que expresarlo por escrito; de lo contrario, si no hay una negativa expresa, deberán acudir a la actividad propuesta por el centro. Por otro lado, sí será será obligatorio la autorización cuando las actividades se realicen lejos de los centros escolares y cuando impliquen un coste económico.