Cataluña pide agua para todos

CARTAGENA. En mis lejanos tiempos de rector fundador de la UPCT el Consejo Social, presidido por el llorado ingeniero José del Pino, encargó a un grupo internacional de expertos que hiciese un análisis del trasvase de agua desde el Ebro a la cuenca del Segura y lo comparase con la obtención de una cantidad similar de agua para la Región de Murcia mediante desaladoras. Los expertos concluyeron que era preferible el trasvase tanto desde el punto de vista económico como ecológico. En resumen, el agua trasvasada salía más barata y producía menos impacto ambiental que la desalada. Además, los expertos apuntaron la posibilidad de completar el esquema con un trasvase desde el Ródano a la cuenca del Ebro.

No bien se hizo público el documento, el aragonés Pedro Arrojo arremetió contundentemente contra los expertos y la UPCT. En su opinión, urgía aplicar la Nueva Cultura del Agua a Murcia. Una vez examinado en qué consistía esa teoría, la conclusión era sencilla: se trataba de que cada territorio se apañase con el agua que los procesos naturales pusiesen a su disposición. Nada de llevar agua de fuera a las zonas amenazadas de desertizarse o que la consumiesen en la producción agrícola. Frente al lema Agua para Todos, ideada por el consejero Ruiz Vivo, la ministra socialista Narbona promovió un programa que bien podría haberse llamado Desaladoras para Todos.

"los separatistas defienden una política de los impuestos catalanes para los catalanes y el agua española para todos"

En aquellos tiempos los ahora separatistas catalanes defendieron con entusiasmo la tesis de que había que prohibir nuevos trasvases, pues en el caso del Ebro no sería más que otro aspecto de su propagandística noción de que España les robaba. ¿Por qué les robaba España? Porque, según ellos, Cataluña transfería a España bastante miles de millones de euros cada año de forma injusta. En realidad, lo único que pasaba era que había más contribuyentes adinerados en Cataluña que en el resto de España, excepción hecha de Madrid, las islas Baleares y las provincias vascas. Y los impuestos de todos los ciudadanos, viviesen donde viviesen, iban a la caja común de la Hacienda Española. Con una única excepción, las provincias vascas, cuyos contribuyentes se quedaban en las arcas vascas, sin aportar en absoluto a la solidaridad interterritorial. De hecho, la sanidad, la educación y otros servicios estatales de las comunidades autónomas españolas, incluida la de Murcia, perderían bastantes recursos si Madrid, Baleares y Cataluña se quedasen con lo recaudado en sus territorios. 

Uno de los datos más sorprendentes del escenario político español es la insistencia de las izquierdas en afirmar que España no es una nación, sino un Estado plurinacional. Salvo el grupo de Jacobinos, dirigido por Guillermo del Valle, parecen no comprender que la plurinacionalidad, y la consecuente compartimentación de los recursos públicos, atentaría directamente contra la igualad de los españoles y perjudicaría bastante a la mayoría de las regiones y, desde luego, a la murciana. Todavía más grave, los principales perjudicados serían las familias con menor nivel de renta que, por razones obvias, dependen en mayor medida de los servicios y los subsidios públicos.

Pues bien, una de las exigencias de los separatistas catalanes para seguir apoyando al gobierno presidido por Pedro Sánchez es el de quedarse con todos los impuestos de la renta de los ciudadanos que vivan en Cataluña. Eso lo pide tanto el grupo de Puigdemont en Suiza como el grupo de Aragonés en su mesa bipartita de negociación. Es decir, se pide la exclusividad fiscal catalana en las negociaciones entre el PSOE y Juntos por Cataluña, pero también entre el gobierno español y el catalán. Dado el secretismo imperante, poco se ha filtrado del curso de las negociaciones, pero los separatistas han comentado que es preciso corregir el exceso de solidaridad que presta Cataluña a España.

Hasta ahí todo sabido, incluida la indigencia intelectual que supone pretender que el proyecto plurinacional no erosiona la igualdad entre los españoles y deteriora el nivel de vida de los menos adinerados que vivan en Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, etc. Sin embargo, los separatistas nos ocultaban una gran sorpresa. Resulta que, desgraciadamente, Cataluña padece una prolongada sequía. Tan intensa y persistente que solo disponen de agua para ocho meses. Ante tal amenaza, el Gobierno catalán está planeando llevar agua por barcos a Cataluña. Y, pásmense, la portavoz del Gobierno catalán ha declarado que espera que las zonas donde haya agua sobrante no nieguen la solidaridad a Cataluña. Y ha amenazado con tomar represalias si les negasen el agua. No ha precisado a qué zonas se refiere, salvo una inofensiva mención a Tarragona, pero nadie ignora que si con el agua tarraconense bastase no habría sido necesario apelar a la solidaridad interterritorial, ni habrían abierto discretas conversaciones con la ministra Ribera para garantizar el suministro de agua a Cataluña y, en particular, a Barcelona.

Si hemos entendido bien la situación, los separatistas están defendiendo una política de los impuestos catalanes para los catalanes y el agua española para todos. Uno se pregunta qué dirán los partidarios de la Nueva Cultura del Agua. ¿Le recomendarán a Aragonés que cierre los grifos y haga desaladoras? ¿Es la solidaridad muy buena cuando hay que recibir agua y muy mala cuando hay que transferir impuestos? Si es que dan ganas de hacerse de Jacobinos.