Una juez me dijo en una ocasión que la incapacitación civil debería hacerse como un traje a medida. Como un ropero completo, pensé yo, porque las fases por las que pasa una persona discapacitada son muchas, diversas, como las de las personas que no lo son. Desgraciadamente, nunca vi ese traje hecho realidad. La indumentaria ni siquiera la diseñaba un sastre judicial porque no existe tal cosa, pocos juzgados toman al cliente sus medidas. A lo largo de dos décadas he escrito informes, muchos, y los redactaba con celo para sacar a una persona de la indefensión, del abuso económico, de la codicia o del riesgo de abandonar su tratamiento. Más largos al principio, más breves después de comprobar que nadie parecía leerlos, mis informes mutaron hacia el microrelato, pero servían de poca cosa. Eran concisos, comprometidos. No le quite usted el derecho a votar o a conducir, apuntaba, limítese a nombrar un tutor para tal o cual gestión económica. Igualmente se les pasaba el rodillo y todo lo que obtenía esa persona era el uniforme oficial: un pijama a rayas.
En 2006, España ratificó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, el primer tratado de tal naturaleza que se ha conocido. Tarde o temprano teníamos que toparnos con una reforma legal en nuestro código civil y ese momento ya ha llegado: desde el 3 de septiembre se acabaron los tutores.
Britney Spears también acaba de escapar por fin a su tutor y sus fans lo celebran con gran jolgorio. Algunos pasan rápidamente por el titular porque creen que no les afecta pero, al margen de los gustos musicales de cada uno, la noticia debería leerse con atención porque nos atañe a más de uno. A sanitarios y a usuarios: una de cada cuatro personas ha sufrido o sufrirá una enfermedad mental a lo largo de la vida y la nueva ley mete nuestra maltrecha cordura en un nuevo paradigma. ¿Qué dice nuestro código actualizado? Que si la persona discapacitada tiene ideas, deseos y voluntad, un notario tomará nota de ello y no podrá contravenirlos a pesar de que los técnicos insistamos en otra cosa. Parece una ley hecha a espaldas de la realidad del enfermo mental grave, aquel cuya idea puede ser no ponerse el tratamiento porque no se cree enfermo. O quien tenga el deseo de contactar con el G7 porque se cree un actor importante en el orden mundial. O la voluntad de montar una empresa millonaria con recursos naives y le arranque una sonrisa a su psiquiatra en la consulta.
El hospital Pare Jofré organiza una mesa de debate sobre el tema y me invitan como clínico de trinchera. Les advierto de que voy a expresar estos miedos. “No importa ─me replica la doctora Frades, que lo organiza─, se trata de eso, de abrir debate”. Y la ley es una buena noticia, no lo desmiento, las tutelas se estaban usando de forma perversa para no dejar a nadie tirado en la calle. Hace tiempo que nuestros centros para el enfermo mental están colapsados y se les consigue antes una plaza si están tutelados por la Bienestar Social. El resultado: una legión de enfermos en muerte civil pero bien peinados y perfumados. Muchos de ellos en centros geriátricos, donde languidecen junto a momias de noventa mientras ellos no cumplen ni los cincuenta.
La ley es una buena noticia, pero a muchos nos hubiera gustado que llegaran primero los recursos de apoyo y luego las normas. Me atrevo a soltar en la mesa que parece una ley de países ricos aplicada a un país pobre. Ironizo. Disparo. Hablo de un par de notarios en Manhattan diseñando el documento con la mente puesta en un discapacitado intelectual leve y no en un esquizofrénico sin conciencia de enfermedad. Los compañeros de la mesa se inflaman al verme convocar el miedo, pero muchos familiares y sanitarios me dan su calor en el aplauso. Me duele la muerte civil, pero más me duele la muerte física, y me van a sudar las patitas cuando esté frente a un suicida en la consulta y no pueda imponerle una protección que no desea. Estamos topando con un debate muy antiguo entre la custodia y la libertad del loco, su zoos o vida física y su bios o vida con sentido. Un esquizofrénico puede haber elegido consumirse en un banco del parque bajo una pila de cartones y calentarse con brics de Don Simón, ¿quiénes somos para imponerle un ejército de auxiliares que le afeiten cada mañana pero le amonesten por no acudir al taller de manualidades? La cuestión es que debemos aspirar a todo: a verle aseado pero libre y capaz, y de momento sólo hemos empleado atajos y abusos varios.
“No está demostrado que incapacitar a nadie haya evitado suicido alguno”, alega una de las ponentes. Y yo me pregunto si acaso existe evidencia científica para tal argumento. Defiendo, no obstante, que la humanización de la medicina pasa por darnos más tiempo a quienes estamos de apoyo antes que tocar las leyes. Y más tiempo significa más gente puesta al tajo. Lo supe la primera vez que distinguí entre cuatro horas de entrevista con un psicótico y los veinte minutos que lleva ordenar sujetarlo. La nueva ley habla mucho de apoyo, ¿a quién no le seduce esa palabra? Pero la mente me trae mi agenda de quince minutos cada cuatro meses o las madres octogenarias que viven con su hijo enfermo y la casa llena de puertas con pestillo. Como la pandemia, que ha visibilizado lo mal que estamos, esta ley tiene que servir para espabilar la creación de recursos. “Esto ha sido insoportable pero muy bien soportado durante treinta años”, denuncia Gonzalo López-Ebri en la mesa de debate. Es Teniente Fiscal de la Comunidad Valenciana y se sabe la salud mental porque ya estuvo en primera línea cuando se cerró Bétera. Treinta años esperando esta ley son muchos, quién lo duda, y no se sabía ni cuántos tutores había ni los tutores tenían mucha idea de la vida de sus tutelados (ni nos llamaban a menudo para obtener datos). Debería haber dado tiempo a preparar el terreno.
“Si alguien dice que sabe de esta ley ─añade el Teniente Fiscal─, es un temerario”. Y me alivian sus palabras porque yo tampoco entiendo un carajo cuando leo el código civil. Se enrolla, se llena la boca de palabras como dignidad, preferencias, voluntades. Habla de la gran conquista y seduce enseguida al auditorio, tanto que me dan ganas de hacerme abogado. “Esta ley no es revolucionaria ─insiste─, dice obviedades”. Y me ayuda a entender la esencia de la reforma. Escucho, aprendo, polemizo y hasta me siento incluida, aunque luego se meta conmigo por haber mencionado a los notarios de Manhattan.
Me gustan los cambios, me gusta el riesgo. Supongo que es por eso que elegí trabajar en salud mental y no me refugié hace tiempo en un oficio anodino. Pero soy consciente del daño que puede hacer un volantazo abrupto en la vida de la gente a la que trato. La recuperación de las personas tiene que ver con la autodirección, pero en una sociedad tan polarizada como la nuestra, temo que estos cambios no se den con calma y sentido común.
Desconozco el alcance de la psicosis que pudo tener Britney Spears o si acaso la tuvo. Nunca sabré los motivos reales de su familia cuando decidió tutelarla. Quién sabe si tan sólo atravesó un periodo de enajenación efímera regado de fama, drogas y alcohol. Me alegro por ella, dado que parece serena y renovada, pero no quisiera un movimiento Free Britney en este país que pasara por alto la complejidad real de los enfermos graves.
Hoy, 3 de diciembre, es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad y este año decimos adiós a los juzgados. Ojalá pronto digamos hola a los recursos de apoyo. Que el país por entero se libre para siempre de los pijamas a rayas pero también de los enfermos durmiendo en los parques.
