Foto de archivo. MURCIA (EP). La Policía Nacional ha detenido a los dos responsables de una web que presuntamente ofrecía de forma fraudulenta canales de televisión a 1.300 clientes de la pedanía murciana de Beniaján y poblaciones limítrofes desde hace tres años y cuya actividad habría ocasionado un perjuicio económico a los titulares de los derechos de más de 2,1 millones de euros.
Según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado, la investigación se inició a finales de 2019, cuando los agentes recibieron una denuncia en la que se aportaban datos sobre el servicio irregular que estaban ofreciendo multitud de canales de acceso condicional sin autorización de los legítimos titulares.
Con las primeras gestiones, los agentes comprobaron que la página web denunciada ofrecía servicios de telefonía e Internet en la Región de Murcia, además de suscripciones mensuales a una amplia parrilla de canales de televisión, en su gran mayoría de carácter condicional.
Posteriormente, los agentes identificaron a una compañía local de telefonía ubicada en Murcia, que estaba administrado por dos personas, y que se encontraba dado de alta para ser operador de cable, pero no como distribuidor de contenido audiovisual. Así, llegaron a emitir hasta 300 canales.
Con toda la información recabada, los investigadores procedieron a la entrada y registro en la sede del operador local, que en ese momento se encontraba emitiendo 78 canales, de los que una veintena no tenía autorización.
Los agentes comprobaron que el operador estaba autorizado para emitir unos canales determinados, pero aprovechaba esta circunstancia y toda su infraestructura para ofrecer un listado más amplio a sus clientes, incluyendo canales de los que no disponía de permiso.
Tras analizar con mayor detalle la documentación hallada, la Policía Nacional pudo constatar que se trataba de un listado dinámico, que dependiendo del momento podía ser más amplio.
La forma de actuar consistía en captar la señal a través de un contrato legal con el proveedor como cliente particular, para posteriormente distribuirlo ilegalmente a sus clientes.
De este modo, daban servicio a cerca de unos 1.300 clientes de Beniaján y las poblaciones limítrofes aprovechando el cable coaxial instalado, a los que cobraban mediante abonos en contado en el propio local o por transferencia bancaria.
Esta dinámica la llevaban desarrollando durante tres años, con lo que habían ocasionado un perjuicio económico que asciende a los 715.000 euros anuales, es decir, más de 2,1 millones en total.
