CARTAGENA. La alcaldesa Noelia Arroyo y el teniente de alcalde Diego Ortega defenderán, como miembros del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena, que se garantice el mantenimiento de la Marina del Puerto de Cartagena como un servicio público. Además, pedirán que se facilite a los cartageneros y cartageneras la práctica náutica deportiva poniendo para ello la disponibilidad de puntos de amarre públicos a un precio asequible.
Otro de los puntos que defenderán los miembros del equipo de Gobierno es que se dote a la Marina deportiva de mejores servicios. Si es posible, aprovechando que se va a reformar el entorno de la terminal de Cruceros y el área comercial adyacente, a la vez que se garantice a los usuarios que llevan utilizando puntos de atraque de transeúntes, por falta de acceso a otras alternativas, el acceso preferente a un punto de amarre fijo.
Así se ha decidido tras la moción que ha presentado el PSOE de Cartagena en el Pleno municipal, en la que ha conseguido el respaldo unánime de todos los partidos. La propuesta socialista explicaba, al igual que ya lo hiciera este diario semanas atrás, las quejas de la Asociación Náutico Deportiva de Usuarios del Puerto de Cartagena, en la que subraya que el gestor de dicha concesión, el RCRC, está aplicando unas subidas desproporcionadas, nada conformes al pliego de condiciones de la concesión y afirman que el incremento ha escalado al 300% desde el año 2000, cuando, aseguran, debería ser de un 90% (aplicando una subida del 20% más el IPC).
"Han triplicado el canon en atraques fijos, por lo que estamos pagando el doble de lo que estimamos. Pero es que cuando hablamos de atraques para transeúntes, el precio se eleva incluso al doble de lo que nosotros abonamos", explicaba semanas atrás el presidente de ANDUPCT, Andrés García. "Es un puerto público, pero están echando a los pequeños armadores porque hay mucha gente que ya no puede mantener estos precios del atraque para sus pequeñas embarcaciones" añade García. Se pregunta si lo que pretende el actual concesionario es dejar atraques solo para extranjeros y "cobrarles siete veces más que a nosotros. El 90% de las embarcaciones que hay en el Puerto a día de hoy son de gente de Cartagena. Tememos que quieren echarnos a nosotros para que vengan embarcaciones de lujo que paguen mucho más aún".
El PSOE recordaba, por su parte, que estos usuarios comenzaron pagando un precio asequible al inicio, que se ha ido incrementado de forma desproporcionada durante los últimos años. Por poner un ejemplo, en el año 2000, un barco de 5.5 metros pagaba a la Autoridad Portuaria, que entonces gestionaba de forma directa La Marina, 33 euros al mes. Hoy en día, ese mismo propietario paga 112 euros al mes al Club de Regatas, es decir, un 334 % de incremento, cuando el IPC ha subido un 70%. Estas subidas son inasumibles para muchos de los usuarios.
A esto se suma el hecho de que hay numerosos usuarios que no han logrado que les alquilen el punto de amarre y llevan hasta siete años abonando tasas de transeúnte, que en el supuesto anterior, es decir, un barco de 5,5 metros, cuesta 310 euros al mes en temporada alta. Es decir, los puntos de amarre de transeúntes son mucho más caros que el resto.
Este colectivo ha solicitado información sobre la situación de todos los puntos de amarre para conocer cuáles están alquilados, cuáles no y cuáles están destinados a uso exclusivo de transeúntes, así como la lista de espera de personas interesadas en alquilar un punto de amarre y la baremación que se sigue para adjudicarlas, sin que hasta el momento se le haya facilitado. Mientras, hay 40 puntos de atraque sin cubrir.
A esto se suma la falta de servicios mínimos que sufren en La Marina, ya que no tienen llaves de los aseos y la persona que las tiene no siempre está disponible y carecen de servicio contraincendio, entre otras cuestiones.
Tras el debate, se ha aprobado la moción y se ha instado, por tanto, a los representantes municipales en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Noelia Arroyo y Diego Ortega, a que trasladen y defiendan este acuerdo Plenario en la próxima sesión del Consejo.