MURCIA. Hace algunos meses formulé a través del portal de transparencia del Ayuntamiento de Murcia una pregunta a la concejalía competente (Ciudadanos) sobre el inventario de viviendas en propiedad del Ayuntamiento, así como su estado y si estaban ocupadas o no. También formulé una pregunta sobre el montante total de las ayudas al alquiler en el municipio. La respuesta se ha producido dentro del límite temporal que marca la norma, pero "transparentemente" se ha dejado de contestar a muchas de las interrogantes formuladas. Quiero pensar que por un descuido y no porque los datos no estén correctamente archivados en una hoja de Excel a cargo del funcionario/a competente. Bien, para nada se me indicó el número de viviendas que estaban ocupadas y cuáles vacías. Ttampoco se me informó sobre el estado de conservación de estas, aunque sí de su total: 1066 viviendas. Un dato es un dato, y sirve ya para empezar a analizar.
Obviamente el patrimonio posible de vivienda pública del Ayuntamiento de Murcia no está conformado solamente por esas 1066 viviendas, sino que hay alguna más con titularidad o gestión pública. Me explico: las de la CCAA y las que forman parte de la SAREB -Banco malo-. El número de viviendas pertenecientes a la CCAA en el municipio de Murcia así como el número de viviendas correspondientes a la SAREB son desconocidos, pero en cambio sí que tenemos los datos para el total de la Comunidad Autónoma. Hablamos de 2522 inmuebles en propiedad de la CCAA y 3434 e propiedad de la SAREB.
"podrían ser puestas en condiciones casi inmediatas para conformar un parque de vivienda pública bajo las modalidades de alquiler social o cesión gratuita"
Podemos extrapolar, sin temor a errar demasiado, que el 35% de las mismas estarían dentro del termino municipal de la capital. Hablaríamos de un montante total de 3150 viviendas que podrían ser puestas en condiciones casi inmediatas para conformar un auténtico parque de vivienda pública bajo las modalidades de alquiler social o cesión gratuita -según los casos- y que servirían como auténtico freno a los movimientos especulativos privados que tan bien conocemos en nuestro municipio. Hay que señalar que la Comunidad Autónoma de Murcia ni tan siquiera está acogida al insuficiente protocolo suscrito entre la SAREB y el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Hablar del uso y la utilidad que le está dando la SAREB a las viviendas daría para otras largas conversaciones lejanas a la finalidad de este artículo; no obstante, no quiero pasar por alto un par de datos: el patrimonio neto de la entidad es negativo (los pasivos, deudas a largo plazo que mantiene la entidad, no se cubren con el valor de sus activos) siendo el Estado quien asumió en 2021 el total de su deuda -aumentando en 4 puntos porcentuales la deuda total de las Administraciones públicas-.
Por otro lado hay que señalar la imposibilidad técnica de cumplir con su objeto social, es decir, amortizar el total de su deuda en 2027. A fecha de hoy solo se ha logrado amortizar el 34% de la misma. Estos datos unidos a las perdidas que acumula la entidad ejercicio tras ejercicio. Así, por ejemplo, las pérdidas del ejercicio 2021 son un 50% superiores a las del 2020. Tendrían que hacer reformular al ejecutivo saliente de las urnas este 2023 si la utilidad encomendada a la entidad es socialmente productiva y si la misma no debería ponerse, pues incluso el propio memorando de rescate financiero de 2012 no especificaba nada a ese respecto: al servicio de la ciudadanía, mediante la cooperación con la administraciones autonómicas y locales en la articulación de una auténtica política de vivienda publica capaz de corregir los innegables comportamientos especulativos que las inercias del capital ,especialmente el español, genera en torno a lo que debería ser un derecho fundamental.
Vemos que los mecanismos están bien definidos: política de transferencias que distribuyan el gasto social hacia la ciudadanía de forma eficiente y responsable, de forma que nadie se vea discriminado, unido a un importante paquete de vivienda, que ya hemos cuantificado en una dotación mínima, así como convertir a las administraciones en auténticos promotores, vía gestión directa o empresa pública, de bienes que el mercado se ve incapaz de satisfacer. Esa es la vía y no hay que irse muy lejos, en Rivas Vaciamadrid llevan más de veinte años funcionando así, y el gasto en vivienda no minimiza otras partidas de gasto e inversión. Su empresa pública reduce deuda, tiene activos fuertes que la soportan y genera beneficios ejercicio tras ejercicio.
Miguel Ángel Pagán
Economista.
Miembro del Grupo Economía y Trabajo Izquierda Unida Región de Murcia.
