La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Murcia por el incendio de Atalayas. Foto: EDU BOTELLA (EP)MURCIA (Efe). El juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha admitido a trámite la querella de los familiares de varias de las personas fallecidas en el incendio que el pasado 1 de octubre arrasó dos discotecas en el municipio contra dos concejales y tres funcionarios del Ayuntamiento, y ha trasladado la investigación al juzgado número 3, que instruye la causa.
Los familiares de dos de las 13 personas que perdieron la vida en el trágico incendio presentaron el pasado 5 de marzo una querella criminal contra el actual concejal de Urbanismo de la ciudad, Antonio Navarro (PP), su antecesor en el cargo, Andrés Guerrero (PSOE), y tres funcionarios municipales, a los que acusaban de haber mantenido durante años una “trama organizada” para permitir que los locales siniestrados siguieran abiertos a pesar de tener órdenes de cese de actividad vigentes y de incumplir numerosas medidas de seguridad.
El abogado de estas víctimas, José Manuel Muñoz Ortín, considera que los dirigentes políticos y los funcionarios pudieron cometer un delito de prevaricación por omisión que llevó al fatal desenlace de las trece muertes.
Según el auto del juzgado número 4, fechado el pasado 4 de abril y al que ha tenido acceso EFE, su titular, el juez José Fernández Ayuso, considera que los dos concejales y los tres funcionarios municipales contra los que se dirige la querella llevaron a cabo actuaciones que “pudieran revestir los caracteres delito / delito leve de prevaricación judicial por imprudencia”.
Por ello, considera procedente “incoar diligencias previas por procedimiento abreviado para averiguar y hacer constar la perpetración de la infracción penal, las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de las personas responsables”.
El magistrado decide además inhibirse de la investigación y trasladarla al juzgado número de Instrucción número 3, que abrió diligencias al día siguiente del incendio y se encuentra en plena fase de instrucción del caso.
El juez argumenta que de continuar él mismo con la investigación “se podría llegar a que se dictaran resoluciones contradictorias” en ambos juzgados.
La titular del juzgado número 3, Ana María Martínez Blázquez, tendrá ahora que decidir si se declara competente para investigar a los políticos y funcionarios o bien si rechaza la inhibición del juzgado número 4.
La jueza ya rechazó el pasado mes de noviembre la petición de estos mismos familiares de abrir una pieza separada para investigar las posibles responsabilidades del Ayuntamiento en este caso al considerar que la situación administrativa de las discotecas, que tenían una orden de cese de actividad en vigor, “no puede relacionarse sin más con el resultado mortal producido”.
En su opinión, la situación administrativa podría ser cuestionable en el ámbito del derecho contencioso-administrativo, pero no en el penal, y descartaba que hubiera “mínimas sospechas” sobre los presuntos delitos de los funcionarios y concejales.
Si la jueza rechaza de nuevo hacerse cargo de la querella, podrían darse dos circunstancias; que sea el juzgado número 4 el que asuma la investigación, o que solicite a la Audiencia Provincial que determine cuál de los dos órganos judiciales debe hacerse cargo del asunto, según ha explicado el abogado de las víctimas, que ha reconocido que queda aún un largo camino por recorrer para las víctimas.
“A veces, la Justicia es una carrera de obstáculos que hay que ir superando, aunque seas una simple víctima que pretende hacer valer la inocencia e injusta muerte de sus familiares”, ha apuntado.
No obstante, Muñoz Ortín se ha mostrado “contento” con la admisión a trámite de su querella, ya que ese paso denota que un juez ve indicios de criminalidad en la actuación municipal y administrativa de las salas incendiadas.
Además, el juez relaciona, como hacen los familiares en la querella, “la relación entre el resultado de muerte acontecido y la actuación administrativa, sea por acción u omisión”, lo cual supone “un alivio para las familias, que están totalmente convencidas de que sus familiares fallecieron porque la Administración no ejercicio correctamente su función de hacer cumplir la normativa vigente, tolerando que la discoteca funcionara de forma irregular sin tener en cuenta el peligro que el incumplimiento de la normativa implicaba”.
