MURCIA. Como una "utilización partidista y un castigo arbitrario a la Región de Murcia por los partidos que la gobiernan". Así ha considerado la portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, la intervención del Estado para retener parte de las entregas a cuenta y pagar a los proveedores de la comunidad autónoma por parte del Ejecutivo nacional del PSOE.
Martínez Vidal cree que "el problema financiero de la comunidad autónoma no se solucionará con esta medida ni ninguna otra mientras que no se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para reformar el sistema de financiación".
La portavoz del Ejecutivo regional ha lamentado que "tras más de una década sufriendo una financiación injusta" se "ha obligado a Murcia a endeudarse para poder pagar sus servicios públicos básicos de Sanidad, Educación y Políticas Sociales". Para ello ha puesto como ejemplo que "un ciudadano de la Región de Murcia recibe del Estado 818 euros menos por habitante que en Cantabria, la comunidad mejor financiada".
El Estado "adeuda a Murcia 85 millones de euros procedentes de la recaudación del IVA, y otros 148 millones de la entregas a cuenta, ha recordado, por lo que si también bloquea ahora estos fondos, generará aún más desigualdad de manera partidista". Otras comunidades, como Cataluña, ha advertido, "han sido incluso sancionadas por el Tribunal de Cuentas y el Estado no ha tomado las mismas medidas que con Murcia, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez, ha criticado, ha puesto el foco".
El Ejecutivo, en cambio, "no está prestando la misma atención a los requerimientos de la comunidad autónoma, ni en materia de financiación, ni tampoco de agua o con relación al Mar Menor".
Nada más empezar la comparecencia de hoy, Martínez Vidal ha destacado que el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, se reúne este jueves con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras la negativa de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de recibirlo.
En el encuentro, Luengo exigirá a Morán que ponga en marcha las medidas del plan de vertido cero que corresponden al ministerio, un proyecto aprobado en septiembre que no debe demorarse más, sobre todo en lo relacionado con evitar vertidos al Mar Menor a través de la rambla del Albujón y en rebajar el nivel freático del acuífero Cuaternario.
También defenderá el trasvase Tajo-Segura y que se envíen los caudales propuestos por la comisión técnica de explotación y no, como se está haciendo actualmente, en base a la decisión política y de "castigo" de la ministra.
