El PSOE, Cs y Podemos critican la propuesta del PP: "Miras es un sátrapa, se quiere mantener a toda costa en el poder"
MURCIA. El camino está despejado. Fernando López Miras ya tiene vía libre para poder concurrir de nuevo a unas elecciones autonómicas como cabeza de lista. Su partido, el PP, no sólo ha presentado ya en la Asamblea Regional la reforma para corregir la Ley del Estatuto del Presidente y eliminar el artículo que le imposibilita a día de hoy optar a la reelección, sino que además sus aliados ya han dicho públicamente que respaldarán la propuesta. Tanto el grupo parlamentario de Ciudadanos como el de Vox han dado su apoyo. Por tanto ya es sólo una cuestión de tiempo que solvente este problema para López Miras antes de que llegue el 2023, el año de las elecciones.
Una de las incógnitas políticas de la legislatura pasaba por saber cómo resolvería el líder del PP esta papeleta, que le impedía repetir como candidato a la Presidencia de la Región de Murcia. El artículo 7.2 de la Ley del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno, reformado en 2014 durante la etapa de Alberto Garre como jefe del Ejecutivo regional, establece claramente que "no podrá ser elegido presidente de la Comunidad quien ya hubiese ostentado este cargo durante dos mandatos".
López Miras lleva cuatro años al frente de San Esteban. Llegó a la Presidencia en abril de 2017, en sustitución del dimitido Pedro Antonio Sánchez, con lo que cumplió su primer mandato entre 2017 y 2019 -gobernando en solitario- y desde 2019 suma su segunda legislatura al frente del Ejecutivo. Conscientes de esta barrera legal, en 2019 PP y Ciudadanos incluyeron en su acuerdo de investidura el compromiso de corregir la normativa.
De hecho, el partido naranja registró en febrero su propia reforma para actualizar la ley. Lo hizo poco antes de que estallara la moción de censura y la relación ente ambos socios de coalición saltara por los aires. Ciudadanos pedía sustituir el límite de dos mandatos por ocho años -algo que sí encajaría López Miras, pues llegará a 2023 con seis años en la Presidencia-. Poco después, a finales de marzo, consumado el fiasco de la moción de censura, los liberales retiraron su reforma.
El nuevo escenario parlamentario, paradojas de la política, allana ahora el camino al PP. Los populares cuentan con los números suficientes para sacar adelante la reforma en la Asamblea Regional: a sus 16 diputados se suman los 4 miembros del grupo Ciudadanos (expulsados de su partido) y los tres del grupo Vox (también ex de su formación política).
Y precisamente el partido que hace sólo cuatro meses planteaba cambiar la norma para limitar a ochos años los mandatos de los presidentes -y también de los consejeros- ahora se opone porque entiende que la derogación del artículo acaba con todo tipo de limitación. La líder regional de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, censuraba la propuesta del PP: "Cuando Ciudadanos sale de las instituciones por la puerta, la corrupción y la falta de regeneración del PP entran por la ventana. López Miras, que nunca ha ganado unas elecciones, pretende seguir atornillando al poder", reprochaba en redes sociales.
En cambio, los dos portavoces parlamentarios de Ciudadanos y Vox secundaron al PP. "No se trata de una modificación legislativa ad hominem López Miras", justificaba el portavoz parlamentario del grupo Ciudadanos, Francisco Álvarez. "Sino que se armoniza nuestra normativa con la de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, el Gobierno de la Nación o los más de 8.000 alcaldes", esgrimía. A su juicio, la limitación de los mandatos sólo puede ser fijada por "la Constitución u otras leyes estatales".
Por su parte, Juan José Liarte (ex de Vox), también anunciaba que su grupo apoyará esta iniciativa. "La valoramos como una recuperación de la normalidad democrática y constitucional". En su opinión, "la limitación de mandatos no es un previsión constitucional, y debería ser, en todo caso, un compromiso personal del candidato que así lo desee".
La propuesta del PP, registrada este jueves en la Asamblea, plantea derogar el artículo 7.2 de la Ley del Estatuto del Presidente. Estos significaría que ya no habría ningún tipo de limitación legal y el presidente podrá presentarse cuantas veces quiera, sin ningún tipo de limitación legal. Los populares defienden que "las limitaciones de mandatos no tienen referencia en la Constitución ni en la legislación electoral, ni tampoco en la de Régimen Local ni en el Estatuto de Autonomía". El PP además pide que entre en vigor el 1 de mayo de 2022 para que "no afecte al desarrollo de la vigente legislatura".
También consideran que la actual Ley del Presidente "puede vulnerar el derecho constitucional reconocido en el artículo 23 de la Constitución en cuanto supone una limitación a las posibilidades de desempeño democrático de un cargo público". Y cita como ejemplos las situaciones de Extremadura y Castilla-La Mancha, que han derogado las limitaciones de mandatos de su normativa, de tal modo que "quedaran limitados únicamente por la voluntad popular emanada de las urnas".
De hecho, Francisco Álvarez pedía al PSOE de Diego Conesa que se sumara a esta iniciativa, ya que es "similar a las que ya han promovido y apoyado los socialistas en comunidades como Castilla-La Mancha (que se suprimió en julio de 2019 con los votos de PP y PSOE) y Extremadura en esta misma legislatura (en octubre de 2019 el PSOE aprobó por lectura única derogar la limitación de mandatos)".
Sin embargo, desde el PSOE murciano clamaron al conocer la noticia. El diputado Alfonso Martínez Baños denunció que con la reforma de la Ley del Presidente "queda demostrado por enésima vez que la intención de López Miras y el PP es mantenerse en el poder a toda costa, cueste lo que cueste y comprando los diputados que hagan falta".
Martínez Baños también criticó que el PP se contradice al querer derogar una reforma que ellos mismos plantearon en 2014: "Deja claro que lo hicieron obligados por el resto de partidos, es decir, de cara a la galería". El PSOE se refiere a que fue el expresidente popular Alberto Garre (2014-2015) quien emprendió esta reforma para evitar casos como el de su antecesor, Ramón Luis Valcárcel, que presidió la Comunidad durante casi veinte años (entre 1995 y 2014).
Desde Podemos lamentaban que Miras busca "mantenerse en el cargo indefinidamente" al intentar reformar una ley aprobada por "un amplio consenso parlamentario en 2014". Por ello María Marín, la portavoz del Grupo Mixto, calificaba la maniobra como "una operación antidemocrática para mantener a un presidente ilegítimo en el poder indefinidamente" y recordó que el propio PP "apoyó la limitación de mandatos en su conferencia política en 2015, dirigida por Pablo Casado". A juicio de Marín, las intenciones del presidente le convierten "oficialmente en un sátrapa".