reestructuraciones y prórrogas de deuda
S&P no se apiada de Codere: baja su 'rating' hasta impago selectivo
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MURCIA. Codere (CDRE) anunció ayer tras el cierre de la sesión -segunda consecutiva en la que avanzó terreno- la presentación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para algunas de sus sociedades, que afectará a 1.071 empleados, lo que supone hasta el 69% de toda su plantilla en España, aunque prevé extenderlo al resto de sus filiales "en los próximo días". Así lo comunicó por hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una decisión responde a causas de fuerza mayor conforme al real decreto de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.
El estado de alarma aprobado por el Gobierno desde el pasado domingo 15 de marzo para frenar la expansión del coronavirus, que restringió ciertas actividades económicas, supuso el cierre de todos sus locales en el país. Por ello, una vez las autoridades respondan a la presentación de este despido temporal, la compañía del juego española decidirá quiénes son los empleados afectados por la medida, que una vez se amplíe estima que podría alcanzar hasta al 85% de la sociedad.
"Estas medidas son excepcionales y temporales, y la compañía las toma para dar cobertura legal y laboral a los empleados de Codere ante la crisis del coronavirus, que hasta ahora ha obligado al cierre de todos los puntos de venta de la compañía (propios o a través de terceros) en la totalidad de sus operaciones en España y prácticamente en la totalidad de sus otros mercados", explicó CDR en el hecho relevante.
La cotizada presidida por Norman Sorensen ya avanzó al principio de la semana que mantiene cerradas temporalmente todas sus salas de juego en todo el mundo. Ni que decir tiene que la razón no es otra que las medidas impuestas por las autoridades para prevenir el brote de la epidemia de coronavirus. Solo mantiene abiertos los 36 establecimientos en México.
La plantilla de Codere en España representa un 12% del total del grupo en todo el mundo. En el resto de mercados, Codere ya está evaluando medidas de emergencia y temporales de similar tenor según la regulación aplicable en cada uno de ellos. Codere aseguró al mercado que su posición de liquidez actual -y el plan de contingencia puesto en marcha- le ha hecho estar "preparada" para hacer frente a un periodo de interrupciones en su negocio "de varios meses", y normalizar pagos y operaciones después. Además, su oferta 'online' en España, México, Colombia y Panamá permanece operativa.
El ERTE de la multinacional del juego llega en plenos mínimos históricos en bolsa, tal y como se observa en el gráfico de Investing. Cierto es que en las dos últimas sesiones ha rebotado, pero se deja ya la mitad de su valor en el parqué en lo que va de ejercicio. De este modo ha reducido su capitalización por debajo de los 154 millones de euros, que se ha acentuado ya no solo por la pandemia sino por la elección de Alberto Garzón como ministro del juego, tal y como ha venido contando este diario.
Buena parte de los últimos descensos -al margen de rebotes propios de ser un valor tremendamente especulativo- ha venido acompañado de un volumen de contratación superior a los 22.380 títulos de su media diaria anual, según los datos de Infobolsa. Cuanto menos no tiene en su accionariado bajistas con nombre y apellidos o de tenerlos no controlan el mínimo legal del 0,50% a partir hay que declararlo ante el mercado.
Hablando del accionariado, el pasado 18 de marzo CDR suspendió la petición de los Martínez Sampedro al aplicar el decreto de medidas contra el coronavirus. Los fundadores de la multinacional del juego habían pedido una junta general extraordinaria donde solicitaron incluir en el orden del día la dimisión del presidente no ejecutivo de la firma, Norman Sorensen, como consejero independiente, así como la del consejero independiente Matthew Turner y la del consejero dominical Timothy Lavelle.
Conviene recordar que los Martínez Sampedro fueron apartados de la dirección de Codere en enero de 2018. Desde entonces, solicitan la dimisión del presidente, al considerar que ha vulnerado "de forma continuada y reiterada a lo largo del último ejercicio social, los deberes de lealtad y diligencia debida" y no haber atendido "adecuadamente" sus deberes como consejero.