Gabriel Escarrer, consejero delegadoVALÈNCIA. Meliá Hotels International (MEL) encadenó ayer su tercera subida al al alza (+0,20%), completando así un positivo arranque mensual. Sin embargo, echando la vista a lo que va de ejercicio la cotizada balear se deja en el camino este 2020 un 4,77%, lo que la ha convertido en la décima peor parada de todo el Ibex 35. Y, además, la tercera menos capitalizada de dicho índice con 1.719 millones de euros -tomando el cierre de ayer-, solo por delante de Ence (963 millones) y Mediaset (1.661 millones). Todo ello tras un negativo mes de enero donde cerró en rojo en 13 de las 22 sesiones celebradas.
La caída bursátil de la hotelera fundada por la familia Escarrer se ha acentuado en las últimas 13 sesiones donde ha perdido un 10,20%, al bajar desde los 8,335 euros a los que cerró el pasado 17 de enero -máximos desde el 5 de julio de 2019- hasta los 7,485 euros de ayer frente al 0,40% que se ha revalorizado desde entonces el Ibex 35 en pleno desplome de las bolsas chinas por el coronavirus. Además, en buena parte de las jornadas celebradas en tan corto espacio de tiempo con un volumen superior a la media diaria anual situada en los 512.302 títulos, según los datos de Infobolsa.
Todo ello sin posiciones cortas en su accionariado o cuanto menos de tenerlas inferiores al 0,50%. Un porcentaje a partir del cual todo aquel bajista que lo alcance debe dar su nombre y apellidos, pero de momento no figuran en el accionariado de una MEL que rendirá cuentas al mercado el próximo 28 de febrero, cuando publique sus resultados correspondientes al pasado año.
Mientras tanto la hotelera confirmó ayer que vicepresidente ejecutivo y consejero delegado, Gabriel Escarrer Jaume, recibió el pasado 11 de octubre -ese día cerró en bolsa en los 7,345 euros, un 1,91% por encima de ayer- una notificación del Departamento de Estado de Estados Unidos en la que, en aplicación del Título IV del 'Liberty Act' (Ley Helms Burton), y si no aceptaban una serie de condiciones en su actividad sobre la República de Cuba, se le prohibiría el acceso al país.
Sin embargo, estas condiciones "impuestas por el Gobierno estadounidense no resultan asumibles por la compañía" y alega que su cumplimiento es contrario a la normativa europea -conocida como Estatuto de Bloqueo-, que considera que "la Ley Helms Burton infringe los más elementales principios de Derecho internacional". Siguiendo esta normativa comunitaria, Meliá ha trasladado a las instituciones españoles y autoridades comunitarias la resolución de esta cuestión, "confiando que su dedicación, diligencia y estrecha colaboración acabarán dando una satisfactoria solución".
La compañía señala que la Administración estadounidense vinculaba esta notificación a la actividad que determinadas empresas filiales de Meliá mantienen con entidades públicas cubanas. En concreto, se refiere a la gestión de dos hoteles en la región de Holguín, que estarían ubicados, "a entender" de dicha Administración", en una parcela de una propiedad expropiada a la familia Sánchez Hill a finales de los años 50. Esta familia ya interpuso en España una demanda contra Meliá por estos hechos, aunque fue desestimada por los tribunales en primera instancia.
Meliá es la única empresa española cuyo máximo ejecutivo ha recibido una notificación de que no será admitido en Estados Unidos en virtud del Título IV de la Ley Helms-Burton, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. Conviene recordar que la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, dio a los estadounidenses el derecho a demandar en Estados Unidos a empresas de todo el mundo que se lucren con los bienes confiscados por las autoridades castristas, pero todos los gobiernos norteamericanos habían dejado sin efecto esta cláusula hasta que se levantó el pasado 2 de mayo.
No obstante, la hotelera presidida por Gabriel Escarrer Juliá ha reiterado su "respeto y confianza en la implicación e impulso" hacia una solución "positiva" por parte de las autoridades españolas y comunitarias, así como en los tribunales. Además, ha insistido en la "lealtad, legalidad y responsabilidad" con la que sus filiales "han desempeñado siempre su gestión empresarial en Cuba". Por tanto, ha manifestado que espera que la controversia producida por la activación de la Ley Helms Burton sea "resuelta de manera favorable" a los intereses del grupo".
Las fuentes de Exteriores señalaron que el caso de Meliá y Escarrer no formó parte de la conversación que mantuvieron ayer por la mañana la ministra, Arancha González Laya, y el embajador de Estados Unidos, Duke Buchan. Este encuentro era para una primera toma de contacto pero el viernes la ministra hablará con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Además, recordaron que tanto el Gobierno español como la UE y otros Estados europeos han rechazado la activación de los títulos III y IV ley Helms-Burton, que permite a Estados Unidos tomar medidas contra las empresas extranjeras que, por sus negocios en Cuba, sean denunciadas por "traficar" con bienes expropiados por la revolución cubana.
La ley, señalaron, no se dirige solo a España o a empresas españolas. En virtud del título III de esta ley han sido denunciadas ante tribunales estadounidenses, o amenazadas con denuncias, cerca de 60 empresas, entre ellas varias españolas como Meliá, NH o BBVA -Iberia, Iberostar o Air Europa están advertidas salvo que alcancen un acuerdo-, según el recuento del Consejo de Comercio UE-Cuba. Así, para hacer frente a sus efectos están trabajando conjuntamente varios Ministerios -fundamentalmente Exteriores y Comercio- y varios Gobiernos, así como la Comisión Europea.
