MURCIA. La pandemia ha puesto contra las cuerdas a numerosas familias de esta Región. Sin colegio durante meses, una situación excepcional e inaudita que no se había dado en este país desde la Guerra Civil, se han visto obligadas a conciliar en circunstancias extraordinarias: teletrabajar sin horarios, atender a los niños 24 horas y hacer de profesores sin perder la cabeza ni el empleo en el intento. Si la conciliación ya era complicada en la vieja normalidad, durante el confinamiento y la nueva era covid se ha convertido en una auténtica odisea.
Desgraciadamente, son muchos los trabajadores que aún siguen en un ERTE en esta Región. Pero aquellos que han tenido la fortuna de librarse o salir de él una vez pasado el confinamiento han hecho malabarismos para ver cómo volver al trabajo presencial y atender a los niños con las aulas cerradas a cal y canto. Los problemas que esta situación ha creado a muchos padres y, sobre todo, madres (a estas alturas no nos vamos a engañar sobre en quién recae el mayor peso de la conciliación) no han sido pocas ni fáciles de solventar. Las medidas articuladas desde cualquier Administración para paliar esta situación han sido insuficientes, pobres o, directamente, nulas.
En primer lugar, no se ha articulado ninguna ley que garantice el derecho de los padres a conciliar o teletrabajar durante el tiempo que dure la pandemia más allá de las que ya existían anteriormente y que pasan por la obligada reducción de jornada y sueldo. El decreto del Estado de Alarma incluía recomendaciones a las empresas para que facilitaran el teletrabajo de sus empleados a tenor de las circunstancias tan anómalas provocadas por la covid-19, que incluían cambios de turnos y adaptación de horarios para que las familias pudieran solventar esta complicada coyuntura sin tener que llegar a la situación de tener que elegir entre el trabajo o los hijos.
Sin embargo, había un fallo tremendo en esa propuesta bienintencionada: se trataba solo de recomendaciones, por lo que las empresas no tienen más obligación que la moral para cumplirlas. Y eso, como ya sabemos, no es suficiente porque deja a merced de la compresión o concienciación del empresario de turno la decisión. Hay casos de empresas que han dado facilidades e incluso apoyo económico a fondo perdido a sus empleados para paliar los problemas derivados de esta situación. Pero en otros casos más de un trabajador se ha encontrado con respuestas como "no tenemos obligación legal", "ese no es problema de la empresa" o, directamente, "búscate la vida".
Además, en la fase 2 el Gobierno central autorizó a abrir las aulas para los niños de hasta 6 años (como si los de 7 pudieran cuidarse solos) que tuvieran ambos progenitores trabajando. Una propuesta claramente insuficiente porque la franja de edad se quedaba corta y porque a la postre tampoco resultó obligatoria para las Comunidades. El Gobierno regional se negó en redondo por el riesgo que eso conllevaba de contagio, defendió. Los centros comerciales sí, los bares también, todas las empresas por supuesto, pero los colegios, guarderías o centros de conciliación no. Si tienes recursos para pagarte una niñera, estupendo, y si no, "es tu problema".
Afortunadamente, las guardería y escuelas infantiles privadas sí pudieron abrir en la fase 3, en contra del criterio de la Comunidad, y muchas lo hicieron por suerte para numerosos padres. La apertura se realizó siguiendo estrictas normas de higiene y, de momento, ninguno de los rebrotes que han surgido de la pandemia en este periodo están ligados a estas escuelas que han sido imprescindibles para las familias aunque hayan tenido que hacer un desembolso extra para costearlas. Lo más preocupante de la situación es que la Administración regional no ha dado ninguna alternativa ni realizado propuesta seria alguna para ayudar a los padres a poder conciliar en esta dura situación.
Durante varias semanas, el Gobierno regional salió del paso diciendo que estaba preparando un plan que pasaba por subvencionar la contratación de personal para el cuidado de los hijos en casa. En teoría, ideal. En la práctica, un chasco. La "ayuda" que ha articulado es el llamado Cheque Concilia Reactiva, que se resume en una ayuda única de 500 euros y que habrá que ver cuántas personas solicitan: muchos requisitos para poca cantidad. Seamos honestos: es muy complicado que alguien vaya a contratar personal para el cuidado de sus hijos con esa herramienta. ¿Por qué? Lo primero, llega tarde. Las familias llevan meses teniendo que buscarse la vida y este cheque se puede solicitar sólo desde este miércoles y hasta el 30 de septiembre. Han tardado cuatro meses y medio para ponerlo en marcha y lo hacen para plena época estival. Resulta, cuanto menos, curioso.
Además, es indispensable contratar a alguien que esté dado de alta en el Sef, no vale una persona que ya tengas trabajando para ti, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta que la necesidad de conciliación ha sido obligada desde hace meses. También requiere un ingreso máximo para tener derecho a ella, que es el sueldo mínimo interprofesional por cada miembro de la unidad familiar. Es decir, si fuera una mujer con un niño, no podría cobrar más de 1.900 euros netos al mes (950 por cada uno) aunque el sueldo medio de esta Región dista mucho de esa cantidad. Así, la persona que lo solicite debe adelantar el dinero de la contratación, con alta en la Seguridad Social incluida, con un presupuesto máximo de 500 euros durante al menos 30 días y se lo abonarán en el plazo máximo de seis meses. ¿En serio? ¿Para cuánto da una cantidad así? ¿Qué pasa con el resto del tiempo? ¿Y los meses que ya han pasado? Más que una propuesta para ayudar parece una medida para cubrir el expediente y poder decir que "algo hemos hecho". Pero la demanda será mínima y, por tanto, la subvención destinada a ella también.
La realidad es que las familias están abandonadas a su suerte y se han tenido que buscar la vida desde el principio de la pandemia sin ayuda de las Administraciones. Algunas personas han optado por reducir jornada o solicitar excedencias, con la consiguiente merma de sueldo que supone. Otras han tenido que dejar a niños de corta edad solos mientras iban a trabajar. Unas pocas privilegiadas han contado con la ayuda de una persona específica para ese fin. Muchos, la mayoría, han encontrado en la familia extensa el apoyo que no han encontrado en otro lado. Es decir, han sido los tíos y, a pesar de todo, los abuelos los que han arrimado el hombro para solventar la situación. La familia, pilar y gran fortaleza de la sociedad española frente a la pandemia como ya pasara con la crisis de 2008. Sin embargo, también se convierte en debilidad ya que propicia que siga sin abordarse el tema de la conciliación desde las instituciones, de una forma global y de una vez por todas.
La conciliación es la gran asignatura pendiente de este país y todas las Administraciones tienen la responsabilidad de tomar cartas en un asunto tan importante si no quieren que la pandemia se lleve por delante más puestos de trabajo de los que ya se ha cobrado. El Gobierno central debe articular medidas obligatorias y no solo recomendaciones que las empresas deban cumplir mientras dure la pandemia y los colegios estén cerrados. Dado que la segunda ola ya está aquí y que amenaza con retrasar o condicionar la 'vuelta al cole' de forma contundente, que incluso aunque esta se produzca las clases se pueden ver suspendidas en cualquier momento, el derecho al teletrabajo debe ser legislado sin dilación.
Por último, tanto la Administración regional como la municipal deben facilitar opciones y hacer propuestas prácticas para que los padres que deben trabajar de forma presencial puedan hacerlo, habilitando centros de centros de conciliación donde los niños puedan estar con las preceptivas garantías de higiene. No se puede dejar a las familias abandonadas en medio de una pandemia que, de momento, no sabemos cuánto va a durar. Muchos puestos de trabajo están en juego.
