MURCIA. La “nueva normalidad” se estrenará el lunes en Galicia y a finales de la próxima semana se extenderá por toda España, puesto que el domingo 21 concluye el estado de alarma decretado para hacer frente a la epidemia de SARS-CoV-2, cuya relación con el 8-M dio paso a una controvertida causa judicial que este viernes ha sido archivada.
En esa semana, un 75% de la población española (unos 34 millones de habitantes) continuará en la fase 3 de la desescalada o accederá a ella, como hoy ha autorizado el Gobierno a la Comunidad Valenciana, a las provincias castellanomanchegas de Albacete, Toledo y Ciudad Real, a las castellanoleonesas de León, Valladolid, Zamora, Burgos y Palencia, a las áreas sanitarias de Catalunya Central y Girona y a la ciudad autónoma de Ceuta.
Por esa fase 3, tal como la definía el plan de desescalada, no transitarán de hecho los territorios que seguirán una semana más en la fase 2: Madrid, las áreas sanitarias de Barcelona y Lleida y las provincias de Soria, Ávila, Salamanca y Segovia, cuyos gobiernos regionales ya venían orientando sus planes y decisiones con esos presupuestos en las últimas fechas.
La Comunidad de Madrid, que mantuvo un cerrado pulso político con el Gobierno por su llegada retrasada a la fase 1, ha aparcado su beligerancia desde entonces y ha anunciado que el lunes pedirá su avance a la fase 3 para el día 22 cuando ya habrá dejado de estar vigente el estado de alarma.
Las autonomías que ayer frenaron sus intenciones iniciales de solicitar la libre circulación con las comunidades vecinas, tras los brotes registrados en el País Vasco, podrán volver a plantearlo la semana que viene, aunque de momento sólo Cantabria ha avanzado que antes del fin de semana del 21 podría restablecerse la movilidad con Euskadi. En Castilla y León y Castilla-La Mancha los desplazamientos seguirán siendo exclusivamente provinciales.
La llegada de Galicia a la normalidad subsiguiente al confinamiento coincidirá con el aterrizaje en Baleares de los primeros aviones con turistas alemanes que se irán sucediendo a lo largo de la segunda quincena de junio, en un plan piloto que prevé 38 vuelos a Mallorca, 8 a Ibiza y 1 a Menorca que también servirá para comprobar la permeabilidad de los llamados contagios importados.
55.000 casos sospechosos semanales
Las autoridades sanitarias son optimistas sobre la capacidad para afrontar esos y otros tipos de brotes, como hoy ha subrayado el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón: “Estamos adquiriendo cada día mejor capacidad de detección precoz de casos sospechosos. Detectamos 55.000 semanales y entre el 90% y el 93% de ellos se les hace prueba PCR, un porcentaje que va incrementándose”.
Esa detección sirve para controlar de forma rápida posibles repuntes, como el registrado en dos hospitales vascos, el más relevante en el de Basurto, en Vizcaya, donde hoy se han registrado 3 casos nuevos, que elevan el total a 32 y que ha obligado a cerrar el área de partos después de que se haya confirmado que una mujer ingresada en ella tiene covid-19.
También se da por controlado un repunte detectado en la comarca gerundense de La Garrotxa que, según la Agencia de Salud Pública catalana, ha afectado a 31 personas, de las que 20 son trabajadoras de una misma empresa y el resto contactos. Diecinueve presentan cuadros leves y 12 son asintomáticos.
Fernando Simón ha subrayado que los nuevos positivos y los contactos estrechos deberán ser aislados también en la “nueva normalidad”, durante la cual sólo se podrán imponer confinamientos en territorios específicos ante brotes de cierta magnitud, como ya se hizo en lugares como Igualada y la Conca d’Òdena, en la provincia de Barcelona, antes de que se decretara el pasado 14 de marzo el estado de alarma.
Los nuevos contagios en las últimas 24 horas se mantienen en cifras similares a las del resto de la semana con 155, según el informe de Sanidad, que ha consignado 55 muertos en los últimos siete días con el total anclado desde el pasado sábado en 27.136, a la espera de una revisión anunciada que no llega.
El coronavirus y el 8M
El 8M asociado al coronavirus ha sido una constante del crispado debate político de la polarización durante toda la pandemia, una constante que acabó ante el juez y que cuenta con un reparto en el que destacan el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el destituido coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Una causa exprés, cargada de polémica y archivada con un reproche, como escribe para Efe Raúl Bellerín:
La jueza Carmen Rodríguez-Medel ha decidido archivar provisionalmente la causa abierta por las manifestaciones celebradas en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo pese al coronavirus, sobre todo la del 8M, un procedimiento exprés que ha cerrado -al menos de momento- con un reproche.
La magistrada titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid cree que no hay "suficientes indicios de delito" para seguir investigando al único imputado, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un posible delito de prevaricación administrativa.
Y no los hay porque, según ha comprobado la magistrada, nadie le avisó del riesgo que corría la población si asistía a manifestaciones esos días. Pero la jueza está convencida de que esos eventos aumentaron "indiciariamente" el riesgo de contagio y pese a ello Franco mantuvo una "permanente y absoluta inactividad jurídica".
Por eso, la magistrada acuerda el archivo provisional de la causa, pero deniega el sobreseimiento libre al que aspiraba la Abogacía del Estado, en un auto contra el que cabe recurso, algo que ya han anunciado las tres acusaciones, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y el primer denunciante, Víctor Valladares.
