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supondría el 30% de la deuda de la Región

La UMU calcula una brecha de financiación de 200 millones anuales respecto a otras comunidades 

23/10/2020 - 

CARTAGENA (EP). El profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, Fernando Ignacio Sánchez, ha explicado ante la Comisión especial de Financiación Autonómica que en un estudio realizado por la Universidad de Murcia (UMU) y encargado por el Consejo Económico y Social de la Región (CES) se advierte que de 2009 a 2018 se produjo en la Región de Murcia unos 200 millones anuales de "brecha" entre la financiación autonómica percibida por la Región y el resto de comunidades autónomas.

Sánchez ha indicado que el estudio actualiza uno que se hizo previamente por la Universidad de Murcia. En éste en concreto se ha evaluado el grado de infrafinanciación de la Región al compararla con la financiación por habitante ajustado.

Los datos se han comparado con respecto a la media de las comunidades autónomas de régimen común, esto es, las quince comunidades autónomas a excepción de Navarra y el País Vasco que tienen un régimen foral.

"Si acumulamos la falta de recursos debido al déficit de financiación, se podría explicar en parte la situación del déficit público en la Región", ha dicho. En ese sentido, según los cálculos que han realizado, desde 2002 hasta 2018 la infrafinanciación de la Región podría estimarse en unos 2.500 millones de euros.

Es por eso por lo que consideran que dicha cantidad supondría un 30% del incremento de la deuda pública en la Región durante ese periodo, "como mínimo, un 30% de la deuda de la Región estaría condicionada por la infrafinanciación".

Entre las propuestas que han realizado destaca el diseño de un nuevo modelo de financiación que evite que haya comunidades que tengan más recursos que otras por habitante. Para ello piden que no se parta de una situación de 'status quo' que "pudiera desvirtuar el reparto basado en criterios de necesidad".

A corto plazo abogan por una "reforma urgente transitoria" de la financiación que garantice que las comunidades peor financiadas reciban como mínimo recursos que les permitan igualar la financiación media del resto de comunidades.

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