La Monarquía y la Justicia

MURCIA. La semana pasada se produjo un acto que demuestra la excepcional situación que vive España a nivel institucional y por tanto estructural. La crisis sanitaria, económica y en consecuencia social derivada del covid-19 es algo coyuntural, pero está sirviendo al actual gobierno de coalición entre socialistas y comunistas para activar todos los mecanismos posibles, legales y estratégicos que debiliten la arquitectura institucional de la democracia española. Lo hacen con la suficiente inteligencia y perversidad para que la crítica sea silenciada y principalmente tachada de un pensamiento conspirador que imagina cosas que no suceden. Un ejemplo es el hecho de intentar dar total normalidad a que en 2020 sea la primera vez de nuestra historia reciente donde el Jefe del Estado, Felipe VI no preside la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. 

La campaña cuenta con unos aliados excepcionales, los medios de comunicación mayoritarios, que no actúan como contrapoder ni denuncian las tropelías del gobierno salvo que esta sea de un partido de centro o de centro derecha. Hay una mezcla explosiva de cinismo, hipocresía y maldad que convierte a cualquier decisión que ataque la libertad y la democracia en algo anecdótico y de poca relevancia cuando lo acomete o protagoniza la izquierda o el nacionalismo. Basta que hagamos una sencilla comparativa creando un paralelismo: ¿se imaginan que hubiera una República en España con un presidente de izquierdas y los partidos en el gobierno fueran de extrema derecha y de derecha y vetaran a ese jefe de estado su asistencia a un acto donde debe estar presidiendo dicho acto? Los medios y con razón, bramarían publicando durante días noticias y columnas contra un gobierno que intenta subvertir el orden establecido, incumple la ley, pretende por la vía de los hechos dar un golpe de estado y no reconoce la legitimad del presidente de la república; dirían todo eso y muchísimas más cosas. Y lo mejor es que los votantes de los partidos de ese hipotético gobierno, donde se supone que habría mucha gente monárquica, también dirían que, aunque ellos prefieran un rey hay que respetar la ley. Así es la gente de orden. 

La jefatura del Estado es insultada y atacada por miembros del ejecutivo y se toma como algo normal, a lo sumo se zanja con intentar diferenciar a los ministros comunistas de los socialistas, pero sus declaraciones y acciones ponen cada día más difícil esa ilusoria diferencia. Y junto a esto, la Justicia, que ya parte del pecado original de su reforma en 1985 con la intromisión de los políticos en la elección de sus órganos de gobierno, también está siendo puesta en duda y denostada constantemente, eso sí, cuando el inhabilitado es un presidente golpista e independentista catalán, porque imaginemos de nuevo que estuviéramos ante un presidente de comunidad autónoma de derechas que tirara un chicle o aparcara en doble fila, sí que merecería la vara del poder judicial, ya no digo si estuviera en clara actitud golpista contra la ley vigente y las instituciones de su país. 

Dos de las instituciones más importantes en España, la Monarquía y la Justicia, que simbolizan la seriedad y lealtad a la ley y al pueblo español, especialmente en esta situación de gobernantes irresponsables y pirómanos, están siendo sometidas a debates de barra de bar y de red social, con informaciones parciales y conclusiones ridículas para destruir un sistema democrático que ha significado la mayor etapa de paz, progreso, estabilidad y seguridad de la historia de España. Lo más grave es que algunos (demasiados) creen que hay una forma política idílica y utópica que nos llevaría a una teórica (y falsa) arcadia feliz donde no habría los problemas actuales. Cuanta idiocia en esta querida España.