La Fiscalía Particular del Gobierno

“¡Montesquieu ha muerto!”. La famosa expresión en la política española que pronunció el histórico Alfonso Guerra en los años 80 no deja de ser cada día más actual y más real. En aquel momento la expresión se refería a la reforma de la Justicia perpetrada por el gobierno con una mayoría aplastante del PSOE y que significaba la injerencia del poder político o ejecutivo en el poder judicial. Teniendo en cuenta que el poder legislativo, cuando el partido en gobierno lo hace por mayoría absoluta, también está muy sometido a aquel. En conclusión, la teórica fórmula de la separación de poderes que debe reinar para garantizar una sana y real democracia se desmorona por completo.

Los tres poderes que deben actuar por separado y cuanto más, mejor, son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los primeros suelen tener una relación más estrecha porque el ejecutivo se sienta en las cámaras donde reside el legislativo, pero el judicial, de manera especial debe ser independiente y mantenerse aislado para ejercer su función de impartir Justicia respecto a las leyes vigentes. Esta realidad no se da desde el momento en que los miembros del órgano de gobierno de los jueces (Consejo General del Poder Judicial) son elegidos por las Cortes Generales, es decir, los diputados y senadores. Pero en lugar de avanzar hacia una razonable despolitización de la Justicia, el presidente Sánchez ha dado una vuelta de tuerca para controlar el poder que algún día podría juzgarle.

El descaro y la arrogancia del actual presidente y gran parte del ejecutivo es total y no sólo con sus hechos, también con sus palabras. El nombramiento de una socialista, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado fue la primera muestra de que este PSOE no quiere una justicia libre e independiente, es más, quiere su Justicia. Recordemos cuando el inquilino de la Moncloa le espetó a un locutor radiofónico: “¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?", con su característico tono chulesco. En esa pregunta se pueden apreciar dos ideas: él asume que la controla y debe controlar el gobierno y su prepotencia y soberbia es total, ni un ápice de duda, temor o humildad.

La prueba de todo esto la tenemos con la siguiente noticia: “La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el archivo de las 20 querellas presentadas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia de la covid-19.” Lo mejor es repasar los argumentos, una defensa numantina y algo pueril de que el gobierno todo lo hace bien y si no, es por culpa de la coyuntura internacional o de Perico el de los palotes. Pero ni la falta de EPIs, ni la compra de material defectuoso, ni ocultar hasta el día 9 que la recomendación era no ir a manifestaciones, ni el engaño sobre un inexistente comité de expertos, ni la falta de conocimientos de la mayoría de los ministros y hasta el argumento de que hicimos lo mismo que otros países, todo vale para no reconocer que es lógico y razonable que haya no 20, cientos de querellas contra una actuación negligente y en muchos casos presuntamente criminal.

La situación que atraviesa España y nuestra democracia es de UCI y quienes deben atender a ese enfermo moribundo son unos matasanos castristas que sólo pretenden perpetuarse en poder y lucrarse a costa de la ruina del país. El control de la justicia es un paso clave para dominar y acallar las críticas y la sensación de impunidad que tanto se dice de los antiguos líderes populares. Una prueba más, que el portavoz de toda esta época, el peculiar Fernando Simón, ante una pandemia que ha acabado con más de 50.000 vidas, primero saliera en un reportaje a modo de motero y ahora protagonice un programa de televisión practicando actividades deportivas, no transmite la esperable seriedad y preocupación de un médico epidemiólogo que dirige el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias mientras la covid19 sigue activo, pero aquí no pasa nada.