Rueda de La ÑoraMURCIA. Intersindical Servicios Públicos ha salido en defensa de los trabajadores de la dirección general de Patrimonio Cultural después de que se hiciese publico que la Inspección General de Servicios -dependiente de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública- había mandado a un inspector a sus oficinas tras una denuncia interpuesta por Huermur. Esta asociación conservacionista había trasladado quejas por su mal funcionamiento y por los retrasos injustificados en la tramitación de escritos y expedientes sobre patrimonio.
Intersindical ha querido sacar la cara por "el extraordinario trabajo del personal empleado público que trabaja en esa dirección general" y a su vez denuncia "el expolio en medios humanos y materiales que este servicio ha sufrido a lo largo de los años por parte de los diferentes gobiernos regionales". Una situación que le ha llevado a exigir a la Comunidad Autónoma que, "si de verdad le importa el patrimonio cultural de nuestra Región, se deje de proclamas propagandísticas e invierta dinero en unos departamentos culturales cada vez más abandonados y empobrecidos".
Asimismo, ñaden que "ante la constante judicialización de los expedientes de protección de patrimonio y el continuo ataque, con nombres y apellidos, al personal de la dirección general de Patrimonio Cultural, este sindicato exige al Gobierno regional que defienda a sus trabajadoras y trabajadores, que les dé amparo y que dote de medios humanos y materiales los servicios que velan por el patrimonio cultural".
El sindicato asegura que desde que en 1982 fueran transferidas las competencias en materia de Cultura a la CARM, ésta formó un equipo de profesionales de la Arqueología, Arquitectura e Historia del Arte, apoyados siempre por un gran equipo jurídico y administrativo, creando secciones jurídicas y económicas que pudieran llevar a buen término sus obligaciones. Pero "todo cambió con las sucesivas crisis, la CARM emprendió una política de 'adelgazamiento' y privatización de sus servicios culturales, mermando paulatinamente los presupuestos para cultura, encargando trabajos a equipos y asesores externos que formaron una administración paralela, y destruyendo el equipo que se había formado, que cada vez disponía de menos recursos y menos personal".
También recuerda que en 2007 se dictó la nueva Ley de Patrimonio Regional, en la que se incluía la necesidad de estudios de paisaje, de la protección del patrimonio etnográfico, industrial e inmaterial, pero que, "al no llevar aparejado un estudio económico para su implantación, tampoco tenía previsto la contratación de personal especializado en el Servicio de Patrimonio, con lo cual, estas nuevas obligaciones recayeron en los recursos humanos existentes".
Intersindical ha denunciado que a partir de ese momento "el expolio del Servicio de Patrimonio por parte de la CARM fue continuo e intenso: se eliminó a casi la mitad del personal administrativo, el presupuesto es casi inexistente y la responsabilidad de la tramitación de unos expedientes patrimoniales de una extrema complejidad jurídica y técnica recae siempre sobre el personal técnico, que no tiene un Consejo Asesor Regional de Patrimonio, eliminado hace más de 20 años, que apoye y oriente las decisiones del Servicio de Patrimonio".
A esto se suma, dicen, "una incesante judicialización de los expedientes, cuyas denuncias van con nombres y apellidos, es decir, contra un personal funcionario exhausto, desbordado y muy desmoralizado".
A pesar de ello, informan de que durante el año 2020 en el Servicio de Patrimonio "se han abierto más de 1000 expedientes, y durante lo que llevamos del 2021, ya más de 500, todo ello, como decimos, con cada año con menos presupuesto y personal, que tienen que compartir estancias de pocos metros cuadrados en un edificio de la Casa Díaz Cassou sin las necesarias medidas de seguridad y salud en el trabajo, al tiempo que han ido cambiando de titularidad de Consejería en varias ocasiones: unas veces con Educación, otras con Turismo, Medio Ambiente o Portavocía… Un caos en el que el personal y sus expedientes debieron ir de un lado para otro en más de seis ocasiones".
