MURCIA. Como decía Ramón de Campoamor: En este mundo traidor/ nada es verdad ni mentira/ todo es según el color/ del cristal con que se mira. La información es poder y, en consecuencia y por oposición, la desinformación puede ser debilidad. Y un pueblo desinformado e inculto es el caldo de cultivo ideal para la manipulación. De ahí al adoctrinamiento queda un paso. Ahora queda por ver quiénes son los artífices de la desinformación y por qué. Porque desinformados estamos, eso sin duda, pero a estas alturas tengo claro que la desinformación procede de muy diversas fuentes. De todas, en realidad. Los que aún somos conscientes de esta realidad no podemos bajar la guardia.
"no existe, bajo el prisma constitucional, la posibilidad de ejercer un control administrativo o gubernativo de la información"
El BOE del pasado 5 de noviembre publicó una orden, de 30 de octubre, con el Procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. En el contexto de la orden se expone que "es necesaria una actuación más coordinada y acorde a nuestros valores democráticos que haga frente a los riesgos para las sociedades abiertas". En el apartado 2, titulado Propósitos y Objetivos, se dice que: "Dado el rápido progreso del entorno digital, el uso intensivo de los medios digitales y la complejidad de la temática abordada, establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España resulta imprescindible".
Sigue la orden diciendo que las acciones que contempla "(…) apoyarán el fomento de la información veraz, completa y oportuna que provenga de fuentes contrastadas de los medios de comunicación y las Administraciones, en el marco de la comunicación pública". Los actores intervinientes en esta "lucha" contra la desinformación serían la Secretaría de Estado de Comunicación, el Departamento de Seguridad Nacional, así como el Centro Nacional de Inteligencia, entre otros. No me digan que no es de susto.
Cuando George Orwell, en su famosa novela tristemente profética 1984, hablaba entre otros del Ministerio de la Verdad, no creíamos que fuera posible que en pleno siglo XXI dichas visiones pudieran convertirse en realidad en nuestro país. Este Ministerio de la Verdad era una institución ficticia, ideada por el autor, como uno de los cuatro ministerios con los que el Partido -por cierto, único- ejercía el gobierno en esta novela. En realidad, el ministerio no fomentaba la verdad, sino que era responsable del establecimiento de un nuevo lenguaje entre la población, de acuerdo con el concepto de doble pensamiento, fabricando o creando su "verdad" y mostrando, a base de alterar los registros históricos, una versión aprobada por el gobierno de los acontecimientos. No dirán que todo esto no les resulta más que familiar e inquietante.
En el artículo 20 de la Constitución Española se reconocen y protegen el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria artística científica y técnica, a la libertad de cátedra y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Así mismo, este artículo prohíbe que el ejercicio de estos derechos se restrinja mediante ningún tipo de censura previa, así como dispone que solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
Por tanto, no existe, bajo el prisma constitucional, la posibilidad de ejercer un control administrativo o gubernativo de la información y de las publicaciones, como pretende la orden publicada, y menos aún con carácter previo, dado que esta competencia recae en exclusiva en los jueces. Lo que pretende hacerse con la orden es vulnerar lo que dispone la Constitución con respecto a este derecho constitucional.
Es cierto que existe una sobreabundancia de información, que en muchos casos no nos da tiempo ni siquiera a absorber, dada su magnitud, lo que es en buena medida consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías. También es cierto que se difunden a menudo determinados bulos y noticias falsas, conocidas como fake news, que atentan contra el propio derecho a la información veraz. Y que deberíamos poder combatirlos de algún manera que no implicara con ello vulnerar la Constitución.
Hemos de poder discriminar lo importante de lo que no lo es, pero primeramente hemos de ser capaces de deslindar lo auténtico de lo falso. Otro debate pendiente, del que ya nos ocuparemos otro día, son las noticias que recibimos y por qué. Por qué los medios de comunicación ponen el foco en determinadas noticias y acallan en cambio otras.
Al parecer, el Gobierno pretende imponer, por medio de esta orden contra la desinformación, una mordaza a la libertad de expresión, que es uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho, y al que deseo, como la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, una larga vida. Porque de totalitarismos ya hemos tenido bastantes en nuestro país. No deja de ser este otro ataque indebido flagrante más, que no el primero, a nuestra Constitución, denostada por quienes quieren poder saltársela a la torera por el procedimiento de negar la mayor, esto es, mediante la repetición de que ya no vale, y dictando normas a fin de dejarla como un papel meramente testimonial, pero carente de contenido y de fuerza de obligar.
Todo ello para poder gobernar a su antojo, sin control alguno. Este hecho es de una enorme gravedad y espero, como no podría ser de otra manera y por el bien de todos nosotros, en defensa del Estado de Derecho, que esta orden sea declarada lo antes posible inconstitucional, pues muchos juristas, entre los que modestamente me cuento, consideran que de facto lo es.
