Votación del pleno de la Asamblea Regional, este miércoles. Foto: MARCIAL GUILLÉN (EFE)MURCIA. Diez años después de su creación en pleno albur de los anhelos de regeneración democrática y demandas de transparencia, el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia ya es historia. La Asamblea Regional ha aprobado este miércoles la modificación de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de 2014. La reforma, que sale adelante con 26 votos de a favor de PP y Vox y el rechazo de 12 diputados de PSOE y Podemos Izquierda Unida, autoriza la puesta en marcha de la figura del comisionado de la Transparencia, un puesto de cuatro años que será propuesto por Vox, tal y como acordaron con los populares en su acuerdo de Gobierno de 2023, aunque tendrá que ser ratificado por la propia Asamblea.
El pleno de este miércoles completaba así la sesión paralizada el pasado 26 de junio, cuando la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, ordenó la suspensión tras llamar al orden tres veces al diputado de Podemos Víctor Egío, quien se negaba a abandonar la sala por haber recibido ataques personales y bulos por parte del portavoz de Vox.
La reforma fulmina el Consejo de la Transparencia tal y como se había concebido hasta ahora, formado por 18 miembros, si bien muchos de ellos se encontraban sin actualizar. Ahora pasa a convertirse en un órgano unipersonal, bajo el nombre de comisionado de la Transparencia. Además el Pleno de la Transparencia se sustituirá por una Comisión de Transparencia, compuesta por el comisionado y cuatro funcionarios.
Esta propuesta era uno de los puntos clave del acuerdo programático de coalición del PP y Vox, sellado a comienzos de septiembre. Ambas formaciones querían actualizar la actual Ley de Transparencia regional y se comprometieron a impulsar una reforma legislativa para dotar al presidente del Consejo de la Transparencia de las atribuciones de 'Defensor del Pueblo de la Región de Murcia'.
Se da la circunstancia de que el Consejo de la Transparencia nació en el año 2014 bajo la Presidencia de la Comunidad de Alberto Garre, entonces dirigente del PP y hoy diputado autonómico de Vox.
El portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, defendió que "se elegirá al nuevo responsable de la Transparencia en la Región de Murcia y será un comisionado independiente" como fruto "un acuerdo político y público". A su juicio, al pasar de un Consejo de 18 miembros a un órgano unipersonal "vamos a ganar en agilidad, eficacia y rapidez de respuesta". El comisionado, apuntó, será "un profesional de reconocido prestigio, que no tenga afiliación política y que sea elegido por una mayoría cualificada de los representantes de los ciudadanos, que es la Asamblea". Además, Segado sostiene que la nueva Ley de Transparencia agilizará la resolución de los expedientes. "Es una reforma buena para garantizar la transparencia y la independencia del órgano, que resolverá las consultas que se planteen frente a las reclamaciones de acceso a la información pública".
El portavoz de Vox, Rubén Martínez, se mostró convencido de que servirá para "homogeneizar la información que la Administración pública pone al servicio del ciudadano". Además, añadió, "así podremos evitar comportamientos como determinados grupos políticos que anuncian iniciativas en la Asamblea por cientos y podremos exigir que se publique la información como la asistencia que tienen determinados diputados a esta Asamblea y que no seamos objeto de bulos y para que no oculten con discursos victimistas la verdadera realidad de esta Asamblea o de cualquier cargo público".
En cambio, ña diputada de Podemos y portavoz del Grupo Mixto, María Marín, considera que PP y Vox han aprobado "la creación de un chiringuito como pago a la ultraderecha por mantener al señor López Miras en su poltrona que iba a llamarse Defensor del Pueblo y que finalmente se ha llamado comisionado de la Transparencia". La parlamentaria ha recalcado que este profesional cobrará 80.000 euros anuales y que supondrá también la creación de "cinco contratos a dedo que van a costar a la ciudadanía de Murcia casi 600.000 euros al año".
Desde el PSOE, Lola Jara esgrimió que PP y Vox "han acabado con la transparencia para gestionar la Comunidad Autónoma a su libre albedrío, como si fuera un chiringuito". En su oinión, "nuevamente, la ultraderecha marca el paso en nuestra Región y el PP claudica ante Vox". La socialista afirmó que lucharán "con todos los recursos a su alcance para evitar el perjuicio que esto supondrá a los ciudadanos de la Región en su derecho democrático a la información pública y las normas de buen gobierno", porque, concluyó, "sin transparencia no hay democracia".
La Presidencia del Consejo de la Transparencia fue objeto de controversia en la pasada legislatura, con hasta tres personas en el cargo tras la renuncia del magistrado Julián Pérez Templado en junio del 2022. Su sustituto, el profesor Santiago Álvarez, se marchó entre críticas al Gobierno regional -le acusó de "boicot"-, y a finales del 2022 asumió el puesto Juana Pérez, presidenta de la organización de consumidores Thader Consumo.
Del resto de los actuales miembros, muchos nombres se encontraban sin actualizar. Por citar sólo dos ejemplos: la propia página web del Consejo reseña que el portavoz del PSOE es Francisco Lucas (quien esta legislatura es diputado nacional, no regional) y aparece también como miembro Francisco Álvarez, el otrora portavoz de Ciudadanos, hoy asesor de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresas.
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