El proyecto de Ley que acaba de entrar en el Senado es, sin duda, la peor de las leyes universitarias hasta la fecha.
El sprint legislativo con que se ha cerrado 2022 contiene otras disposiciones que no han tenido la repercusión mediática acaparada por la reducción en las penas de los delitos de sedición y malversación. Durante 2022 se han aprobado muchas normas relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que forman parte de los diferentes hitos y reformas a desarrollar a cambio de los desembolsos acordados con la Comisión Europea. Por ello el interés del gobierno de España por hacer ciertas reformas en el plazo acordado, sea cual sea el resultado de las mismas. Parece que este va a ser el caso de la reforma de la universidad española a través de la LOSU. En concreto, la número C21.R3 es, textualmente, la "Reforma integral del sistema universitario que promueva el acceso a la Educación Superior, para adecuar la organización de las enseñanzas universitarias y la buena gobernanza de las instituciones universitarias, así como fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador".
El proyecto de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) no es nuevo. Ya el ministro Castells inició la confección de diversos borradores que el ministro Subirats ha retomado. Antes de Navidad el proyecto de ley pasó al Senado, no sin antes sufrir una modificación de última hora que supone permitir la toma de posición política de los Consejos del Gobierno universitarios. A pesar del revuelo que el tema ha suscitado, la reacción desde “dentro” sería probablemente tan cínica como la del capitán Louis Renault en Casablanca: "¡Qué escándalo! ¡La universidad está politizada!". Bromas aparte, la politización de la universidad es algo que todos sabemos y que en muchos casos nos toca sufrir a diario. Sin embargo, aun estando completamente de acuerdo con que éste no debería ser el caso, el pronunciamiento político en las universidades está lejos de ser el principal problema o la mayor amenaza que sufre la universidad española. Es, simplemente, un síntoma.
El funcionamiento interno de las universidades es muy complejo y, en ocasiones, ni sus propios trabajadores (y menos los estudiantes o las familias) lo entienden. Esto hace que no sea frecuente que estos temas aparezcan en los medios, a pesar de sus repercusiones. La enseñanza universitaria y la investigación son bienes públicos, puesto que tiene más beneficios sociales que privados y ello explica que las autoridades deban velar por su buen funcionamiento. Hoy en día, aunque desde fuera se vea de otra forma, la mayor parte de la investigación que se hace en España proviene de investigadores afiliados a universidades, públicas en su mayoría. En cambio, lo que la sociedad percibe de las universidades es su papel docente, también fundamental para la transmisión del conocimiento y la formación de los jóvenes. Para realizar estas últimas funciones con el nivel que cabe esperar en una economía avanzada es preciso un grado de exigencia creciente en resultados de investigación.
Aunque es muy relevante el papel que cumple la universidad en otros ámbitos, sin una buena base investigadora (teórica y aplicada) ni la transferencia del conocimiento, ni la innovación serán posibles. Ahora mismo las universidades españolas necesitan claramente un realineamiento de estrategias, objetivos e incentivos, puesto que la burocratización y la infantilización que han invadido a la enseñanza superior están poniendo en peligro que cumplan su doble función social primordial. A los profesores universitarios se nos conoce como PDI (Personal Docente e Investigador) y, aunque haya otras muchas actividades que realizamos, éstas son las primordiales, puesto que las demás emanan de ellas (como la divulgación, la transferencia o la innovación). Que un profesor universitario sea funcionario del Estado garantiza la libertad de cátedra y que la transmisión del conocimiento no se vea contaminada por criterios políticos. Por eso las leyes han establecido siempre que la mayor parte del PDI sea funcionario del Estado (no de las CCAA, aunque las universidades reciban su financiación de éstas).
En España ha habido 'tan sólo' tres leyes universitarias: la LRU (Ley de Reforma Universitaria) de 1983, siendo ministro José María Maravall, y presidente Felipe González; la LOU (Ley Orgánica de Universidades) de 2001, realizada por la ministra Pilar del Castillo y el presidente José María Aznar; y la LOMLOU (Ley Orgánica de Modificación de la LOU) es la más reciente, en 2007, siendo ministra Mercedes Cabrera y presidente José Luis Rodríguez Zapatero. La LRU fue la más importante, la más difícil, pero también la mejor y más exitosa de las tres. Supuso abrir el sistema español a pautas anglosajonas como las siguientes: profesores ayudantes, no doctores, como contrato de entrada a la universidad, que deben pasar un tiempo en otra institución antes de ser contratados como funcionarios; profesores funcionarios del Estado con 3 niveles distintos, con competencias también diferentes, dejando un importante papel a los departamentos en la selección (tribunales de 5 miembros con 3 de ellos por sorteo entre toda España); dos ciclos de enseñanza de 3 y 2 años, con diplomaturas e ingenierías técnicas, de primer ciclo y licenciaturas e ingenierías superiores, de dos ciclos. El desarrollo de la LRU supuso un importante grado de autonomía para las universidades, manteniendo el Ministerio la coordinación del sistema. Se creó una comisión nacional para evaluar la actividad investigadora de los profesores, con criterios comunes por áreas, mientras que la evaluación de la docencia se dejó a las universidades.
El proyecto de Ley que acaba de entrar en el Senado es, sin duda, la peor de las leyes universitarias hasta la fecha. Me apena mucho decirlo, puesto que los fondos europeos nos daban una oportunidad que pocas veces se presenta: disponer de financiación para la reforma. Pero una buena reforma universitaria no debería hacerse pensando exclusivamente en los grupos de interés que, como en todos los ámbitos, presionan durante el proceso de elaboración. Los trabajadores, los gestores y la administración universitaria estamos al servicio de los ciudadanos. Además, la lectura de la ley es penosa, por el lenguaje empleado y por las páginas desperdiciadas en cuestiones accesorias. Sonroja la destrucción, artículo a artículo, de los principios básicos que deben animar el desempeño público. Lo que se deduce de su lectura es que se rompen todos los vínculos que, precisamente, hacían que tuviéramos un sistema español de universidades.
En una pirueta de neo-lengua orweliana, la Ley Orgánica del Sistema Universitario hace saltar los hilvanes (ya debilitados) del sistema y crea una confederación de mini-sistemas universitarios regidos por agencias regionales y, por tanto, por los criterios (a veces políticos) de sus dirigentes. Es decir, supone la ruptura del sistema. Lo más grave de la LOSU es que las agencias regionales acreditarán a los candidatos a funcionarios, cuando antes sólo podían hacerlo para los profesores contratados. Los sorteos para formar los tribunales no serán nacionales, sino entre miembros de una lista elaborada por la propia universidad. Por tato, lo que destila el texto es la consolidación del igualitarismo (que no la igualdad) y de la mediocridad en la universidad. Luego que nadie se sorprenda si somos incapaces de retener el talento y perdemos a los mejores. ¡Que inventen ellos! Pero no lo harán en España.