CARTAGENA. Vox llegó a la segunda sesión de investidura con una oferta de última hora: a cambio de desbloquear la investidura de Fernando López Miras, el partido de José Ángel Antelo propuso un documento con doce medidas y la exigencia de una Vicepresidencia y dos Consejerías para Vox. El primer punto incluye la derogación o modificación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. La oferta no prosperó, tal y como se mantiene el PP, dispuesto a gobernar en solitario; por tanto, Vox, junto con PSOE y Podemos Izquierda Unida, votó en contra de la investidura. Es la segunda votación fracasada tras la primera del pasado viernes. La negativa de los tres grupos, que suman 24 'noes' frente a los 21 'síes' del PP, obliga a reiniciar el proceso de negociación (la presidenta de la Asamblea iniciará de nuevo la ronda de consultas). Tienen de plazo máximo hasta el 7 de septiembre. Si no alcanzan un acuerdo, la Región de Murcia se iría de nuevo a las urnas.
El documento de Vox, desvelado por José Ángel Antelo en la tribuna de la Asamblea Regional, exige que, para desarrollar los 12 puntos previstos, Vox debe formar parte del Consejo de Gobierno, asumiendo "la Vicepresidencia del Ejecutivo y dos de las diez consejerías". La propuesta, titulada Preacuerdo de mínimos para la votación de investidura del 10 de julio, consta de doce medidas "vinculantes", con una duración de cuatro años y que se debería ampliar "ampliar y concretar cuanto fuere necesario para garantizar el mismo en un posterior acuerdo detallado, especialmente en lo referido a competencias y responsabilidades gubernamentales de cada parte". En rueda de prensa, Antelo explicó que su partido tiene una "grandísima capacidad" para gestionar "Agricultura, Ganadería y Familia", aunque, puntualizó, no descarta que sus departamentos sean otros.
El primer punto es el más importante, no sólo por lo que significaría sino porque además supondría corregir o cambiar una ley aprobada por el propio PP en 2020, en consenso con Ciudadanos (entonces su socio de Gobierno) y el PSOE (a la sazón principal partido de la oposición): es la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. Vox, que siempre ha rechazado esta norma porque considera que "criminaliza" al campo, aboga por "derogar/modificar/reformar la ley acordando con los agentes afectados y con el objetivo de proteger realmente al Mar Menor y no criminalizar a nuestro campo y su industria auxiliar". López Miras, en cambio, ha dicho en varias ocasiones que no piensa tocar esa ley.
Aquel texto se aprobó tras la grave crisis de mortandad de peces de la anoxia de 2019, hacía hincapié en alejar los fertilizantes químicos del Mar Menor y prohíbe cualquier tipo de actividad agrícola en los primeros 500 metros y tan sólo permite la agricultura sostenible y de precisión entre los 501 y 1.500 metros siguientes. El propio PP, mediante su portavoz parlamentario, Joaquín Segado, rechazó el pacto aduciendo que "respecto al Mar Menor, ni un paso atrás en su protección".
Los siguientes puntos del documento de Vox hablan de fomentar la superficies de regadío, defender el Trasvase Tajo-Segura y aprobar un Plan Hidrológico Nacional, dos puntos en los que sí están de acuerdo plenamente PP y Vox. Los de Antelo también piden poner en marcha un proceso de apoyo al mundo rural y proteger la caza y la pesca.
Otro asunto relevante del documento de Vox hace referencia a promover políticas que erradiquen la violencia intrafamiliar, "en especial la que sufren mujer y niños". No hay referencia expresa a la violencia de género. También exigen la eliminación de las ayudas públicas a las entidades que "promueven la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos".
Además, reclaman un aumento de la inversión en sanidad "para ampliar las plantillas y mejorar la atención médica a todos los ciudadanos". Solicitan que se garantice "una educación en la que sean los padres los que decidan cómo educar a sus hijos" y quieren "reducir todo tipo de gasto político innecesario y asegurar que cada euro que pagan los ciudadanos de la región con sus impuestos vaya destinado en su propio beneficio".
Y demandan políticas concretas de apoyo a la maternidad y la paternidad, "con deducciones sustanciales en todos los impuestos y especialmente en el IRPF autonómico por nacimiento o adopción. Un paquete que cuente también con ayudas a familias numerosas en materia fiscal, vivienda, gastos de transporte y gastos escolares y que combata la brecha maternal con subvenciones y complementos salariales durante el periodo de embarazo y lactancia y ampliando el programa de conciliación".
Joaquín Segado, del PP, que ironizó con el pasado baloncestístico del líder de Vox ("señor Antelo, no tapone", pidió que digan claramente "qué quieren hacer con la Ley del Mar Menor, porque reformar, derogar o modificar no es lo mismo". A su juicio, "derogar es una cosa y reformar o modificar es otra bien diferente". Los populares se han sentido molestos por sus intentos en vano de acuerdo: "Llevamos semanas intentando que se pronuncien sobre un documento de 88 medidas que les hemos presentado y del que todavía no tenemos ni la más mínima idea de qué es lo que piensan". De igual forma les afeó que hablan de "preocupación sobre el programa" y lo que les presentan "es un documento que dice 'queremos una Vicepresidencia y dos Consejerías". "Ustedes lo que están pidiendo son sillones, les da igual las competencias que asuman", zanjó.
