LORCA (EFE). Una sociedad promotora ha reclamado judicialmente al ayuntamiento de Lorca 900.000 euros correspondientes a un convenio urbanístico suscrito en 2005 para recalificar suelo rústico y convertirlo en urbanizable, que no llegó a ejecutarse. El Consistorio recurrirá judicialmente y el pleno municipal ha aprobado la personación en el municipio, según ha confirmado el alcalde, Diego José Mateos, que ha dicho el ayuntamiento “va a luchar para evitar que nos condenen”.
Los promotores reclaman al consistorio 765.000 euros más los intereses de demora y las costas judiciales por la operación urbanística fallida que iba a permitir la construcción de un residencial con 4.000 viviendas en la pedanía de La Campana sobre una superficie de 2,2 millones de metros cuadrados.
De haberse ejecutado el convenio La Campana habría pasado de tener una población de 464 habitantes a los 11.772 para los que fue proyectado el residencial, que nunca llegó a construirse ya que el consistorio no completó los trámites previstos.
El PP ha recordado que se trata de un convenio urbanístico aprobado el 3 de noviembre de 2005 por el PSOE, que entonces gobernaba el ayuntamiento de Lorca con mayoría absoluta. La concejala Belén Pérez ha dicho que es uno de los “convenios trampa” de que aprobó el PSOE hace quince años y ha considerado que la reclamación judicial “asesta un nuevo golpe” a la economía municipal a costa de la política urbanística que se desarrolló durante la gestión socialista. Pérez ha acusado además al alcalde de haber tratado de “ocultar información” sobre esa “herencia envenenada”.
En el otoño de 2005 el pleno municipal, solo con el voto a favor del PSOE que entonces estaba en la alcaldía, aprobó casi una veintena de convenios urbanísticos similares con promotoras para recalificar Suelo Inadecuado para el Desarrollo Urbano (SIDU) y convertirlo en suelo urbanizable en el que levantar unas 86.000 viviendas, ninguna de las cuales ha llegado a ser construida.
Ninguno de los proyectos urbanísticos, todos situados en el ámbito rural, contaba con los pertinentes informes que garantizaran el suministro de agua, energía o de servicios de telecomunicaciones.
El consistorio percibió de los promotores 12,8 millones de euros a la firma de los acuerdos, pero incumplió una cláusula que le obligaba a resolver en los tres años siguientes toda la tramitación urbanística para permitir su construcción o a devolver el dinero en caso contrario.
Transcurrido el plazo ningún convenio estaba resuelto por lo que ninguna de las viviendas fue construida y los promotores en bloque comenzaron a reclamar por la vía judicial el dinero que habían anticipado al ayuntamiento y que el consistorio ya había gastado.
Pérez ha reclamado al ayuntamiento “previsión y responsabilidad para realizar este pago” y ha dicho que el consistorio tenía conocimiento de una reclamación judicial previa. El alcalde ha dicho que “fue por culpa del PP por lo que no se cumplieron los convenios” al no realizar la modificación del plan urbano en el plazo previsto, ya bajo el mandato de los populares.
Durante dos años el PP mantuvo los convenios “en un cajón”, ha argumentado el alcalde, que ha atribuido a la “inoperancia” del partido que entonces estaba en el Gobierno local “las condenas” que ahora pesan sobre el consistorio. Ha recordado que ninguna de las condenas judiciales por el asunto de los convenios ha tenido que ver con la firma de los acuerdos urbanísticos, sino con su incumplimiento por parte del ayuntamiento.
“Quien no cumplió su parte fue el PP”, ha sostenido el alcalde, que ha pedido al partido en la oposición “que no se rasgue las vestiduras”.
De la suma total de las condenas por 11,4 millones, el consistorio ha pagado de forma íntegra casi diez millones de euros y tiene pendiente el abono a plazos del resto hasta el año 2021.
Hasta ahora han sido 13 los convenios recurridos judicialmente, todos con fallo contrario al ayuntamiento.
