MURCIA. Las Cortes de Castilla-La Mancha, el parlamento autonómico de la comunidad vecina, se ha visto en la obligación de paralizar su contrato de seguridad. Y es que este organismo había excluido de la licitación de este servicio a CMM Guard, una empresa del ramo con sede en San Javier, que no se ha mostrado conforme con la decisión y ha presentado un recurso.
En concreto, la mesa de contratación decidió suspender la candidatura de la empresa procedente de la Región alegando que no tenía ningún plan de igualdad vigente, requisito indispensable para participar en el concurso. La firma de vigilancia sí aprobó el 11 de junio de 2018 un documento que cubría estas necesidades, pero transcurridos sus 5 años de vigencia ya se encontraba caducado.
No obstante, la compañía también cuenta con un segundo plan con periodo de vigencia desde 2023 a 2027, aunque en este caso las Cortes interpretan que aún está pendiente de aprobación porque "no aparece ninguna firma ni fecha de aprobación del mismo".
Sin embargo, la empresa de San Javier no se encuentra conforme con esta decisión, pues argumenta que sí ha solicitado su inscripción en el Registro de Planes de Igualdad "en base a las resoluciones de los tribunales de contratación". Por tanto, ha presentado un recurso contra su exclusión y espera poder volver a competir en esta licitación.
Por tanto, el órgano de contratación ha decidido finalmente paralizar la licitación de manera cautelar hasta que se resuelva el recurso, pues considera que, de no hacerlo, se podrían causar "perjuicios irreparables" a CMM Guard, pues quedaría fuera de un concurso al que podría tener la posibilidad de optar.
Cabe recordar que el contrato para la vigilancia de este organismo ya recibió un recurso previamente, pues Viten Seguridad también fue excluida por este mismo motivo. No obstante, en este caso tampoco la documentación aportaba permitía acreditar la solvencia económica, financiera y técnica de la empresa, de forma que no se decidió suspender el proceso en aquel momento.
Con una vigencia de dos años, este concurso cuenta con un presupuesto de cerca de 1,1 millones de euros, aunque podría llegar a prorrogarse durante otros 24 meses. La compañía que se alce vencedora se encargará de la vigilancia y seguridad de las instalaciones de las Cortes de Castilla-La Mancha, cuya sede se encuentra en el antiguo Convento de San Gil de Toledo.
