MURCIA (Efe). El abogado Andrés Santiago Arnaldos ha reclamado al Gobierno de Murcia el pago de una minuta de 165.000 euros por la asistencia jurídica que asegura que prestó a la empresa pública Desalinizadora de Escombreras (DE) entre 2013 y 2016.
Aunque el exsecretario general del extinto Ente Público del Agua (EPA), presentó su reclamación el pasado diciembre, su existencia ha sido conocida ahora a raíz de que el letrado de la comunidad autónoma haya pedido al juzgado de instrucción de Murcia que esa petición sea incorporada a las diligencias que investigan a Arnaldos por un presunto delito de falsedad.
El escrito del reclamante, al que ha tenido acceso Efe, señala que el bufete que dirige prestó asistencia jurídica a DE desde 2007 "como obligación complementaria al desempeño del cargo de secretario general del EPA, del que dependía aquella mercantil, sin percibir honorarios por el asesoramiento diario que se ha venido prestando desde el 31 de diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016".
Y añade que esa colaboración profesional se llevó a cabo a petición del EPA y de sus sociedades participadas. Agregaba que si pasados 15 días desde su reclamación seguía sin percibir lo reclamado, ejercitaría cuantas acciones fuesen precisas para conseguir el cobro de la suma adeudada.
Además, dejaba bien claro que esta reclamación no tenía nada que ver con los pleitos que tiene entablados por los honorarios que se devengaron por la defensa ante los tribunales de justicia de la desalinizadora frente a dos demandas presentadas por sendas empresas del grupo con ACS y que la administración regional no le ha abonado aún.
Aludía con ello a otra reclamación, por un importe total de alrededor de 1,4 millones, que igualmente ha exigido a la Comunidad por la defensa que hizo de la DE en la demanda planteada por dos sociedades que pidieron a esta 570 millones en concepto de deudas pendientes.
Precisamente esa anterior reclamación es la que ha dado origen a una causa abierta contra el letrado en un juzgado de instrucción de Murcia, en la que la fiscalía ha reclamado una condena de un año de prisión y multa de 5.400 euros como presunto autor de un delito de falsedad.
El ministerio público sostiene en su acusación que Arnaldos manipuló presuntamente un acta del consejo de administración del EPA para tratar de justificar así que este órgano le había encargado la defensa de la desalinizadora frente a esas demandas.
Además, mantiene en su escrito de acusación, presentado el pasado octubre, que el texto del acta aportada por este abogado no coincide con el de la que se conserva en el EPA, ya que en esta no figura el cuestionado añadido.
Arnaldos ha negado en todo momento la falsedad al señalar que se trata de dos actas complementarias, en ningún caso contradictorias.
