La laguna salada, una joya natural única en Europa, vive su peor crisis ecológica. La gota fría, la contaminación tras décadas de un desarrollo urbanístico y agrícola intensivo y la inacción de las instituciones han provocado que su supervivencia esté en juego. ¿Se ha llegado a un punto de no retorno?
MURCIA. La escena provoca que se le empañen los ojos hasta al más insensible. Miles de peces se agolpan muertos o moribundos en la orilla del Mar Menor. Doradas, lubinas, cangrejos, langostinos, quisquillas, anguilas, lenguados… Las imágenes de los desdichados agonizantes, luchando sobre la arena por una bocanada de oxígeno que les mantenga con vida, corren como la pólvora a través de las redes, despiertan la indignación y sacuden la conciencia de ciudadanos, representantes políticos y personalidades de dentro y fuera de la Región de Murcia. El hastag #SOSMarMenor se hace viral.
Las preguntas se suceden. El Mar Menor duele. ¿Por qué una joya natural, una laguna salada única en Europa, no se ha protegido lo suficiente? ¿Cómo ha quedado sin oxígeno y provocado la muerte masiva de miles de peces? ¿Es reversible su deterioro? La respuesta, además de compleja, no deja a nadie satisfecho: los factores y los responsables son múltiples y se suceden a lo largo de cuatro décadas. Si hay solución, nadie se atreve a asegurarla.
El trágico episodio tiene lugar el 12 de octubre en la playa de Villananitos de Lo Pagán (San Pedro del Pinatar). El Gobierno regional se apresura a dar una versión de por qué se ha producido esa muerte masiva de peces: es consecuencia de la DANA. La Región ha sufrido justo un mes antes el peor fenómeno meteorológico del último siglo, con lluvias torrenciales que alcanzan los 400 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Como consecuencia, miles de litros de escorrentías llegan al Mar Menor borrando la línea de costa y contaminando sus aguas con todo tipo de sustancias. El Mar Menor, un paraíso natural, convertido en vertedero.
La teoría no convence ni a las asociaciones ecologistas ni a las plataformas ciudadanas. Pedro García, de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), presente en las mismas playas donde perecen sin remedio peces, crustáceos y moluscos por millares, impotente ante la dantesca escena, acusa de negligencia al Gobierno regional y le reprocha la falta de compromiso real con la laguna. “Es una situación muy grave, la peor que ha tenido el Mar Menor. Aquí hay mucho más de lo que se ve. Los peces muertos se pueden contar por millones, no por miles. Y puede volver a ocurrir”, asegura. Explica que antes de la DANA la situación del Mar Menor era ya trágica porque “la Comunidad lo ha desprotegido en favor de otros intereses. Ha tenido un papel contrario al que debía". Algunos cálculos dicen que han muerto todos los seres vivos a partir de tres metros de profundidad, que representa el 70 por ciento de la superficie total del Mar Menor. De momento, las cifras oficiales hablan de tres toneladas y se esperan los resultados de los análisis del agua.
“Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso”, subraya el abogado medioambiental Eduardo Salazar. “La construcción y la agricultura alrededor del Mar Menor ha impermeabilizado el suelo. En vez de empapar, el agua corre igual si tienes cemento como si son regadíos intensivos de última generación. Y el agua siempre va a parar al Mar Menor, arrastrando todo lo que encuentra a su paso”.
Muchos comparan la situación con los momentos más dramáticos de la crisis del Prestige en Galicia. Defienden que la gota fría que azotó el Levante no ha hecho sino acentuar un problema que ya existía, creando una tormenta perfecta sobre un Mar Menor moribundo. Y señalan un doloroso precedente en el verano de 2016 con la llamada ‘sopa verde’, cuando las transparentes aguas cambiaron drásticamente de color y se volvieron turbias, sin visibilidad a más de un palmo de profundidad. El Gobierno regional explicó entonces que se debía a un proceso de eutrofización, un enriquecimiento de las aguas por un aporte elevado de nutrientes. Que desde ese momento no se tomaran las medidas ni los controles necesarios para revertir la situación es la principal crítica de estos días.
Isabel Rubio forma parte del comité de coordinación del Pacto por el Mar Menor, una plataforma ciudadana que se creó en 2015 para proteger e impulsar medidas de protección para este espacio único en Europa. Ha inmortalizado con su cámara la evolución de la laguna durante los últimos años y los ha colgado para su difusión en un blog que actualiza con regularidad. Tablet en mano, señala algunas de las imágenes que se agolpan en la pantalla. “¿Ves?”, dice mostrando la foto de unos caballitos que languidecen en la arena. Asegura que son de antes de la DANA. Le siguen doradas y hasta caracolas “que no salen nunca del agua porque no pueden sobrevivir ni un momento. Que no digan que esto ha sido la DANA porque el Mar Menor ya estaba en la UCI”.
Cuenta que en 1980 se celebraron las primeras jornadas sobre la laguna en el Instituto Español de Oceanografía “y ya se decía entonces que si se ponían regadíos en su entorno, con los químicos y fertilizantes que se utilizan en la agricultura, llegarían al mar y la flora y la fauna sería aniquilada. A-ni-qui-la-da”, repite despacio. “Si hay una palabra que defina lo que ha pasado es la de aniquilación. Que hace 40 años hubiera gente diciendo que esto podía llegar, y que no se haya hecho ningún caso, es algo que sorprende, indigna y enfada”, concluye.
Hay tres impactos claros en lo que ha ocurrido: la agricultura, el urbanismo alrededor de la laguna y la construcción del canal del Estacio. “Cada uno ha afectado de una manera”, puntualiza Rubio. Coincide con su lectura las organizaciones ANSE y WWF que califican el episodio de la muerte masiva de peces de “crisis ecológica” y muestran un origen muy claro: un desarrollo agrícola y urbanístico desaforado y la inacción de los responsables políticos.
Además, critican que se hayan descartado medidas del Plan de Vertido Cero impulsado por el Ministerio y la Comunidad Autónoma, como la creación de filtros verdes y grandes superficies naturalizadas eliminando parte de los cultivos intensivos del entorno de la laguna, y apuestan por incluir otros como la eliminación puertos deportivos y de parte de las construcciones situadas en zonas de inundación.
La configuración de la laguna ha cambiado drásticamente desde los años 70 debido al fenómeno de la urbanización masiva para el turismo de amplias zonas de la costa, creando un cinturón de hormigón a su alrededor. Donde antes se sucedías infinitas playas vírgenes, ahora se acumulan casas y edificios. El perjuicio del urbanismo no es sólo la construcción de viviendas a gogó, son, también, los servicios que demandan los veraneantes de esas zonas y los residuos urbanos que generan: casas en primera línea, paseos peatonales, playas con arena y puertos deportivos, basura que se acumula a lo largo de los años. “Hay más puertos en el Mar Menor que en todo el Mediterráneo: 1 cada 7 kilómetros. La densidad constructiva es altísima”, apunta Eduardo Salazar. En las últimas décadas se han perdido 40 kilómetros de extensión de costa en el Mar Menor debido a los rellenos que se han realizado para propiciar playas artificiales. “Eso es una presión tremenda. Y hay urbanizaciones construidas encima de ramblas”, apunta.
También la agricultura juega un papel crucial. La llegada del trasvase Tajo-Segura permitió multiplicar los cultivos de regadío. Una gran noticia para el sector que ha crecido de forma imparable desde hace 20 años pero que ha provocado un perverso efecto sobre el Mar Menor, el final de la vertiente de todas las cuencas de esa zona. Los cultivos dirigen sus excedentes cargados de salmuera, químicos y nutrientes hacia el mar como si fuera un pozo sin fondo año tras año. “Imagínate, es como si los restaurantes de la zona cogieran los platos y tiraran la basura al Mar Menor todos los días. ¿Qué haríamos?”, se pregunta Rubio.
En la actualidad, ascienden a 11.000 hectáreas los cultivos ilegales en el Campo de Cartagena según cálculos de ANSE, aunque nadie lo sabe con certeza porque los controles y las inspecciones son escasas. “¿De dónde han sacado el agua?”, cuestiona Rubio. Y apunta a las desalobradoras. Para entender su función hay primero que remitirse a un gran acuífero subterráneo de 50 metros de profundidad situado en el Campo de Cartagena. Su agua es salina y se convierte en apta para el riego después de un proceso en el que la desalobradora es vital para extraer la sal. “A las primeras se les dio permiso. Después proliferaron de forma ilegal”, apunta. Hasta 2.000 podrían existir de forma clandestina aunque no se sabe el número exacto. “Se pueden esconder fácilmente porque son pequeñas. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha encontrado algunas pero es muy difícil”.
El gran problema es el excedente de salmuera y nitratos que produce depurar el agua del acuífero “porque hace 30 años era sólo agua salada, pero ahora va con pesticidas, fosfatos y otros”. Tradicionalmente se ha eliminado a través del canal del Albujón, “un río que durante años ha echado cientos de litros al Mar Menor”, señala Rubio.
Hay otro factor que ha contribuido de forma determinante a cambiar la configuración de la laguna salada, cuyas características más singulares eran su alta salinidad, una temperatura templada durante todo el año y la falta de nutrientes. En los 80 se ensancha y se draga el canal del Estacio, que es una comunicación natural entre el Mar Menor y el Mediterráneo, tan estrecha en origen que apenas podían pasar los barcos de pescadores. Con el plan del promotor Tomás Maestre se amplió para que pudieran pasar las embarcaciones de mayor calado. “El Estacio ha afectado a la configuración físicoquímica del Mar Menor, su salinidad y la temperatura. Alteró la flora y la fauna con la entrada de especies que jamás habían estado en el Mar Menor. Fue un impacto ecológico tremendo”, subraya Rubio.
“Las administraciones no vigilan que haya buenas prácticas agrícolas. Es un sector muy mimado, nadie los controla”, asegura el abogado mediambiental Salazar. Los responsables principales, defiende, son las autoridades que tienen las competencias en Medio Ambiente y las de agua, es decir, el Gobierno regional y la Confederación Hidrográfica del Segura, respectivamente. “La CHS debe controlar de dónde sale el agua y cómo se riega y la Comunidad velar porque se cumpla la normativa. Pero no hay ningún control. No interesa”.
El sector agroalimentario de la Región de Murcia genera el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), lo que lo convierte en uno de los pilares básicos de la economía regional. No es una cuestión baladí. Murcia es la primera provincia nacional exportadora de frutas y verduras, con 2,5 millones de toneladas exportadas en 2018.
La fiscalía abrió una investigación a raíz del episodio de ‘la sopa verde’ y la juez ha imputado a presidentes de la CHS, exconsejeros de Medio Ambiente de la Comunidad y grandes empresas agrícolas en el llamado ‘caso Topillo’. De momento, está en fase de instrucción y ha obtenido la calificación de ‘causa compleja’ para ampliar a 18 meses la investigación. Se suma, a raíz de la muerte masiva de peces, la investigación a nivel penal que ha abierto el fiscal de Medio Ambiente, Miguel de Mata, para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades.
El Pacto por el Mar Menor ha denunciado el caso ante la Unión Europea. De momento, sin éxito. Una de las acciones que persiguen es solicitar a Bruselas una inspección de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), destinadas a los agricultores que tienen entre sus condiciones reducir el impacto ambiental y no contaminar. “Con una auditoría se podría demostrar el daño irreparable que han originado”, apunta.
El catedrático Pérez Ruzafa también coincide en que no se han llevado a cabo las acciones oportunas para proteger la laguna. “Es evidente que no. Aunque hay numerosas leyes y figuras de protección, lo escrito sobre el papel no sirve para nada si no se aplica y se ejecutan las medidas adecuadas”. Añade que “el confusionismo y el enfrentamiento no ayudan a la resolución de problemas y menos si estos son urgentes”.
Tampoco las autoridades locales salen ilesas de este reparto de responsabilidades: tienen las competencias en ordenación del territorio y sobre lo que construyen en sus municipios. “Han permitido un urbanismo feroz alrededor de la laguna sin ninguna planificación en una zona que es muy sensible. También son responsables de lo que está pasando”, aduce Salazar. “Una joya ecológica declarada humedal Ramsar, algo que muy pocos espacios naturales tienen en el mundo, debe tener una especial protección y planificación”.
Si se ha llegado a un punto de no retorno en el Mar Menor es algo que nadie se atreve a predecir. Las perspectivas no son optimistas. “La reversibilidad va a depender de que lo hagamos bien o mal. El Mar Menor nos demostró que podía recuperarse de un proceso de eutrofización pero seguimos forzándolo en lugar de ayudarlo”, razona Pérez Ruzafa haciendo referencia a que dos años después de la ‘sopa verde’, en el verano de 2018, las aguas volvieron a ser cristalinas. “Ahora el evento que ha tenido lugar ha roto dramáticamente el ecosistema y es muy difícil saber cómo va a evolucionar. Desde luego, si no se cortan las entradas de agua dulce y nutrientes, probablemente será imposible”.
De momento, Gobierno regional y administraciones locales, todos los partidos políticos independientemente de su color, asociaciones y expertos, agricultores y regantes se han unido para intentar salvar el Mar Menor de una suerte incierta. Han comenzado los trabajos para la redacción del Decreto Ley para la protección integral del Mar Menor y el compromiso es aprobarlo antes del 1 de enero.
“Si no se adoptan medidas inmediatas y se vela por su cumplimiento, el Mar Menor no sale a flote”, apunta Salazar, que aboga por ejecutar “leyes ya aprobadas y más inspecciones para corroborar que se cumplen”.
Los ciudadanos se han manifestado para pedir a los responsables políticos que tomen cartas en el asunto y actúen de forma contundente para salvar la laguna en vísperas de una cita electoral. Y preocupa. Nadie quiere volver a ver imágenes de peces muriendo a toneladas sobre a la arena en una búsqueda desesperada de oxígeno. Isabel Rubio subraya que, como para muchos murcianos, su vínculo con el Mar Menor es personal. “No sé si esto tiene vuelta atrás. Es el mar de mi infancia, el primero que pisé, pero me temo que no lo voy a ver recuperado. Me duele en el alma”.
Una joya natural
El Mar Menor tiene 135 kilómetros cuadrados. Técnicamente es una gran albufera y un espacio declarado humedal Ramsar y forma parte de la Red Natura 2000. También está catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) y Zona Especialmente Protegida de Interés para el Mediterráneo (ZEPIM).
Comité científico
El Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor ha sufrido una merma considerable en los últimos meses. Se trata del órgano consultivo que puso en marcha el Gobierno regional hace tres años para guiar las acciones en torno a la laguna. Pero desde entonces su papel e independencia se ha puesto numerosas veces en entredicho. En total, ocho de sus miembros han dimitido, cuatro lo hicieron en junio y otros cuatro a finales de octubre tras el episodio de la muerte masiva de peces. Discrepan de la versión oficial que señala la DANA como única responsable, critican su escasa operatividad y denuncian el papel del portavoz, Pérez Ruzafa.
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