MURCIA. John tiene 48 años y vive en Sant Lake City, en el estado de Utah, en los poderosos y ricos Estados Unidos de América. El pasado mes de junio empezó a sentirse mal. Tras demostrar que tenía seguro médico, en el hospital le realizaron una PCR, que dio positivo. Le mandaron a casa, pero días después ingresó inconsciente, con un fuerte fallo pulmonar. Dos meses y medio de estancia en el hospital le han dejado graves secuelas, pero afortunadamente puede contarlo. Al llegar a la puerta del hospital se encuentra con que su seguro no le cubre todos los gastos y tiene que afrontar una factura de 35.000 dólares por haber contraído el coronavirus.
"La dedicación del personal sanitario y también del personal de limpieza y mantenimiento, muchas veces con contratos muy precarios, es una prueba de la importancia de la solidaridad y el buen hacer hacia el paciente"
Este caso imaginario, pero muy factible, suena extraño e incomprensible para cualquier ciudadano español. En nuestro país, durante décadas hemos construido un modelo público de sanidad que garantiza una asistencia completa a toda la población, sin coste alguno para el usuario. Cierto es que durante los últimos años se ha producido una paulatina privatización, pero cuando vienen mal dadas, cuando se trata de un problema de salud grave o que afecta al conjunto de la población, quien responde es siempre la pública. A pesar de los recortes y de los esfuerzos por convertir la sanidad en un negocio, son los profesionales de la sanidad pública quienes se dejan todo, incluso la vida, cuando ocurre una circunstancia como la que ha padecido el mundo con la crisis del coronavirus.
Mientras los hospitales privados, muchos de ellos con conciertos con la administración, buscaban cómo enriquecerse con la pandemia, tratando incluso de plantear ERTE a sus profesionales sanitarios como fue el caso del Hospital de Molina de Segura, una sanidad pública dotada insuficientemente y con un personal saturado de trabajo, despedían simplemente con un gesto de cariño como factura a los pacientes recuperados. Quien ha vivido en carne propia la estancia de un hospital público durante la crisis de la covid-19 sabe que la sanidad pública es un logro social irrenunciable, impagable y sin el cual la sociedad española no sería ni parecida a la que es. La dedicación del personal sanitario, como médicos y enfermeros, y también del personal de limpieza y mantenimiento, muchas veces con contratos muy precarios, es una prueba de la importancia de la solidaridad y el buen hacer hacia el paciente. Si el golpe del coronavirus no ha sido peor, si no tenemos que lamentar muchos más fallecimientos, es gracias a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública. Recordémoslo la próxima vez que algún dirigente político pretenda recortar en Salud Pública o externalizar servicios.
Pero mientras que a nadie se le ocurriría plantear hoy recortes en hospitales públicos (a nadie salvo a los políticos de la derecha murciana, que aprobaron un presupuesto para 2020 en plena pandemia que contiene reducción del gasto en material hospitalario y recetas), estamos asistiendo al enésimo intento del Partido Popular, ahora espoleado por Vox, para aumentar el número de conciertos y acabar de una vez con la red pública de centros educativos de la Región de Murcia. Hoy, cuando todo el mundo ha podido ver que la red de seguridad de los españoles y españolas son precisamente los servicios públicos, los dirigentes de nuestra comunidad autónoma se colocan su lazo naranja y defienden orgullosos que las empresas privadas puedan cobrar cuotas ilegales. Y este sí que no es un caso imaginario; ha ocurrido este mismo mes con el caso del colegio concertado Antonio Nebrija, condenado a pagar a la administración más de 300.000 euros por cobrar a las familias mensualidades prohibidas por ley.
Quienes hemos trabajado en la educación pública sabemos que es la única garantía, la única opción, de que exista cierta posibilidad de ascenso social. Es la educación pública la que hace posible que un niño o una niña sin recursos pueda acabar estudiando en la universidad, quién sabe si estudiando medicina y salvando vidas años después en la sanidad pública durante la próxima pandemia.
Ángel Luis Hernández
Secretario de Organización de Podemos Región de Murcia