Carles Puigdemont. Foto: GLORIA SÁNCHEZ (EP)MURCIA. El Congreso de los Diputado aprobó esta semana una de las leyes más controvertidas de la historia de nuestro país. La mayoría parlamentaria de los socios de Pedro Sánchez sacó adelante el texto legal que amnistiará al centenar de políticos y activistas catalanes que se vieron encausados por el proceso independentista de 2017. Los partidos de la derecha, en cambio, expresaron su rotundo rechazo. En la Región de Murcia, de hecho, su presidente (del PP) y su vicepresidente (Vox) cargaron en tromba contra la ley. "Un día negro para España", declaraba Fernando López Miras, quien se agarraba a los tribunales como última esperanza para frenar la la norma. "No cabe mayor humillación a nuestro país por el interés personal de Sánchez".
Ahora, consideraciones políticas al margen, ya queda en manos del tiempo comprobar su incidencia en la realidad social para calibrar la ley de amnistían. Por el momento, la opinión de los ciudadanos sólo se puede percibir a través de las encuestas. Y el último estudio demoscópico que ha pulsado la opinión de los murcianos arroja un resultado contundente: solamente el 24% opina que la medida de gracia mejorará la reconciliación entre Cataluña y el conjunto de España.
En cambio, el 45,5% considera que provocará el efecto contrario y empeorará la convivencia entre catalanes y el resto de españoles, tal y como recoge el barómetro del último barómetro del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM, publicado este viernes. Hay otro grupo, el menos numeroso con un 18%, que cree que la amnistía no producirá cambios notables en ninguno de los sentidos.
Los autores del sondeo resaltan "la división entre los votantes de los partidos del Gobierno de coalición y los de la oposición". Para los de PSOE y Sumar, la opción más elegida es la de que la amnistía mejorará la reconciliación entre Cataluña y el resto del Estado, pero no alcanzan a ser el 50%. Mientras, los de PP y Vox sostienen muy mayoritariamente que habrá un empeoramiento. Asimismo, los más jóvenes (18-30 años) manejan opiniones enfrentadas, mientras que a partir de esa edad son pesimistas.
La amnistía ha provocado todo un cisma político. El PSOE afirmó en campaña electoral que nunca aprobaría esta medida, pero tras los resultados electorales del 23 de julio cambió de discurso y comenzó una negociación con los partidos independentistas. Seis meses después, la ley es una realidad.
EL PSOE regional respalda sin fisuras la posición de su partido. "España da un paseo valiente y necesario para cerrar definitivamente las heridas que se abrieron hace diez años", valoraba José Vélez, el líder del PSRM, convencido de que el país sale más fuerte y más unido.
La derecha, en cambio, arremete con dureza. "Es una aberración jurídica y moral que acaba con el principio de igualdad de los españoles ante la ley, creando ciudadanos de primera y de segunda", criticaba el portavoz de la Comunidad, Marcos Ortuño, quien también afeaba que es "un traje a medida para los independentistas acusados de delitos muy graves".
"Hoy se produce el atentado más grave a los españoles honrados que cumplen la ley desde 1978", reaccionaba por su parte José Ángel Antelo, el líder regional de Vox y vicepresidente del Gobierno regional.
No sólo el Ejecutivo murciano planteará recursos en los tribunales. Ayuntamientos como Lorca, gobernado en coalición por el PP y Vox, se sumará al recurso que el Gobierno regional interpondrá ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Amnistía.
