MADRID (EP). El Ministerio de Transportes se ha abierto a negociar cambios en la Ley de Movilidad Sostenible ante la denuncia de varios de socios parlamentarios de que su redacción actual invade competencias autonómicas.
En concreto, Esquerra Republicana (ERC), PNV, Junts y BNG han advertido que la redacción actual de la ley vulnera las competencias autonómicas en materia de transportes y adolece de falta de financiación para el transporte público.
Una ley que este miércoles el secretario general de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha presentado a los grupos parlamentarios del Congreso en el marco de la tramitación de la norma, que quedó pendiente la legislatura pasada por el adelanto electoral de julio.
El primero en advertir del carácter centralista de la norma ha sido el diputado del BNG, Néstor Rego, quien ha instado a corregir la "anomalía" de que en Galicia no haya trenes de cercanías.
Asimismo, ha trasladado su preocupación por la estructura del mapa concesional del transporte público, que abre la posibilidad a que entren actores privados de forma excepcional. "El problema de estas excepciones es que, una vez que se establecen, es muy fácil irlas aumentando", ha apuntado Rego.
A renglón seguido ha intervenido Maribel Vaquero, del PNV, quien ha advertido que el plan nacional para el impulso a la bicicleta que incluye la ley "choca frontalmente" con las competencias autonómicas. También ha incidido en que el transporte público en Euskadi "sigue sin ser accesible por la falta de trenes" y ha propuesta dar mayor protagonismo al ferrocarril de mercancías.
En el turno de Junts, Isidre Gavin i Valls ha insistido en la línea de falta de perspectiva autonómica y su visión centralista, que la ven más característica de "un Gobierno del PP de hace 20 años". Aún así, ha admitido que puede estar de acuerdo con elementos como el fomento de la bicicleta y la movilidad sostenible.
Por parte de Esquerra, Inés Granollers ve "invasión de competencias" en la norma, que cree que se ha hecho "desde un despacho de Madrid". Por otra parte, ha reprochado que España sea el único país de la Unión Europea que no cuente con una ley de financiación del transporte público.
"Volviendo a la ley en trámite, el principal problema que se desprende es la voluntad del Gobierno español de legislar desde un despacho de Madrid, cómo debemos desplazarnos a 500 kilómetros de distancia", ha comentado.
En el turno de Sumar, el socio minoritario del Gobierno, Alberto Ibáñez ha avanzado que registrará una enmienda para reducir los vuelos cortos a favor de alternativas ferroviarias, tal como se firmó con el PSOE en el acuerdo de Gobierno.
El diputado de Compromís integrado en el grupo plurinacional ha deslizado que también introducirán otras modificaciones legislativas con el objetivo de descarbonizar el transporte y descentralizar su gestión. En este sentido, apuesta por transformar urbanísticamente las ciudades para que predomine la bicicleta o ir a pie a los sitios frente al coche privado.
En el turno de réplica, el secretario de Transportes ha asegurado que no es la intención del Gobierno "invadir competencias de cualquier Comunidad Autónoma". "Por tanto, nosotros estamos dispuestos a hablar si alguien considera que algún artículo, efectivamente, infringe competencias", ha subrayado Santano.
Pero el secretario ha remarcado que es "imprescindible" que en España haya una ley de movilidad sostenible. Primero, porque es el único país de Europa que no la tiene, y segundo, porque un desembolso de fondos europeos depende de la entrada en vigor de la norma.
Sumado a esto, ha recordado el traspaso del servicio de cercanías a Cataluña y Euskadi se puede negociar, siempre que lo quieran, con cualquier comunidad autónoma de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, tal como propuso el ministro de Transportes, Óscar Puente.
El secretario de Estado ha avanzado que desde el departamento que lidera Óscar Puente se propondrán enmiendas en línea con los compromisos adquiridos con la Unión Europea por la nueva adenda de los fondos europeos. Algunas de estas propuestas harán referencia a las autopistas ferroviarias y la moratoria para el incremento de los cánones ferroviarios para mercancías al menos cinco años.
"Si efectivamente en algún punto nosotros nos hemos sobrepasado, o se puede considerar que hay alguna invasión competencial, insisto, creo que este es un asunto que siempre se puede tratar", ha remachado.
Por último, Santano ha recalcado que desde el Ministerio tienen "muy claro" que la política de subvenciones que seguirán en el futuro estará condicionada con las políticas de transporte que haga cada municipio.
"Nosotros no podemos estar subvencionando a municipios que están levantando carriles bici o quitando carriles de bus o eliminando zonas peatonales. Lo pueden hacer está en su ámbito competencia, pro no con nuestro dinero", ha aseverado el secretario de Transportes.