MURCIA. El Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha criticado que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, "sentencia de muerte el sector agroalimentario del levante español" al prever una "nueva disminución" de las aportaciones del trasvase.
Con el fin de abordar la situación de manera urgente, cabe recordar que los regantes han convocado una protesta en Madrid este próximo miércoles, 11 de enero. La concentración tendrá lugar frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en la Plaza San Juan de la Cruz s/n, y su comienzo está previsto a las 10.30 horas.
En concreto, los regantes del trasvase han lamentado que el Miteco está inmerso en la revisión de los planes hidrológicos de las distintas demarcaciones intercomunitarias y prevé "una nueva disminución de las aportaciones del trasvase Tajo-Segura a las cuencas receptoras del Levante español".
"Una decisión que carece de justificación técnica y que deriva de la propuesta de incrementar los caudales mínimos en el eje del río Tajo, lo que supone una rebaja de los caudales susceptibles de ser trasvasados", según el Sindicato.
De esta forma, el Scrats advierte que existe una previsión de la disminución de los aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería en 105 hectómetros cúbicos, lo que "supondría 78 hectómetros cúbicos menos para regadío que la media actual y 27 hectómetros cúbicos menos para abastecimiento".
A su juicio, resulta "paradójico" que en un país como España, con una media de agua embalsada que supera los 20.000 hectómetros cúbicos, el Levante "tenga que continuar luchando para disponer de los recursos necesarios para seguir generando riqueza, empleo y progreso y por lo que supone un exiguo volumen con respecto a la cifra global". En su opinión, es "una clara evidencia de que algo se está haciendo mal en la planificación hidrológica de nuestro país".
Asimismo, el Sindicato ha señalado que esta reducción de los volúmenes disponibles "supondría la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable; la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros". Por otro lado, el Scrats añade que a estas consecuencias sería preciso sumar "la eliminación de los sumideros de CO2 de los cultivos vinculados a los regadíos existentes".
"Otra de las consecuencias directas de esta disminución de las aportaciones del Trasvase se traduce en un incremento del precio del agua de boca que paga el consumidor, ya que se produce una mayor dependencia del agua desalada, cuyo coste e impacto medioambiental resulta mayor", ha señalado. De hecho, ha puntualizado que, desde el año 2003 hasta ahora, la tarifa "se ha triplicado por la incorporación de aguas desalinizadas".
Por otro lado, el Scrats ha señalado que el propio Ministerio "tiene previstas numerosas medidas de mejora de los sistemas de depuración de los caudales que vierten al río, así como de modernización de los regadíos de la cuenca del Tajo". "Cuestiones que evidencian que no es la falta de caudal del río la causa de que no alcance el buen estado ecológico, y que nos llevan a considerar que existe una intencionalidad exclusivamente ideológica del Gobierno de España", ha aseverado.
Para el Sindicato de regantes del trasvase, en estos momentos "no existe ninguna alternativa a la disminución del volumen de agua disponible". Y es que, por un lado, explica que "la utilización del agua desalada en exclusiva, como recurso ordinario, puede generar problemas a nivel agronómico y su obtención supone un coste ambiental desproporcionado (su dependencia energética es 4 veces mayor que el agua del trasvase)" y, por otro lado, "cuenta con unos precios sujetos a una altísima volatilidad, por los costes reales de la energía". "El precio del agua desalada en la actualidad supone costes superiores a 1,40 euros por metro cúbico para el agricultor, por encima incluso del agua destinada a los hogares", ha apostillado.
En este escenario, ha criticado que el Gobierno de España "ha puesto entre las cuerdas al sector agrario, con mayores índices de productividad del país y está desestabilizando el futuro de toda la sociedad del Levante, dejando de lado los criterios de solidaridad, sostenibilidad (en todas sus vertientes) y vertebración del territorio".
