Sanidad y CCAA aprueban un protocolo para actuar en casos de violencia a la infancia y adolescencia

El documento, elaborado por la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes (NNA) del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CoViNNA), está dirigido a profesionales tanto asistenciales como no asistenciales, así como también a todas aquellas personas con responsabilidad en la gestión y planificación de políticas y recursos sanitarios.

Este documento se basa en los protocolos autonómicos ya presentes en las comunidades autónomas y la revisión de la bibliografía más reciente. En él se señala que se debe disponer de un mecanismo de notificación anónimo, preferiblemente 24 horas y 365 días al año, adaptado a la capacidad evolutiva de los NNA, de cualquier caso de violencia, revictimización o victimización secundaria en el sistema sanitario.

Todos los NNA que han sufrido o ejercido violencia deben recibir una atención terapéutica integral, especializada, adaptada, multidisciplinar y en espacios amigables y plenamente accesibles, sea necesaria o no la asunción de una medida de protección y con independencia del proceso judicial que pudiera derivar de los hechos. Esta atención debe darse de forma pública, gratuita y universal, en todo el territorio estatal, en el plazo mínimo posible.

La asistencia de los NNA deberá incluir: Anamnesis y exploración coordinadas; atención de las lesiones o alteraciones físicas derivadas de la situación de violencia, así como otros problemas de salud observados (vacunaciones, crecimiento y desarrollo psicomotor, etc.); y toma de muestras.

Además, se debe valorar profilaxis de enfermedades infecciosas; satisfacer las necesidades básicas, deseos y preocupaciones del NNA, y subsanar las carencias de estimulación, afectivas, educativas o nutricionales, facilitando a las personas responsables recursos y capacitación para el desarrollo de las habilidades de estimulación, cuidados y pautas psicoeducativas

Además se debe realizar una valoración y tratamiento de las consecuencias psicológicas del maltrato que pudiera sufrir la persona menor de edad, tanto en el momento de la evaluación como en el seguimiento; y si precisa tratamiento psiquiátrico y/o psicológico, se debe valorar derivación a los equipos especializados de salud mental infanto-juvenil, de manera urgente si fuera necesario.

Y finalmente, facilitar el acceso a recursos especializados para la recuperación del proyecto vital y la inclusión social: programas de refuerzo pedagógico, acceso al empleo juvenil, etc.

Además, es prioritario asegurar la protección en aquellos casos en que se detecte la existencia de un maltrato presuntamente causado en su entorno familiar o de acogimiento, que pueda estar poniendo en riesgo inminente su vida o integridad física o psicológica. La coordinación con la entidad pública de protección a la infancia dependiente de la CCAA o los servicios Sociales Municipales puede proveer información sobre las intervenciones pasadas y actuales que se llevan o llevaron a cabo sobre el NNA.

Por otro lado, se recuerda que es fundamental establecer procedimientos para asegurar la coordinación entre las y los profesionales de las administraciones públicas competentes en la atención a la violencia durante la infancia y 57 adolescencia, que redunden en una mejor asistencia y una protección eficaz en las situaciones de riesgo de violencia y desamparo o desprotección, y eviten la revictimización o victimización secundaria de los NNA con los que, en cada caso, deban intervenir.

21.521 notificaciones de casos sospechosos en 2021

En España, las cifras oficiales provienen del Registro Unificado de Maltrato Infantil, que en 2021 tuvo 21.521 notificaciones de casos sospechosos de violencia en niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, como ocurre a nivel internacional, diversos estudios de prevalencia muestran que está infranotificado. La lucha contra la violencia en la infancia y la adolescencia es un imperativo de derechos humanos y constituye una cuestión de salud pública.

La violencia afecta a la salud y el bienestar a lo largo de toda la vida, pero se puede prevenir o atenuar a través de medidas sistemáticas basadas en evidencia científica, entre las que se encuentra garantizar una respuesta integral, multidisciplinar y de calidad de los servicios de atención a la infancia y adolescencia, entre ellos los servicios sanitarios.

En 2021 se aprobó la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), que persigue establecer un nuevo paradigma de prevención y protección de la violencia a través de una aproximación integral desde la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y los determinantes sociales de la salud.

Dicha ley, en relación al ámbito sanitario, promovió la creación de la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CoViNNA), en la que participan las comunidades y ciudades autónomas y también otros ministerios (Justicia, Juventud e Infancia e Igualdad).