La AN pide al Gobierno datos sobre el acuerdo de 2.500 millones para adquirir material sanitario

MADRID (EP). La Audiencia Nacional (AN) ha requerido al Gobierno una serie de documentos relacionados con el acuerdo marco de 2.500 millones que el Ministerio de Sanidad impulsó en 2020 para adquirir material sanitario, según ha adelantado The Objective y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes explican que ha sido un juez de lo Contencioso-Administrativo el que ha solicitado al Ejecutivo una serie de información en el marco de un procedimiento en el que una empresa reclama a Sanidad una indemnización. En concreto, la compañía solicita ese resarcimiento al considerar que el Ministerio entonces liderado por Salvador Illa no cumplió lo firmado.

Según el citado medio, el magistrado ha dictado un auto en el que admite las pruebas periciales y documentales presentadas por la compañía demandante, Kaelis World, para exigir 2,6 millones de euros en daños y perjuicios presuntamente cometidos por Sanidad.

En concreto, el juez exige al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) que certifique el número de contratos de productos incluidos en los lotes 1 y 7 del Acuerdo marco de suministro de material necesario para hacer frente al covid-19 con miras al Sistema Nacional de Salud.

The Objective apunta que, tras admitir parcialmente la demanda, el juez quiere tener datos concretos de cuánto dinero se acabó entregando a través del acuerdo marco convocado por Illa, quiénes fueron los beneficiarios y por qué se siguieron priorizando contratos discrecionales por delante del acuerdo marco.

Este medio explica que el juez pide a INGESA que aclare cuánto stock de mascarillas se había almacenado en la Reserva Estratégica Nacional del Ministerio de Sanidad cuando se puso en marcha el megacontrato.

Esta causa se sigue de forma independiente a la instruida por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, en la que se investiga -entre otros_al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, por las presuntas mordidas que habría recibido tras la adjudicación de contratos de compra de mascarillas.