Sanción al G7 y escándalo en Indra: por qué en España no puede existir el liberalismo

MURCIA. Uno de los grandes lastres de la economía española es que su sistema financiero sigue dependiendo de pocas empresas muy concentradas en sectores muy intervenidos por el Estado. Es muy poco habitual en economías comparables que el principal índice bursátil de un país sea tan dependiente de la Banca, Infraestructuras y Energía como lo es en España. El Ibex 35 es el índice bursátil que recoge la evolución de las 35 compañías de mayor capitalización de España. La capitalización de una empresa es el valor que la compañía ha sido capaz de generar en el accionista que detiene la acción y que la mantiene con el objetivo de generar un rendimiento sobre ella. Básicamente, la capitalización es el valor de las acciones o partes de una compañía que se intercambian libremente en el mercado bursátil. El intercambio de las acciones es libre, pero la actividad económica de algunos sectores que están sobrerrepresentados en nuestro principal índice bursátil parece que no lo son. O eso ha dicho y sancionado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

"cabría preguntarse qué ha viciado el mecanismo que hubiera evitado que las compañías acordaran fraudulentamente el precio de los concursos públicos durante 25 años"

A principios de este mes de julio, se conocía la sanción que la CNMC ha impuesto a Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr por acordar precios para amañar concursos públicos durante 25 años, entre 1992 y 2017. A este grupo de empresas, muchas veces expuestas como el ejemplo del emprendimiento y la gestión empresarial en España, se las conoce como el 'grupo del G7'. Según la investigación de la Comisión, este grupo de empresas se reunía periódicamente para acordar a qué concursos y qué importe debía licitar cada una de ellas para repartirse las licitaciones públicas. Al parecer estos asuntos se trataron en reuniones mensuales, realizadas en las distintas sedes de las empresas, de las que se han encontrado hasta actas y comunicaciones internas oficiales. Se trata de una sanción histórica no solo por la multa económica, que se ha cuantificado en poco más de 200 millones de euros, sino porque muestra hasta qué punto estaba interiorizado en todas estas empresas 'el cártel' para repartir el dinero público de los concursos. 

Actualmente, la única de estas empresas que no ha cotizado nunca bajo el Ibex 35 es OHLA. Con fecha de 2021, de las 35 compañías que componen nuestro principal índice bursátil, aproximadamente un 50% de ellas pertenecen a sectores altamente intervenidos en España como los son la Banca (cuyo rescate apenas se ha devuelto en un 40%), Infraestructuras (donde el Estado es el principal accionista de INDRA) y Energía (donde el Estado controla Red Eléctrica). Por poner este dato en contexto: en Alemania por ejemplo, bajo el DAX que sería su 'equivalente' al Ibex 35, tan sólo un 14% de las empresas de dicho índice se dedican a estos sectores que además están mucho menos controlados por las administraciones públicas, principal cliente en España de las empresas del G7. 

"Solo el dinamismo de un mercado competitivo es capaz de asignar los recursos de forma que se minimice cualquier externalidad negativa"

FCC y Sacyr ya no cotizan en este índice porque sus accionistas y el mercado han decidido que la capitalización de estas compañías, sentenciadas ahora por Competencia, ya no están entre las de mayor volumen en España. Ambas compañías, tras las crisis del 2008, han sufrido peor que el resto la reestructuración del sector de la Construcción e Infraestructuras y su capitalización se ha visto impactada por ello. Los mecanismos capitalistas para la fijación de precios de las empresas funcionan. Por lo que cabría preguntarse qué ha viciado el mecanismo que hubiera debido evitar que estas compañías acordaran fraudulentamente el precio de los concursos públicos durante 25 años. Muchos diagnósticos que hemos podido leer y escuchar estos días se basan en la capacidad que puede tener una gran compañía, o grupos de ellas, para fijar ciertas condiciones ventajosas frente a las empresas más pequeñas. En realidad, lo que fijaban estas empresas eran sobrecostes en los precios que se acordaban inflar, por lo que cualquier empresa pequeña que hubiera podido atender la licitación pública con un coste menor hubiera podido llevarse el concurso, pero este sigue siendo un síntoma no el origen del problema: la propia licitación pública. 

Desde el momento en el que un sistema de toma de decisiones no es responsable de la utilidad final de las mismas, es solo cuestión de tiempo que dicho sistema tienda a corromperse y a optar por soluciones que perjudican al sistema local de toma de decisiones en favor del sistema global al que está supeditado, en este caso la política. Solo el dinamismo de un mercado competitivo es capaz de asignar los recursos de forma que se minimice cualquier externalidad negativa. La sanción de la Comisión es una muestra más de que todos los controles técnicos que pueda realizar una administración pública española, a la hora de contratar un bien o servicio, van a ser siempre insuficientes por la propia definición de la función pública en España, donde no se ha responsabilizado a nadie por llevar 25 años pagando sobre costes, ni se espera. La realidad es que la limitación que encuentran las pequeñas empresas para competir con estos gigantes de las infraestructuras es debida a muchos factores y que sería injusto achacar lo solo a uno, pero entre los más importantes destaca la acción del Estado: que impone los mismos costes salariales e impuestos a ACS o FCC que a una PYME sin que los segundos puedan beneficiarse de todas las ayudas, deducciones fiscales y apalancamientos financieros que pueden aplicarse las grandes empresas por su volumen; o que exige para acceder a los concursos públicos ciertas garantías financieras y operacionales que tan solo grandes empresas pueden obtener.

El escándalo en Indra

Otro escándalo acaecido un poco antes, durante el mes de junio, y que ha afectado a otra de las grandes empresas españolas, como lo es Indra, ha sido el relevo forzado que ha sufrido su consejo de administración, con 7 consejeros independientes destituidos. Se trata de una empresa que también cotiza en el Ibex 35, dedicada al sector de la tecnología y sistemas de defensa, cuyo accionista mayoritario es el Estado. A finales del mes de junio se ha culminado la toma de poder del Estado en la compañía cotizada, tras superar el 25% del capital en manos de la SEPI a principios del mismo mes. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es el instrumento mediante el cual el Estado posee las participaciones de las empresas privadas intervenidas públicamente, y en su propia web se define como "parte de la estrategia para la aplicación de la política del Gobierno". 

"Estos eventos siguen evidenciando el lastre que supone para los ciudadanos el excesivo control que ostenta el Estado en su economía"

Podemos leer en distintos medios distintas teorías, más o menos conspiranoicas, sobre los motivos que puede tener el Gobierno y las empresas que ha movilizado para la toma de control. La realidad es que la acción del Gobierno ha cumplido todos los requisitos de publicidad y transparencia, sin que ello la libere de críticas más morales que legales. La destitución de 7 consejeros independientes ha requerido que el Gobierno se coordine con Amber Capital LP, fondo de inversión principal accionista de Prisa, que notificó a principios de junio la adquisición del 4,1% de la compañía y con el holding Sapa Placencia que a finales del 2021 adquirió una participación del 5% de Indra y que hace poco amplió al 7,94%. 

Estas entradas al capital parecen motivadas debido a las dificultades que ya tuvo el Gobierno en mayo de 2021 para imponer de presidente de Indra a Marc Murtra, con 0 experiencia en la industria de Defensa o Infraestructuras pero cuyo nombramiento perseguía "mejorar las relaciones con administración pública y la obtención de fondos europeos". En aquel momento ya se tuvo que culminar su nombramiento sin funciones ejecutivas debido a la falta de consenso en el consejo de administración, la entrada de Amber y Sapa han facilitado este último movimiento que parece penalizar a quienes no colaboraron con el nombramiento del actual Presidente. Formalmente ha sido una decisión propuesta por Amber Capital y que ha aprobado el 53% de la Junta de Accionistas. Tras este movimiento el valor de la capitalización de Indra se ha reducido en un 15%; y es que estos movimientos y la incertidumbre de qué quiere hacer el Estado con la gestión de Indra (más allá de cobrar subvenciones europeas), pese a ser legales, no son para nada eficientes ni transparentes. Actitudes que no benefician a nadie y que acaba penalizando el Mercado. 

Estos eventos siguen evidenciando el lastre que supone para los ciudadanos el excesivo control que ostenta el Estado en su economía. Con un gasto público que en 2021 ya supuso 1 de cada 2 euros que se gastan en este país, aproximadamente la mitad de la economía española está planificada por un Estado de políticos cuyos únicos objetivos son su reelección para el poder. La salida de la crisis financiera del 2008 ya nos costó más que al resto del mundo desarrollado por el lastre que supone tener un sistema financiero basado en la acción del Estado (Infraestructuras y Energía) y bancos centrales (Banca) y no centrado en la innovación y en la generación de valor para el accionista. Todo parece apuntar a que este lastre también nos va a penalizar para salir de la crisis económica actual.