Sánchez y sus ministros se aplicarán en 2022 la subida salarial que se rechazó para diputados y senadores

MADRID. (EP) El Gobierno de coalición ha decidido que la subida salarial del 2% acordada para los funcionarios se aplique también al presidente y a sus ministros, una actualización que, en cambio, se rechazó hace unas semanas en el Congreso y en el Senado para diputados y senadores.

El proyecto presupuestario de 2021 también recogía una subida de las retribuciones de los miembros del Gobierno, pero el PSOE y Podemos rectificaron en el trámite de enmiendas y al final se les congeló el sueldo como a los parlamentarios.

Ahora, en los Presupuestos Generales del Estado que acaba de presentar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vuelve a aplicarse al Ejecutivo la subida de sueldo acordada para los funcionarios, que para 2022 es del 2%.

Conforme al proyecto registrado en la Cámara y recogido por Europa Press, el sueldo del presidente del Gobierno pasará de 84.845,16 euros al año a 86.542,08 euros, lo que supone un incremento de 1.696,92 euros más que este año. Como no tiene derecho a pagas extraordinarias, su sueldo mensual ascenderá a 7.211,84 euros.

Asimismo, el salario anual de las tres vicepresidentas del Gobierno (Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera) se eleva hasta los 81.341,16 euros anuales frente a los 79.746,24 euros que vienen percibiendo. Se trata de un sueldo mensual de 6.778,43 euros brutos, ya que tampoco tienen pagas.

Por su parte, los ministros del Gobierno de coalición verán aumentado su salario anual a 76.355,28 euros brutos, lo que supone un sueldo mensual de 6.362,94 euros.

La subida del 2% que sí se aplica al presidente y los ministros fue rechazada en el Congreso y en el Senado para los parlamentarios y precisamente Unidas Podemos fue quien más se significó en su contra, avanzando su rechazo en la Mesa de la Cámara Baja. "Adelanto que Unidas Podemos votará en contra. No lo vemos necesario", dijo el portavoz de los 'morados', Pablo Echenique.

En cuanto a los secretarios de Estado y subsecretarios, que el pasado año se libraron de la congelación salarial, en los Presupuestos de 2022 ven ahora aumentadas sus retribuciones otro 2 por ciento.

Así, los secretarios de Estado pasarán a percibir 74.892,12 euros al año, los subsecretarios de Estado estarán por encima de los 66.398 euros y los directores generales y asimilados cobrarán 56.773,26 euros al año, sumando el sueldo, el complemento de destino y el complemento específico. A diferencia de los ministros, estos altos cargos sí perciben además pagas extraordinarias en junio y diciembre.

También se contempla una subida salarial del 2% para la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, que en 2022 percibirá 86.900,76 euros, y para el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, que tendrán un sueldo anual de 94.937,04 euros. Ambos vieron también congelado su salario en 2021 con la enmienda de última hora de PSOE y Podemos.

El Gobierno incrementa en 2.851 euros el sueldo anual del presidente del CGPJ en funciones

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha llegado este miércoles al Congreso de los Diputados recoge que en el ejercicio 2022 se destinarán 145.361,14 euros al sueldo del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018. La cifra representa un incremento de 2.851 euros para Carlos Lesmes --también presidente del Tribunal Supremo-- frente a lo establecido en los presupuestos fijados para 2021.

De los 145.361 euros, 29.539,30 corresponden al sueldo --a percibir en 14 mensualidades-- y 115.821,84 se detallan como "otras remuneraciones" y se abonarán en 12 mensualidades, según especifica el Ejecutivo.

En la denominada 'Serie Roja' del proyecto aprobado por el Consejo de Ministros también figuran los sueldos de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Según recoge el documento, en 2022 cada vocal recibirá 125.366,60 euros, frente a los 122.908,38 de 2021; es decir, 2.458 euros más.

Asimismo, está previsto que se destinen 122.476,44 euros para el secretario general del CGPJ, cifra superior a los 120.074,96 del ejercicio anterior.

En total, el Ejecutivo destinará 76 millones de euros de los presupuestos de 2022 al órgano de gobierno de los jueces. Esto representa un incremento del 4,2 por ciento una vez que se destinarán tres millones más que en 2021.

Los sueldos también aumentarán en el Tribunal Constitucional, cuya renovación parcial está pendiente desde diciembre de 2019. El presidente del órgano contará con un sueldo de 160.728,12 euros, lo que se traduce en 3.151,54 euros más que en 2021.

Por su parte, el sueldo del vicepresidente del tribunal de garantías subirá de los 148.116,50 euros de 2021 a los 151.078,76 euros estimados para 2022.

El Gobierno aumentará en un 7 por ciento los fondos correspondiente al Tribunal Constitucional tras incrementar en un millón su presupuesto hasta llegar a los 28 millones de euros.

En el marco de los presupuestos también se contempla una subida de sueldos en el Tribunal de Cuentas, donde el presidente pasará a cobrar de 123.267,62 euros a 125.733,02 euros.

FOTO: EUROPA PRESS

El Gobierno congela la partida de 298.320 euros para los expresidentes de Gobierno

El Gobierno ha incluido en sus Presupuestos del próximo año una partida de 298.320 euros a repartir entre los cuatro expresidentes vivos, con lo que cada uno de ellos (Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy) volverá a recibir en 2022 una asignación anual de unos 75.000 euros.

Esta partida, que figura en el Presupuesto del Ministerio de la Presidencia para 2022 y que recoge Europa Press, es la misma que ya figuraba en los Presupuestos de 2019 que no llegaron a ver la luz y en los de 2021 que están actualmente en vigor.

Esta cuantía representa un incremento del 33% con respecto a las últimas cuentas del Gobierno Rajoy de 2018, cuando había 223.740 euros disponibles, ya que entonces sólo había que repartir entre Zapatero, Aznar y González.

Esta dotación presupuestaria se refiere al decreto que desde 1992 regula el Estatuto de los expresidentes del Gobierno y tiene por objeto que, cada uno de ellos, pueda organizar una especie de oficina de representación a cuyo servicio se adscriben dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que son cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación.

Este personal, que se incluirá en la relación de puestos de trabajo correspondientes a la Presidencia del Gobierno, tendrá la consideración de 'personal eventual de gabinete' y, si fuesen funcionarios, pasarán a la situación de servicios especiales.

Igualmente, se pone a disposición de cada uno un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado, los servicios de seguridad que el Ministerio del Interior estimen necesarios, y se les otorga "libre pase" en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.

Además, se les facilita una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado. Esa cuantía se reparte a partes iguales y desde 2012 supone 74.580 euros para cada uno, según datos facilitados a Europa Press por el Portal de Transparencia.

Asimismo, y según el estatuto de los expresidentes, estos gozarán siempre "de la consideración, atención y apoyo debidos a quienes han desempeñado este cargo". Por eso deben ser tratados como 'presidente', ocuparán un lugar protocolario especial en los actos institucionales y cuando viajen al extranjero podrán contar con apoyo diplomático de las embajadas.

Al margen de estas cuestiones, los presidentes, como cualquier otro cargo alto cargo, tienen derecho a percibir una 'pensión' o indemnización por cese que asciende al 80 por ciento del sueldo y durante un tiempo máximo de dos años desde el cese.

Esa indemnización es incompatible con cualquier otro ingreso público y Rajoy, el último que podía pedirla, renunció a ella al volver a su condición de registrador de la propiedad.