Sánchez y Feijóo acuerdan una reforma exprés del articulo 49 de la Constitución sin referéndum

MURCIA (EP). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han acordado acometer por la vía rápida en enero y sin referéndum la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido y sustituirlo por 'persona con discapacidad'.

Una reforma constitucional de este tipo exige un respaldo mínimo de tres quintos de cada una de las Cámaras (210 diputados y 159 senadores), lo que hace imprescindible la presencia de los dos grandes partidos.

Según ha explicado Feijóo en rueda de prensa, su propuesta es que antes de fin de año el PSOE y el PP presenten conjuntamente como proposición de ley el texto que pactaron hace meses y con las garantías de que no se aceptarán enmiendas ajenas ni modificaciones que no cuenten con el apoyo de los dos grandes partidos.

También requiere el compromiso del PSOE de que sus socios de Sumar no apoyarán la realización de un referéndum constitucional para ratificar la reforma, pues se podría organizar con la firma de 35 diputados y la posición de los de Yolanda Díaz sería determinante si alguien lo propusiera.

En cuanto a los plazos, ha propuesto aprobar la reforma constitucional por el procedimiento de urgencia y de lectura única de manera que se pueda aprobar en un Pleno monográfico del Congreso, a ser posible en enero.

"Y a todo esto su respuesta ha sido sí", ha señalado Feijóo en rueda de prensa, dando por cerrado el acuerdo. "Nos alegramos de que esta demanda, una reforma de justicia, pueda convertirse muy pronto en una realidad", ha celebrado en Moncloa la ministra Portavoz, Pilar Alegría.

Desde 2018 sobre la mesa

Esta reforma constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto "más acorde a los nuevos tiempos".

Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

Lo que se pretende es cambiar a redacción recogiendo que "las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación".

Además, se busca señalar que "los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad".

La idea es incluir un tercer punto diciendo que "se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes" y que "las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos".

Varias oportunidades perdidas

Esta redacción contó con el apoyo en Comisión de todos los grupos parlamentarios que entonces conformaban el Congreso, pero la convocatoria de elecciones para 2019 impidió que su tramitación continuara.

En la siguiente legislatura se retomó y el PP y PSOE llegaron a dejar cerrada una redacción hace meses cn discreción, pero no hubo clima ni tiempo para llevarlo adelante. Los 'populares' aseguraban que no tenían garantías de que la reforma constitucional se fuera a ceñir exclusivamente al artículo 49 y no veían disipado el riesgo de que algún grupo forzase la celebración de un referéndum constitucional.