MURCIA. La Federación Murciana del Recreativo, que agrupa a las principales empresas de juego privado en la Región de Murcia, ha defendido la seguridad de sus locales y ha insistido en que los empresarios del sector también sufren los efectos de las medidas impulsadas para contener la pandemia. Una respuesta que viene a raíz de las críticas de Ciudadanos, que cogobierna la Región junto al PP, y de otros dirigentes de la Región como el Alcalde de Lorca, que afirmó que es "una contradicción" el cierre de la hostelería mientras este tipo de locales permanece abierto.
En un comunicado, la organización empresarial ha apuntado que en sus instalaciones se realizan "dos actividades complementarias pero independientes", la hostelería y el juego, las dos reguladas de forma distinta en función del tipo de actividad. "Ambas se han visto afectadas desde el inicio por las restricciones impuestas en cada momento, incluyendo el cierre completo", ha dicho la Federación.
En concreto, en la parte de hostelería, y debido a la aplicación de las medidas dirigidas a este sector, las empresas están obligadas a limitar o, como es el caso ahora, a suspender ese servicio, por lo que actualmente no se sirven comidas ni bebidas en los locales. En lo que respecta a la parte de juego, las medidas dirigidas a establecimientos comerciales han obligado a los empresarios del sector a reducir desde un 30 a un 75 por ciento el aforo en función del nivel de alerta en el que se encuentre el municipio. "Todo ello a pesar de que los datos oficiales indican que los principales focos de contagio no se producen en estos espacios ya que están muy controlados", ha sostenido la Federación.
En este sentido, ha recalcado que en los locales se aplican todos los protocolos de seguridad e higiene como el uso de mascarilla, distancia de seguridad entre clientes, prohibición de grupos, limpieza y desinfección constante de las instalaciones y aforos limitados. También ha manifestado que los establecimientos de juego se someten a inspecciones periódicas en las que se controlan estas medidas. "Por tanto, no entendemos que, conociendo los efectos económicas y en cuanto a empleo que eso tiene para cualquier sector, representantes públicos pueden solicitar la paralización total de una actividad empresarial que, como otras que siguen funcionando, cumple con todas las recomendaciones y exigencias sanitarias", ha añadido.