Una plantación de lechugas en la pedanía murciana de Lobosillo. Foto: MARCIAL GUILLÉN (EFE)MURCIA. En los últimos años ha ido creciendo el malestar de los agricultores y ganaderos europeos con la nueva legislación medioambiental de la UE que dificulta enormemente el mantenimiento de su actividad. La celeridad en impulsar y aprobar normativas sin el consenso con el sector está ocasionando el hartazgo de los agricultores que empiezan a organizarse políticamente para defender el derecho a desarrollar una práctica agraria sostenible y razonable que les permita mantener sus condiciones de vida y la de sus familias.
El sector primario no encuentra respuestas ante sus demandas para que se prioricen las acciones que mitiguen los efectos de las sequias e inundaciones, se ralenticen los procesos de adaptación a los objetivos del Pacto Verde y se tenga en cuenta la opinión del campo a la hora de establecer el marco legislativo.
"cada nueva norma medioambiental de la UE tiende a reducir la actividad agrícola"
El campo contempla con estupor cómo cada nueva norma medioambiental de la UE tiende a reducir la actividad agrícola, ganadera o pesquera sin una evaluación real del impacto sobre el mundo rural. Además, como muestra de la incoherencia de los planteamientos de las autoridades europeas, observa cómo se permite la importación de alimentos con fitosanitarios, mientras se prohíbe su uso dentro de sus fronteras.
Se permite que los arroces importados de India y Pakistán lleven residuos del fungicida triciclazol, cuando en el ámbito de la UE está prohibido, a pesar de no existir actualmente una alternativa a su empleo para proteger el cultivo. Por otra parte, cerca del 40% de la superficie agrícola bajo la "Red Natura 2000" quedará improductiva como consecuencia de la aprobación de la controvertida ley de Restauración de la Naturaleza, diseñada de espaldas a la realidad del mundo rural.
La obsesión de las autoridades comunitarias por alcanzar los objetivos medioambientales lo más rápido posible, sin tener en cuenta las necesidades de la mayoría de la población, está provocando una cada vez mayor dependencia de países terceros en el abastecimiento de materias primas y alimentos con la consiguiente pérdida de competitividad e independencia y subidas de precios.
Una consecuencia de la excesiva burocratización y regulación de la actividad agrícola se ha constatado en la campaña 2023 de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), en la que una cuarta parte de los profesionales españoles del campo que las han solicitado han sido excluidos por no haber conseguido cumplir las costosas exigencias medioambientales impuestas por el gobierno.
No es posible una transición ecológica justa dejando atrás a una parte muy importante de la sociedad y sobre todo a los más vulnerables. El sector primario es esencial para garantizar la alimentación de la población, preservar el medio ambiente y evitar la migración hacia las ciudades.
Algunos países ya se están planteando ralentizar las medidas medioambientales más exigentes para amortiguar sus efectos sobre la economía y el bienestar de los ciudadanos. Reino Unido se propone ampliar los plazos para implantar el coche eléctrico ante el impacto negativo que supone para su maltrecha economía.
La demonización de las prácticas agrarias, el encarecimiento de la energía y las materias primas junto con las crecientes restricciones a su actividad han provocado que el mundo rural se organice políticamente para tener presencia en los parlamentos y conseguir que sus demandas sean tenidas en cuenta. El ejemplo más claro ha sido el movimiento campesino-ciudadano (BBB), que recientemente ganó las elecciones en Holanda.
Las elecciones europeas de 2024 suponen una oportunidad para que el campo sea escuchado y situar en el centro del debate político la necesidad de modificar el calendario legislativo y las normativas verdes de la UE, con objeto de contemplar la realidad agroecológica y conseguir compatibilizar la actividad agraria, ganadera y pesquera con la conservación de la naturaleza.
Miguel Ángel Cámara Botía
