Puente se hace una Púnica

CARTAGENA. Es posible que, perdidos en el fragor de las impecables amnistías que eran inconstitucionales antes de las elecciones y la urgente necesidad de acabar con el franquismo medio siglo después de la muerte de Franco, los lectores guarden solo un vago recuerdo del caso judicial Púnica. Haciendo gala de mi memoria, que no sé bien si es histórica, democrática o de concordia, les recordaré que afectó a varios dirigentes políticos de nuestra Región. Lo curioso es que se trataba de un ejemplo de las virtudes de la colaboración entre las dos principales fuerzas políticas de España, o sea, el PSOE y el PP. En efecto, presuntamente promovida por José Antonio Alonso, un socialista que había sido alcalde de Cartagena, implicaba a eminentes peperos, como Pilar Barreiro, alcaldesa de Cartagena, y Juan Carlos Ruiz, que había sido diputado regional y a la sazón ejercía de consejero de Industria y Turismo. El hecho es que Ruiz entró de consejero en 2014, cuando todavía el presidente era Ramón Luis Valcárcel, y dimitió el junio de 2015, cuando ya había entrado Alberto Garre de presidente.

"mi previsión es que no dimitirá Ayuso, criticada por haber mentido, ni Sánchez, en quien la mentira es un hábito que ya nadie le tiene en cuenta"

Posteriormente, Pilar y otros encausados fueron desimputados, pero para entonces ya se había visto obligada a dejar la Alcaldía e incluso el puesto de senadora. Ahora, cuando una legión de airadas voces se lamenta del injusto daño reputacional y político causado a Mónica Oltra, primero imputada y luego absuelta de haber ayudado a su exmarido a ocultar los abusos sexuales a los que había sometido a una menor tutelada por el botánico Gobierno valenciano, no estaría mal que asumiesen que fueron ellos, los de Podemos, Ciudadanos y el PSOE, los que pedían que dimitiese cualquier político investigado por la Justicia. La presunción de inocencia quedaba sustituida por la apariencia de impecabilidad en el caso de los políticos y esa mutación se ha consolidado de forma irreversible. No obstante, con un matiz: la dimisión es imprescindible cuando afecta a los adversarios, mientras que es prematura o injusta cuando afecta a los aliados. Así que estuvo bien que Pilar dimitiese, pero muy mal que dimitiese Mónica. Ahora la pugna está en si debe dimitir Ayuso porque su novio defraudó a Hacienda o Sánchez porque su esposa se dedicó a ayudar a empresas que luego lograron sustanciosas ayudas del Gobierno presidido por su marido. La cosa está emocionante y mi previsión es que no dimitirá Ayuso, criticada por haber mentido, ni Sánchez, en quien la mentira es un hábito que ya nadie le tiene en cuenta.

Pero yo a lo que iba era al caso Púnica, en el que años después sigue imputado Juan Carlos, a quien debo la impagable frase de que no conviene postularse como delfín del mandamás de turno no vaya uno a quedar como un atún. Se dan cuenta, ¿no? Uno entra de delfín y acaba de atún. Mal rollo. El meollo del asunto consistía en que Alonso, el socialista, presuntamente había creado una empresa que, por un módico precio, ofrecía mejorar la reputación en las redes sociales de los políticos que contratasen sus servicios. Según los acusadores, el posible delito residía en que la mejora reputacional corría a cargo de los presupuestos públicos. A mí siempre me resultó desconcertante tal acusación, sabiendo como sabía que todas las Consejerías y Ministerios disponen de unos servicios de prensa destinados esencialmente a ensalzar al titular de turno y desinformar, en la medida de lo posible, de los errores o deslices que cometan. ¿Acaso era menos dudoso contratar directamente periodistas para el servicio de prensa que externalizar esa función en una empresa de toda solvencia, como la capitaneada por Alonso? ¿Dónde acaba la legitima propaganda de una acción gubernativa y empieza la ilegitima adulación al político que la promovió? Para mi gusto resulta imposible trazar tal línea divisoria.

En ese contexto, me ha resultado muy tranquilizador que el ministro socialista Puente haya reconocido públicamente que él está cometiendo una Púnica con todos sus avíos. En efecto, ha avisado a tirios y troyanos que un voluntarioso equipo se ha dedicado, con cargo a los presupuestos del Ministerio, a escrutar los insultos publicados contra el ministro. Es muy parecido a lo que acusan a Juan Carlos y, si me apuran, más intranquilizador. Me infunde menos temor un político que paga para que lo ensalcen que un político que paga para identificar a los que lo critican e insultan.

"¿Adónde vamos a llegar sin cambiamos a Lenin por Kautsky y la dictadura del proletariado por las tabernas?"

Entre los insultos que Puente ha recibido mi predilecto es el que lo vincula a un estilo tabernario. Se trata de un tema de hondas resonancias políticas. No solo porque el PSOE fue fundado por Pablo Iglesias (el viejo) en una taberna, sino porque Tezanos, el socialista que dirige el Centro de Investigaciones Sociológicas, acusó a Ayuso de política tabernaria por negarse a cerrar las tascas durante las restricciones impuestas por el Gobierno con motivo de la pandemia del coronavirus. Luego resultó las restricciones que eran inconstitucionales, pero a nadie pareció importarle. La gente ya va acostumbrándose a que la Constitución sea un adorno que ocasionalmente nos saltamos de forma impecable. Más recientemente Pablo Iglesias (el joven) ha declarado que las tabernas son el último reducto de libertad de los proletarios y, acogiéndose a esa idea, ha abierto una en Lavapiés. No le reprocharé yo que se sume a lo que en su día criticó a Ayuso, pero denuncio que ha copiado su frase a Kautsky. Y no creo que ignore que Lenin lo tachó de renegado. Así que ha recurrido a un renegado un tipo como Iglesias, que declaró al principio que lo suyo era la dictadura del proletariado, pero que, como nadie se tragaba esa palabra, ellos hablaban de democracia, que les gustaba a todos. ¿Adónde vamos a llegar sin cambiamos a Lenin por Kautsky y la dictadura del proletariado por las tabernas?

En resumen, que los abogados defensores de Juan Carlos y compañeros cómplices estarán encantados de la pública confesión del ministro Puente. Porque si él ha declarado que está cargando al presupuesto del ministerio la labor de defenderse de los ataques en la prensa, ¿cómo va a ser delito pagar para que lo adulen a uno en la prensa? Aquí o todos o ninguno, y no veo yo al fiscal general denunciando al ministro por haber incurrido en una variante victimista de la Púnica.