MURCIA. La portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez, y los concejales Eduardo Martínez-Oliva y Jesús Pacheco han denunciado en rueda de prensa las "incongruencias" de Ciudadanos en el uso de los contratos menores y ha acusado a la formación naranja de "realizar en un año 700 contratos menores por 3,3 millones de euros". Pérez ha dejado claro que este tipo de contrato es una figura legal "recogida y regulada perfectamente en la Ley de contratos del sector público y una herramienta útil para las administraciones locales para permitirles actuar de forma ágil ante una demanda vecinal".
Tras defender que el uso que ha hecho el Ayuntamiento de Murcia a lo largo de estos años ha sido "muy moderado" al representar, apenas, un 19%, señala que se sitúa "muy por debajo de la media nacional de organismos y entidades, que están alrededor de un 90%, y también muy por debajo de otros ayuntamientos gobernados por el PSOE, como Sevilla o Valladolid, que alcanza un 90%".
De hecho, puntualiza que el Consistorio murciano "registra uno de los índices más bajos de contratación menor de todo el territorio español", por lo que lamenta que "se siga utilizando como un arma política, porque Ciudadanos ha utilizado esta figura desde que llegó al equipo de Gobierno sin ningún tipo de pudor". Pero, a juicio de Pérez, "evidencia una clara contradicción". Porque, ha afirmado, el grupo municipal Ciudadanos "realizó desde sus áreas 700 contratos menores por 3,3 millones". "Sorprende que el vicealcalde Mario Gómez no se canse de utilizar sospechas permanentes pero, por el contrario, no dude en impulsarlos, en formalizarlos y realizar este tipo de contratación cientos y cientos de veces", ha indicado.
Según la portavoz del Grupo Municipal Popular, Mario Gómez "inventa así una artimaña contra los contratos menores que va contra ellos mismos y la han utilizado para tomar el Consistorio de la mano del PSOE y Podemos, basado en mentiras, falsedades y bulos". Por ello, advierte que "la UDEF está investigando contratos menores del Ayuntamiento a instancias de las denuncias presentadas por Mario Gómez sobre el uso de una figura que él mismo emplea, lo que denota su falta de coherencia y que sus actuaciones siempre están condicionadas por un marcado cariz revanchista".
Por su parte, el concejal Martínez-Oliva puntualiza que el pasado año los contratos menores "representan el 95 por ciento de las adjudicaciones de las administraciones públicas en España, un 52,7 por ciento en contratos de servicios, un 37,1 en contratos de suministros y 3,8 en contratos de obras", por lo que considera que "se demoniza algo que ni más ni menos el 95 por ciento de los contratos de las administraciones públicas son de estas características".
De los 700 contratos menores realizados por Ciudadanos, el concejal ha concretado que "232 de ellos los ha realizado Gómez por valor de 700.000 euros; el concejal de Cs, Pedro García Rex, ha realizado 357 por valor de 1,7 millones de euros; y los concejales de Ciudadanos Juan Fernando Hernández y Paqui Pérez también han usado los contratos menores en sus respectivos departamentos. Entre ambos han suscrito un centenar de estos contratos, con un valor superior a los 855.000 euros". Asimismo, Martínez-Oliva ha recordado que "el PP incorporó la figura del viceinterventor, un profesional que dentro de sus cometidos tiene velar por la gestión económica y administrativa de las juntas municipales, labor en la que está incluido garantizar el uso correcto de los contratos menores en las pedanías".
Además, el PP tiene constancia de que en la última Junta de Gobierno el concejal de Ciudadanos, Juan Fernando Hernández, "llevó la aprobación de un contrato menor ajustando al máximo su cuantía para que no excediera de los 15.000 euros permitidos. Exactamente la valía del contrato fue de 14.999 euros", ha dicho el concejal Pacheco. De igual forma, los 'populares' también tienen avalado que García Rex, también edil de Ciudadanos, "ha tramitado contratos menores sin la solicitud de los tres presupuestos tan demandados por parte de Mario Gómez".
Por todo ello, califica de "indecente" que "denuncien y nos lleven ante la Policía o la Fiscalía por prácticas que ellos realizan con total impunidad". "No tiene sentido que digan que tramitamos contratos menores y ellos lo hagan y lo llamen contratos a dedo que también utilizan", ha finalizado.
