Pleno de la Asamblea Regional, este miércoles. Foto: ARMMURCIA (EUROPA PRESS). Las bajadas de impuestos que anunció el Gobierno regional ya están validadas legislativamente. La Asamblea Regional ha convalidado con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox el decreto ley que incluye medidas fiscales y administrativas para reactivar la economía regional con motivo de la crisis sanitaria provocada por la covid-19.
Socialistas y morados avisan de una posible inconstitucionalidad
Entre ellas destacan la compensación de las tasas al impuesto del juego durante el periodo de inactividad de estas salas, así como las reducciones en el tramo autonómico del IRPF para favorecer la conciliación para el cuidado de menores y mayores o las bonificaciones del impuesto de donaciones para fomentar la creación de empresas. En total, según ha cuantificado el consejero de Hacienda, Javier Celdrán, se estima en unos 13 millones de euros el impacto que tendrán estas medidas fiscales en la economía de familias y empresas murcianas.
Las medidas contemplan deducciones fiscales de 400 euros por el cuidado de menores de hasta 12 años y de 600 euros por el cuidado de mayores o personas con discapacidad, así como la compensación de las tasas al impuesto del juego para que estas empresas puedan, indicó el consejero, el empleo en los salones de juego, y también se introducen otras medidas para regular, por ejemplo, el teletrabajo, avanzar en la digitalización de la administración o hacer modificaciones en la ley del Suelo.
PP, Ciudadanos y Vox han votado a favor de la convalidación del decreto. El portavoz de Vox, Juan José Liarte, ha justificado las exenciones fiscales a los salones de juego añadiendo que "es razonable ya que ha habido un periodo de tiempo en el que no han podido desarrollar su actividad", aunque sí ha criticado que la utilización frecuente de la fórmula de los decretos-ley por parte del Gobierno regional.
Desde Ciudadanos, Valle Miguélez, ha dicho que era necesario "reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos en un momento crítico para la recuperación del consumo y la actividad económica" y considera que "existen alternativas para mejorar la recaudación más allá de la subida de impuestos, tales como atacar el fraude fiscal y tratar de aflorar la economía irregular, que sigue teniendo un gran peso en la economía regional".
Por su parte, la diputada del PP, María Dolores Valcárcel, ha apuntado que este decreto "es un paso más para hacer la vida más fácil a las familias y a los colectivos especialmente vulnerables en estos momentos tan difíciles".
Por el contrario, PSOE y Podemos han votado en contra del decreto ley advirtiendo de su posible inconstitucionalidad. El socialista Alfonso Martínez ha expuesto que el decreto ley modifica 14 disposiciones normativas y podría incurrir en inconstitucionalidad. A su juicio, las medidas son "dispares y desordenadas" y aprovechan la pandemia para aprobar medidas "al dictado de la patronal" murciana, han dicho criticando las exenciones al juego y la modificación de la ley del Suelo.
Por otro lado, el Parlamento autonómico también ha aprobado una enmienda a la totalidad del PP a una iniciativa del PSOE para pedir la apertura de los consultorios médicos de la periferia. Los populares han argumentado para rechazar la iniciativa del PSOE que los socialistas querían abrir los consultorios sin las garantías de seguridad sanitaria.
La diputada del PP Mari Carmen Ruiz, ha expuesto que "el virus no ha desaparecido, continúan los contagios lo que obliga a actuar con prudencia", refiriéndose a la evaluación que ha realizado la Consejería de Salud de los 171 consultorios periféricos en la Región. Su enmienda, explicó, se centra, a su vez en pedir que se impulse la contratación de facultativos procedentes de las bolsas de trabajo de otras comunidades para reforzar la Atención Primaria. Y ha recordado que el Gobierno regional también trabaja con los ayuntamientos para abrir los consultorios periféricos siempre que se garanticen las medidas de seguridad.
La Asamblea también ha aprobado otra iniciativa del PP para pedir al Gobierno nacional que impulse un Plan Nacional de Turismo que sirva para impulsar al sector. La propuesta ha sido aprobada con la inclusión de enmiendas parciales de Ciudadanos y Vox.
Además, la Cámara acordó por unanimidad una declaración institucional en la que reclama la creación de una Ciudad de la Justicia en Cartagena.
