Por una política de gasto racional

MURCIA. Tras la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, España, al igual que el resto de Europa, pero en mayor intensidad, deberá superar la crisis económica consecuente del parón productivo de los últimos tres meses. La mayoría de las estimaciones sitúan la tasa contracción del PIB de la economía española entre el 10% y el 15% para el año 2020, junto a un nivel de déficit público situado alrededor del 11%. Las estimaciones oficiales del Gobierno sitúan las previsión de contracción económica en el -9,2%, junto a un déficit público estimado del 10,3%, elevando la deuda hasta un 115,5% del PIB.

Sea como fuere, para que nuestro país recupere la senda del crecimiento estable y la creación de empleo, es necesario, en primer lugar, diseñar un correcto plan de gasto e inversión a partir de los fondos que la Unión Europea proveerá a todos sus países miembros, entre ellos España, a través del Fondo de Reestructuración Económica. Aunque la Comisión Europea haya activado la clausula de escape correspondiente al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que exonera a los países miembros de cumplir con los límites de déficit establecidos por el Tratado de Maastricht, al menos en 2020, tras ello, los países miembros deberán ajustarse el corsé si no desean someter al Procedimiento de Déficit Excesivo.

Si en los ejercicios próximos la CE no activa la clausula de escape del PEC, España se presenta como perfecto candidato para someterse al PDE. Por lo tanto, si queremos evitar ese futuro escenario, debemos tratar de calcular los costes fiscales, tanto en términos de gasto directo como de merma de la recaudación (por erosión de las bases imponibles), para ajustar en el medio plazo nuestra estructura institucional, y junto a ello, afrontar determinadas reformas estructurales que ayuden a reducir las principales debilidades de la economía española, que son muchas y muy variadas.

Por lo tanto, en primer lugar, analicemos el coste, en términos fiscales, del confinamiento, tanto por aumento de gasto directo como por contracción del volumen recaudatorio. Diferentes fuentes presentan cierta discrepancia respecto a los gastos derivados de la crisis del Covid-19, por lo que en el presente artículo se emplearán datos directamente procedentes del Programa de Estabilidad 2020-2023.

Estabilizadores automáticos

Como es bien sabido, tras la irrupción de la crisis sanitaria, el Gobierno desarrolló e implementó una serie de medidas que, junto a los estabilizadores automáticos, contribuirían al sostenimiento de rentas en el medio plazo. Entre ellas, los ERTEs (una medida que no ha sido diseñada por la presente administración), afectarán aproximadamente al 17% de la población activa, es decir, a unos cuatro millones de personas. Junto a ello, las prestaciones por cese de actividad para autónomos y los subsidios extraordinarios para aquellos contratos temporales que finalizaran durante el Estado de Alarma, afectan a un 6% y 2% de la población activa, respectivamente, lo que representaría 1,4 millones de personas y 462.000 ciudadanos. Por último, dentro del grupo de medidas destinadas al sostenimiento de rentas encontramos los subsidios por incapacidad temporal a causa de la covid-19 y las prestaciones por desempleo, que afectan a 400.000 y 900.000 personas, respectivamente, lo que se traduce en un 2% y 4% de la población activa. Todo ello se puede resumir en que más de 7 millones de personas recibirán algún tipo de prestación de las previamente descritas, es decir, un 31% de la población activa española.

El truco de los avales

El coste fiscal directo total de dichas medidas, en base a las estimaciones presentadas en el Programa de Estabilidad, sería de un total 13.641 millones de euros… para las 8 primeras semanas de confinamiento. Dicho coste puede generar un efecto óptico al principio, si nos vienen a la cabeza las primeras cifras de 200.000 millones de movilización de liquidez que promovió el Gobierno. El truco está en que 183.000 millones eran avales, de los cuales 100.000 millones eran públicos. Por lo tanto, los 100.000 millones en avales públicos se incorporarán a las estadísticas de gasto público una vez comiencen a ejecutarse, y esto solo ocurrirá para los casos de impago futuro de la deuda adquirida por los agentes privados a través de las entidades bancarias.

Por otro lado, tal y como comentábamos al principio, uno de los factores que harán saltar el déficit de la economía nacional este año, y probablemente los siguientes, es la contracción del volumen recaudatorio a raíz de la erosión de las bases imponibles, consecuente a la reducción y/o paralización de la actividad económica a lo largo de todos estos meses. En este sentido, los impuestos que más han visto mermada su recaudación durante las ocho primeras semanas de confinamiento, en términos porcentuales, han sido el Impuesto de Sociedades (caída de la recaudación del 28%), ITP y AJD (contracción del 15%), Impuesto a los Hidrocarburos (contracción del 12%), etc… todos ellos, unidas a decenas de otros tributos que han visto igualmente muy mermada la recaudación, supuso un descenso de la recaudación de 22.631 millones de euros, en tan solo las primeras ocho semanas de confinamiento. Por lo tanto, esto supone que entre el aumento del gasto directo y la reducción severa de la recaudación tributaria, el déficit acumulado en tan solo las primeras ocho semanas de confinamiento fue del 3,2% del PIB, cifra a la cual se irán agregando el resto de desequilibrios fiscales esperados a lo largo de los próximos meses.

El análisis efectuado en el párrafo precedente muestra que, aún cumpliéndose las previsiones de un déficit anual del 10,3% del PIB en el año 2020, resulta de imperante necesidad realizar un plan a medio plazo de racionalización del gasto y uso inteligente y eficiente de la liquidez que nos será proporcionada por la Unión Europea a través del Fondo de Restructuración, junto al ya palpable PEPP del BCE, que fue recientemente ampliado en 600.000 millones adicionales para adquisición de bonos soberanos en el mercado secundario, que se sumarán a los 750.000 millones iniciales del programa de compra, estructurado a raíz de la pandemia.

El Fondo de Reconstrucción europeo es todavía únicamente un plan sin aprobar, ya que para que la Comisión Europea pueda proceder a emitir bonos para financiarlo, o crear nuevos tributos a escala comunitaria, primero ha de aprobarse el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, sobre el que aún se debaten dos cuestiones candentes como son la repartición de la cuota vacante de Reino Unido y el más que posible aumento del presupuesto comunitario. Si finalmente los frugales optan por apoyar la cifra de 750.000 millones (de los cuales 500.000 millones serían transferencias directas y 250.000 millones préstamos, todo ello muy ligeramente condicionado), y teniendo en cuenta que aún está por confirmar totalmente como se repartirán dichos fondos, si dicho reparto se hace en base al peso de cada país sobre el PIB total de la UE, a España le corresponderían alrededor de 144.000 millones de euros del FDR. Este dinero debe ser invertido de manera inteligente para cubrir los costes directos derivados del Covid-19 e invertir en un nuevo diseño institucional y productivo que permita afrontar con facilidad una serie de reformas estructurales que permitan aumentar la productividad de la economía española, reducir la dependencia hacia el sector público de los agentes económicos y fortalecer la economía de cara a futuras recesiones.

No consiste únicamente en saltar el charco mojándonos lo menos posible, sino en construir entre todos unas resistentes botas de agua para afrontar futuros charcos con decisión y estabilidad.

Álvaro Martín es Investigador junior de la Fundación Civismo