Podemos: plurinacionalidad versus inmigración

CARTAGENA. A cambio de que les aprobasen los tres famosos decretos, los negociadores socialistas les prometieron la competencia en inmigración a los separatistas catalanes. ¿Para qué las quieren? En primer lugar, para dificultar que lleguen a Cataluña paisanos del resto de España. Con ánimo de ridiculizar las quejas del PP por la concesión, la ministra Montero se preguntaba irónicamente si sería considerada una inmigrante si fijase su residencia en Barcelona. Respuesta: afirmativo. Y nos quedaríamos muy cortos si solo contestásemos afirmativo. Sería el peor tipo de inmigrante: una charnega. En efecto, una de las claves del proyecto separatista es convertir a los españoles en extranjeros en Cataluña, lo que afectaría, por cierto, a más de la mitad de los catalanes. Así que, ministra Montero, usted sería una extranjera en Barcelona si los separatistas triunfasen. Ambiciosos, aspiran a expulsar de Cataluña a todos los que no se sumen a su proyecto separatista. Una cima de la política progresista.

¿Es constitucional transferir la competencia integral en inmigración? No lo parece. El artículo 149.2 de nuestra Constitución atribuye de manera exclusiva a la Administración central las competencias en emigración, inmigración, nacionalidad, asilo y extranjería. ¿Inhibirá eso nuestros audaces gobernantes? No es de prever. Hay precedentes: el hecho de que el artículo 149.3 retenga las competencias en política exterior a favor del Gobierno nacional no ha impedido que el Gobierno catalán haya creado más de cincuenta embajadas por todo el mundo. Unas embajadas dedicadas a hundir en lo posible el prestigio de la nación española por el módico precio de varias decenas de millones de euros cada año. Un éxito post155.

"Basta un truco semántico: no se trataría de transferir, sino de delegar"

¿Cómo es posible tan flagrante violación de nuestra Constitución? El artículo 150 establece la posibilidad de transferir competencias estatales a las regiones mediante la oportuna ley orgánica. Según el texto, solo se deberían transferir las competencias que "por su propia naturaleza" lo permitan, pero ese detalle se lo saltan olímpicamente los separatistas y sus aliados. Basta un truco semántico: no se trataría de transferir, sino de delegar. ¡Cómete esos michirones!

¿Alguien ha calibrado la importancia del control de la inmigración para la seguridad nacional? Sin caer en la falacia de que casi todos los inmigrantes sean delincuentes, es innegable que la mayoría de los terroristas islámicos que se esconden en España provienen de la inmigración. Estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista. Poca broma con esto.

Lo más notable de esta vaina es que las izquierdas radicales españolas, concretadas ahora en Sumar y Podemos, no se oponen a ceder a las autonomías las competencias en inmigración porque sea una medida anticonstitucional, ni porque vacíe la capacidad de la Administración central para gobernar España, sino porque dudan de cómo la aplicarían los separatistas y las derechas. La plurinacionalidad que ellos defienden es justa y santa siempre que los Gobiernos nacionales (en realidad, regionales) actúen como si fuesen del Sumar. Por eso Illa, el dirigente del PSC, no rechaza que la Generalidad catalana se haga con todo lo relativo a la inmigración, sino que pregunta para qué quiere Juntos ese poder. Lo sospechoso no es que Juntos aspire a desecar la soberanía española, sino el uso que dará a la anhelada soberanía catalana.

Hay ahí una contradicción que hasta ahora había pasado desapercibida: el proyecto plurinacional de Yolanda, Belarra, Sánchez e Illa choca con el temor de que las nuevas naciones sean gobernadas por formaciones de derechas. ¿Y para esto gané yo una guerra? Eso se preguntaban algunos franquistas decepcionados. ¿Y para esto hice yo una plurinación? Eso se preguntan ahora algunos sumaristas y podemitas decepcionados.

"se necesita un partido de neoizquierda cuyo objetivo sea la igualdad territorial de los españoles, PERO NO POR LA VÍA DEL CAFÉ PARA TODOS"

En nuestra región, la combativa podemita María Marín lo ha expresado con envidiable claridad: no queremos que nos transfieran las competencias en emigración porque podrían caer en manos de Vox. Representa la versión murciana del choque entre el ideal plurinacional podemita y el reparo a asumir según qué competencias cuando gobierna la derecha. Es lo que Iglesias llamaba cabalgar contradicciones: antes había que aceptar dinero de Irán siendo de izquierdas y ahora hay que negarse a aceptar las competencias en inmigración siendo plurinacionales.

Justo por eso hace falta un partido socialdemócrata que comprenda que el artículo 150 de la Constitución es una fuente continua de desigualdad entre los españoles. Es más, dicho partido debería aplicar ese artículo en sentido opuesto, es decir recuperando competencias autonómicas a favor de la Administración central. En suma, se necesita un partido de neoizquierda cuyo objetivo sea establecer la igualdad territorial de los españoles, pero no por la disgregadora vía del café para todos, sino por la integradora de la olla común. Frente a la izquierda tradicional, perdida en un mar de identidades y naciones, una neoizquierda que se oponga solventemente al neoliberalismo, eficaz disolvente de las naciones a favor de los grandes monopolios transnacionales. Breaking new: ya existe un embrión de ese partido. Se llama Izquierda Española y lo dirige Guillermo del Valle.