Los dos diputados de Podemos, María Marín y Rafael Esteban. Foto: PODEMOSMURCIA (F. V. / Agencias). Los dos diputados de Podemos no se han querido sumar al debate de la llamada 'ley antiokupas'. María Marín y Rafael Esteban se han ausentado este miércoles durante el primer asunto del pleno de la Asamblea Regional, que abordaba el dictamen del Proyecto de Ley por el que se establecen Medidas de Lucha contra la Ocupación de las Viviendas en la Región de Murcia. La norma, que aprobó el Consejo de Gobierno en 2020, ha quedado finalmente convertida en ley, con los votos de los grupos que sujetan al Ejecutivo regional.
Los parlamentarios morados, en cambio, no han querido participar. "Es una vergüenza que algo así llegue a la Cámara autonómica", cargaba Marín, que considera que es "una cortina de humo para tapar o intentar distraer del verdadero problema", que a su juicio es "la dificultad para acceder a una vivienda digna en condiciones razonables".
Los representantes de Podemos están convencidos de que la ley "sólo va a servir para establecer una serie de multas a personas absolutamente insolventes y no van a poder pagar esas sanciones". Creen que el Gobierno regional, "lejos de intentar solucionar los problemas de la ciudadanía", pretende "echar más leña al fuego para aumentar la conflictividad social".
Podemos entiende que el objeto de la ley debería ser las 2.239 familias que fueron desahuciadas en el año 2021 en la Región, "a las que no se ofrece ninguna alternativa habitacional, mientras permiten que grandes tenedores de vivienda y fondos buitre dejen en la calle hasta a familias con menores".
Por ese motivo, apostilló, Podemos "no va a legitimar que leyes que solamente sirven para favorecer los intereses de los especuladores inmobiliarios, de los grandes tenedores de vivienda y de los fondos buitre".
La norma, finalmente, se ha convertido en ley, con 23 votos a favor (PP, ex de Cs y Vox), 17 en contra (el PSOE) y dos abstenciones (de los dos diputados de Ciudadanos del grupo Mixto). El texto definitivo suprime, a instancias del grupo parlamentario de Vox, la sanción de 10 años sin poder acceder a un inmueble público a los condenados por esta práctica.
Esta regulación, que estaba en vigor desde octubre de 2020 y que ahora ha sido refrendada como proyecto de Ley, modifica la Ley de Vivienda de 2015 y reconoce que "buena parte" de la regulación necesaria para hacer frente a este fenómeno está en manos del Estado y queda "fuera del alcance" de las comunidades autónomas.
Según informa la Agencia Efe, los grupos que sustentan al Gobierno regional, PP y los diputados expulsados de Cs y Vox, han votado a favor de una enmienda de supresión presentada por estos últimos parlamentarios. Esta enmienda elimina la prohibición de acceder a una vivienda pública por parte de las personas condenadas mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o sancionado mediante resolución administrativa firme en los últimos diez años.
Tanto Francisco Carrera, el diputado expulsado de Vox que ha intervenido en el hemiciclo, como la parlamentaria del PSOE Consagración Martínez han recordado que esta sanción tiene dudas jurídicas y puede incentivar al ocupante a continuar con la práctica si no se le da una alternativa habitacional.
Martínez ha puesto reparos a que las empresas suministradoras de servicios básicos, como luz, agua y gas, deban asegurarse "por cualquier medio admisible" en derecho de que la persona que les solicita el servicio es el legítimo ocupante de la vivienda o persona por él interpuesta.
La parlamentaria del PSOE también ha criticado la creación de un canal de denuncias anónimas por parte de la consejería de Fomento e Infraestructuras para detectar y perseguir de la venta o cesión fraudulenta y la ocupación de viviendas, preservando la identidad de los denunciantes. En su opinión, esta herramienta no tendrá efectos prácticos porque la administración autonómica no tiene competencias y deberá derivar estas denuncias a los juzgados y a las fuerzas de seguridad.
Desde Ciudadanos, la diputada Ana Martínez Vidal ha reiterado que el canal de denuncias será "poco eficaz" y obligará a crear un "nuevo chiringuito" para tramitar las denuncias ante los órganos competentes, al tiempo que ha defendido una regulación "integral" para acabar con la ocupación.
Mientras, el portavoz del grupo parlamentario de Cs, Francisco Álvarez, expulsado de este partido, ha advertido de la devaluación que causa la ocupación en el precio de la vivienda y en el entorno, mientras que el diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco ha destacado una norma que pone a la Región a la "vanguardia" de un fenómeno "en aumento".
Después de concluir la votación, tomó la palabra el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, quien puso el acento en que la Región es la primera comunidad en tener una regulación específica con una "amplia" batería de medidas para enviar un mensaje "claro" de "tolerancia cero" a las "mafias". Entre esas iniciativas, mencionó el protocolo de detección temprana, el canal de denuncias, el manual de buenas prácticas y la mesa de defensa de lucha contra ocupación.
