Piden el cierre de todos los CIE, "cárceles encubiertas" con "presos por migrar"

MURCIA (EFE). Entidades sociales agrupadas bajo la plataforma 'CIES No' piden el cierre definitivo de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de España y parar la creación de uno nuevo en Algeciras, porque, según denuncian, se trata de "cárceles encubiertas" para personas que han sido "presas por migrar".

Así lo ha señalado en declaraciones a EFE el portavoz de 'CIES No Cádiz', Jesús Mancilla, con motivo del Día contra los Centros de Internamiento de Extranjeros, que se conmemora este sábado, una jornada para pedir la desaparición de estas instalaciones públicas de carácter no penitenciario donde se retiene de forma cautelar a personas migrantes en situación irregular que tienen abierto un expediente de expulsión hasta que este es ejecutado.

Un total de 2.085 personas ingresaron en CIE en 2023, la mayoría de ellas con indicadores de arraigo en España, según un informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) realizado con datos obtenidos de la Dirección General de la Policía y dado a conocer esta semana.

En 2023 estuvieron activos los CIE de Barcelona (527 internos), Valencia (499), Murcia (459), Algeciras(302), Las Palmas (181) y el de Madrid (53) solo la segunda quincena de diciembre, una vez finalizadas las obras de reforma. La duración media del internamiento fue de, aproximadamente, un mes, según los mismos datos.

Para 'CIES No', de la que forma parte entidades como Coordinadora de Barrios, Mundo en Movimiento o Pueblos Unidos, la privación de libertad por una infracción no penal sino administrativa, no tener permiso de residencia, causa un gran sufrimiento en las personas sin necesidad, ya que la Ley de Extranjería contempla otras medidas "menos lesivas" basadas en la localización, como la retirada de pasaporte o la comparecencia periódica ante la Policía.

El "fin intimidatorio" de los CIE

En opinión de Mancilla, las cifras sobre internamientos en CIE, recogidos en el informe del Servicio Jesuita al Migrante, demuestran que no son necesarios: "Dos de cada tres expulsiones (en 2023) se realizaron sin necesidad de meter a la persona en un centro de internamiento, lo que es una evidencia clarísima de que no es un instrumento preciso ni súper necesario para las políticas migratorias", ha señalado.

El porcentaje de personas internadas que finalmente fueron expulsadas ronda el 50 %, por lo que la mitad del total fueron privadas de libertad "para nada", ha subrayado.

Además, las cifras de internamiento, las más bajas en al menos los últimos 14 años, no sostienen, para este colectivo, que sigan abiertos estos centros y, menos aún, la próxima apertura de uno nuevo este año en Algeciras junto a la cárcel de Botafuegos con capacidad para 500 personas.

Según Mancilla, la ocupación media del CIE ya existente en la misma ciudad es de entre 20 y 25 personas -un total de 302 ingresaron en él a lo largo de 2023 con una duración media de internamiento de un mes, según el informe del SJM- por lo que para él esta política "ineficaz" tiene más bien un fin "propagandístico" e "intimidatorio".

Además de un "derroche" de dinero público en una comarca, el Campo de Gibraltar, "deprimida y abandonada por las instituciones desde siempre" y con muchas necesidades en materia de educación, sanidad o transporte, destaca Mancilla.

"Sacar a la Policía" de los centros

Este movimiento social es consciente que el fin de los CIE no será en un futuro próximo, por lo que, mientras tanto, piden que el uso de estos centros se limite a un carácter "residual".

También "sacar a la Policía" de los centros, ya que no son instalaciones de carácter penitenciario, y sustituirlos por otros funcionarios para no "criminalizar" a los internos.

Con estas reivindicaciones hay convocadas manifestaciones para este sábado en Algeciras y Murcia. Además, en un comunicado remitido este sábado, 'CIE No' rechaza el pacto europeo migratorio, aprobado el pasado abril por la Eurocámara, piden la regularización inmediata de todas las personas que se encuentran en situación irregular en España y "el fin del boicot del Gobierno al acceso a la protección internacional".